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Mientras avanza la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), el Gobierno oficializó el directorio que tendrá a su cargo la puesta en marcha de la nueva entidad, la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). En paralelo, en el Congreso comienzan a acumularse los pedidos de explicaciones al ministro de Defensa, Carlos Presti.
A través del Boletín Oficial, Javier Milei oficializó el directorio de la nueva entidad llamada Obra Social de las Fuerzas Armadas, en medio de la crisis financiera que atravesaba el organismo.
La medida se formalizó a través del Decreto 88/2026, que dispuso además la creación de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).
La nueva obra social funcionará como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa, con personería jurídica propia y capacidad para actuar tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado, en línea con lo previsto en la Ley de Administración Financiera.
El organismo tendrá alcance en todo el territorio nacional y estará sujeto a la fiscalización del Ministerio, que actuará como autoridad de aplicación y el directorio estará integrado por miembros de las Fuerzas Armadas.
La estructura contempla dos representantes propuestos por el jefe del Estado Mayor General del Ejército, uno por la Armada, otro por la Fuerza Aérea y un representante del personal civil de las Fuerzas Armadas o de la propia obra social, según establezca la reglamentación.
A propuesta de las autoridades militares, el Ministerio de Defensa designó como miembros titulares del directorio al general de brigada retirado Sergio Maldonado, al general de brigada retirado Omar Horacio Domínguez, al capitán de navío retirado Gustavo Rubén Rivas y al comodoro retirado Juan Carlos Ruiz Pringles. Como suplentes fueron nombrados el contraalmirante retirado Juan José Collins, el contraalmirante retirado Darío Gabriel Banchio, el capitán de navío retirado Miguel Ángel Alonso y el comodoro mayor Sergio Luis Busdrago.
Dentro de ese esquema, el general retirado Sergio Maldonado fue designado como presidente del directorio, mientras que Omar Horacio Domínguez ocupará la vicepresidencia.
El nuevo esquema también establece pautas para la utilización de los recursos. Tanto la OSFA como la OSFFESEG deberán destinar al menos el 80% de sus ingresos a la prestación de servicios de salud, mientras que los gastos administrativos y de funcionamiento no podrán superar el 8%. En caso de registrarse excedentes, hasta un 12% podrá ser destinado a otras prestaciones sociales.
El pedido de informe de Juliano
En paralelo con la nueva estructura de OSFA, las preguntas se acumulan en cuanto a la deuda que cancelará el Tesoro de la difunda Iosfa. En este contexto, Pablo Juliano de Provincias Unidas presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo brinde explicaciones sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026.
A través del pedido de informes, el legislador busca que el Gobierno detalle los fundamentos jurídicos, administrativos, financieros y sanitarios de la medida.
Uno de los ejes centrales del proyecto apunta a que el Ejecutivo justifique por qué recurrió a un DNU para avanzar con la reorganización del sistema de salud de las fuerzas armadas y de seguridad.
En ese sentido, el texto solicita que se expliquen cuáles fueron las circunstancias excepcionales que habrían impedido enviar un proyecto de ley al Congreso y seguir el trámite legislativo ordinario, tal como establece la Constitución.
El pedido también pone el foco en la situación financiera del IOSFA. El proyecto solicita que el Gobierno informe el monto total, cierto y exigible del pasivo del organismo al momento del dictado del decreto, que distintas estimaciones ubican en torno a los $240.000 millones.
Además, reclama detalles sobre el origen y la evolución del déficit, su composición por tipo de acreedor y las decisiones administrativas o presupuestarias que pudieron haber contribuido al deterioro patrimonial del instituto.
En esa línea, el diputado pidió que se identifique a los funcionarios que autorizaron o ejecutaron esas decisiones y que se remitan los estados contables auditados, informes actuariales y evaluaciones de sostenibilidad financiera que respaldaron el diagnóstico oficial sobre un “desequilibrio estructural persistente”.
El proyecto también solicita conocer si parte de la deuda está judicializada o podría derivar en litigios contra el Estado.
Otro de los aspectos centrales del pedido de informes es el impacto fiscal que podría tener la disolución del organismo. El legislador reclamó que el Ejecutivo explique qué organismo asumirá el pasivo acumulado del IOSFA y qué mecanismos se utilizarán para su cancelación. En particular, pide saber si la operatoria implicará asistencia del Tesoro Nacional, algo que fue confirmado por fuentes calificadas del ministerio en diálogo con El Cronista.
El proyecto también reclama precisiones sobre el proceso de liquidación del instituto. Entre otros puntos, solicita información sobre las facultades que tendrá el administrador designado para llevar adelante la disolución, los mecanismos de control que se aplicarán durante ese proceso y las medidas previstas para garantizar la trazabilidad de los bienes del organismo durante la transferencia patrimonial.
El texto también exige precisiones sobre cómo se garantizará la continuidad de las prestaciones médicas para los afiliados durante el proceso de transición. En particular, solicita conocer el plan operativo previsto para evitar interrupciones en la cobertura, especialmente en el caso de pacientes que se encuentren bajo tratamientos en curso, y qué mecanismos administrativos o judiciales tendrán los beneficiarios para realizar reclamos.
Otro capítulo del pedido de informes apunta a las denuncias sobre presuntas irregularidades en la gestión del instituto. En particular, solicita información sobre los criterios utilizados para la contratación de proveedores de medicamentos y servicios de salud, con especial foco en la empresa Suizo Argentina S.A.. El proyecto pide que el Ejecutivo detalle los mecanismos de control aplicados en esos contratos.
En ese sentido, el legislador pidió que se informe si se detectaron sobreprecios, pagos indebidos o irregularidades contractuales, y que se indique si se iniciaron auditorías o investigaciones administrativas, civiles o penales contra funcionarios o exfuncionarios vinculados a esas operaciones.
Por último, el proyecto solicita que el Gobierno informe si se prevén modificaciones en los aportes y contribuciones obligatorios que pagan los afiliados, incluidos militares en actividad, retirados y pensionados.
Esto último, también fue confirmado por fuentes del ministerio a El Cronista, el descuento aumentaría tras perder los aportes de las Fuerzas de Seguridad, todavía no han definido si el aumento será escalonado por grados o para todos igual.
