El Gobierno va a acelerar el debate parlamentario que le avecina a su proyecto para "blindar" el plan para sacar los dólares de la informalidad en la Cámara de Diputados para que se apruebe "lo antes posible", y los alfiles libertarios ya comienzan a tejer estrategias y contar números. El foco está puesto en los gobernadores que ya se adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias y que, para Balcarce 50, son votos asegurados en el Congreso.
La Cámara baja que preside el diputado Martín Menem tiene preeminencia en asuntos tributarios y penales. El que va a liderar el camino será el ya anunciado candidato de La Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, diputado que además fue el encargado de hacer el anuncio del envío del proyecto de "Principio de Inocencia Fiscal" la semana pasada en la Casa Rosada, junto al titular de la ARCA, Juan Pazo. Él, además, es el presidente de una de las comisiones que se encargará de dictaminar el proyecto en Diputados.
Aunque todavía la hoja de ruta no está confirmada, lo seguro es que pasará por la comisión de Presupuesto y Hacienda. En ella, hay 6 integrantes libertarios; 9 del PRO; 3 de la UCR y 1 radical de Liga del Interior; 2 de Encuentro Federal; 2 del MID; 1 sanjuanina de Producción y Trabajo; 1 de Innovación Federal; 1 de la Coalición Cívica; 3 de Democracia Para Siempre; y 20 de Unión por la Patria. Además, también la integra un diputado del Frente de Izquierda. En total son 49 y, por ende, se necesitan 25 firmas para conseguir el dictamen.
Dado que el proyecto hace modificaciones a la Ley Penal Tributaria es probable que también requiera del dictamen de la comisión de Legislación Penal que dirige la diputada del PRO Laura Rodríguez Machado. Allí hay 5 miembros de La Libertad Avanza; 6 del PRO; 2 de la UCR, 1 radical de Liga del Interior y otro de Democracia Para Siempre; 1 de la Coalición Cívica; 2 de Encuentro Federal; 1 de Innovación Federal; y 13 de Unión por la Patria. En total son 31 y de ellos se desprenden otras 16 firmas.
De tratarse solo en estas dos comisiones -que se reunirían en un plenario-, la cantidad de firmas en total para darle despacho son 41, aunque el número no puede completarse solo con una comisión: ambas necesitan la mitad más uno de sus miembros. Otra de las que baraja como alternativa es la comisión de Justicia que preside el libertario Manuel Quintar, pero lo cierto es que se buscará que lo traten la menor cantidad de comisiones posible para no entorpecer el procedimiento.

A priori, los integrantes no amenazan el resultado: a pesar de que la oposición cuenta con una amplia cantidad de lugares en las comisiones, los aliados no están lejos del mínimo requerido. Además, en el Gobierno no miden el grado de apoyo según el posicionamiento político, sino por el territorio.
En la Casa Rosada están convencidos de que "los gobernadores son los más interesados" en que prosperen las iniciativas para que aumente la recaudación, pese a que durante los últimos días mostraron estar dispuestos a imponer sus reclamos en el Congreso, como lo fue por el proyecto de las jubilaciones: lejos de ser solamente una "causa noble", el aumento a los haberes implicó además un artículo dedicado a las transferencias de las Cajas Previsionales.
Aunque el presidente Javier Milei tiene amenazado al Congreso con vetarles las leyes, en los despachos de Balcarce 50 no tienen previsto una negociación en este sentido. Fuentes del oficialismo descartaron de cuajo abrir una posibilidad a que los vetos sean parciales, aunque todavía prima la incertidumbre en relación a si también podría ser vetada la emergencia en discapacidad. La situación jubilatoria no la ven vinculante al proyecto de los dólares del colchón y así como creen que el veto se podrá eventualmente sostener, creen que su proyecto se aprobará.

Plan Colchón: cuántos votos juntan los gobernadores que firmaron
Hay mandatarios provinciales con fuerte peso en Diputados que todavía no adhirieron: uno de ellos es Gerardo Zamora, el santiagueño que comanda siete diputados en UP que a veces colaboran con los intereses del oficialismo y otros 3 en el Senado. Lo mismo sucede con los bonaerenses, ya que Axel Kicillof es uno de los esquivos. De todos modos, en Casa Rosada advierten que la provincia eventualmente terminará adhiriendo y que su resistencia es más bien una cuestión política.
Por lo bajo y silenciosamente también adhirió la Ciudad de Buenos Aires, pese a que el jefe de Gobierno Jorge Macri se encuentra en su peor momento con Milei y no había sido ni invitado a los encuentros informativos por zoom -la excusa fue porque su cercanía no merecía una videollamada-. Tanto CABA como PBA tuvieron después un encuentro paralelo, del que deslizaron que la Ciudad había sido más reticente que la Provincia, y terminó firmando.
En el cuenta gotas también hay diputados que inclinan la balanza; por ejemplo, los santacruceños Sergio Acevedo y José Garrido, que responden a Claudio Vidal; la formoseña de UP, María Graciela Parola, de Gildo Insfrán; la santafecina de Maximiliano Pullaro, Melina Giorgi (DPS); los tres cordobeses de Martín Llaryora (EF), Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres; los tres riojanos de Ricardo Quintela en UP, Sergio Casas e Hilda Aguirre; y los fueguinos de Gustavo Mellela. Todos ellos faltan firmar, junto a Kicillof, aunque ya se anticipa que Llaryora pronto ya va a sumarse. Lo mismo con el mendocino aliado, Alfredo Cornejo.

El resto de los diputados que responden a sus provincias, ya están adentro. Por un lado el bloque de Innovación Federal tiene otros ocho diputados clave que responden a Salta, Misiones y Río Negro: las tres adhirieron. Lo mismo con las dos de Producción y Trabajo, ya que San Juan también firmó, los tres tucumanos de Independencia y los cuatro catamarqueños de UP que responden a Jalil.
El bloque de Miguel Ángel Pichetto, Encuentro Federal, que últimamente funciona como oposición, es muy probable que vote a favor: no solamente ahí muerden los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) -que firmaron el convenio- y Llaryora, próximo a sumar; sino que además ellos habían presentado su propio proyecto para modificar el Régimen Penal Tributario y que, según difundió el diputado Oscar Agost Carreño, ya tiene de hecho dictamen de comisión desde el año pasado.
El proyecto que presentó el Gobierno sobre el Régimen Penal Tributario ya existe, tiene dictamen unificado y está listo para votarse en el recinto desde noviembre de 2024.
— Oscar Agost Carreño (@oagost) June 6, 2025
No hace falta empezar todo de nuevo: podemos aprobarlo la semana que viene.
Mientras el nuevo texto... pic.twitter.com/gd0AeMOcuT
La galaxia radical tiene sus matices: la UCR de Rodrigo De Loredo funciona de aliada -ahí es donde pesará fuerte también la eventual firma de Cornejo (Mendoza)- al igual que los de Liga del Interior (los radicales "con peluca"); la incertidumbre está en los que responden a Democracia Para Siempre, el bloque opositor. Allí están asegurados los votos de Jorge Rizzoti, el jujeño que responde a Carlos Sadir; Marcela Antola, de Frigerio; Manuel Aguirre, el correntino de Gustavo Valdés, y Juan Carlos Polini, del chaqueño Leandro Zdero. La pullarista Melina Giorgi, y los opositores Pablo Juliano, Fernando Carbajal, Ana Carla Carrizo, Mariela Coletta, Marcela Coli, Danya Tavela y Facundo Manes mantienen el signo de pregunta.
De todos modos, el Gobierno ya contaría con 134 votos solo con los votos de los gobernadores que adhirieron hasta ahora, y EF que se anticipó a favor. A ellos podría sumarse el neuquino Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino), provincia que también firmó, y queda por ver qué resuelven los santafecinos de "Futuro y Libertad", ex bloque PRO y afines a Patricia Bullrich; y los de monobloque como Roberto Mirabella, Ricardo López Murphy y Mario Barletta.



