El artículo 16 de la Constitución Nacional establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y exige idoneidad para el acceso a los cargos públicos. Pero ¿cuáles serían los estándares para cumplir con esa idoneidad que exige la ley de leyes?

En medio del debate sobre la posible aprobación del proyecto de ley de Ficha Limpia que prohíbe candidatearse a quienes tengan una condena en segunda instancia por corrupción, el diputado del PRO Gabriel Chumpitaz presentó una iniciativa para establecer la obligatoriedad de exámenes toxicológicos periódicos y aleatorios para los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, tal como sucede en el deporte.

El proyecto pretende "garantizar la integridad, idoneidad y transparencia de la función pública", entre otros puntos.

Entre las sustancias a detectar se mencionan "cocaina, marihuana, opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas, alucinógenos y drogas sintéticas" y se recalca que los procedimientos "serán realizados por laboratorios certificados, bajo estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad".

En el caso de que el test resulte positivo, se podrá solicitar una contraprueba dentro de las 48 horas y si se confirma el resultado el funcionario será suspendido preventivamente "sin goce de haberes" hasta la resolución definitiva de su situación.

"El consumo de drogas ilícitas o el abuso de sustancias psicoactivas puede afectar gravemente la toma de decisiones, el juicio y la capacidad de liderazgo de los funcionarios públicos", señala el proyecto presentado por Chumpitaz, uno de los referentes del Congreso más cercanos a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Nacional.

Precisamente, Chumpitaz es diputado por Santa Fe, una de las provincias con mayores complicaciones por el avance del narcotráfico y es por eso que sostiene que "la necesidad de controles más estrictos sobre los funcionarios públicos se vuelve más urgente".

Asimismo, enfatiza que "en un contexto donde el gobierno nacional está inmerso en la lucha contra el narcotráfico y el consumo problemático de sustancias es un desafío prioritario del Estado, resulta imprescindible que los propios representantes del pueblo sean los primeros en dar el ejemplo".

En Estados Unidos, por ejemplo, está establecido que los empleados del gobierno federal y de ciertas agencias deben someterse a pruebas de detección de drogas, mientras que en Francia se permite la realización de test en ciertas categorías de empleados públicos, en especial aquellos que desempeñan funciones críticas.

El antecedente del "nariguetazo" en el Congreso

En 1995, el diputado del PJ Lorenzo Pepe y el ex secretario de Lucha contra el Narcotráfico Alberto Lestelle admitieron que se montó un operativo en el Congreso Nacional para determinar si se comercializaba cocaína.

La movida se produjo luego de que Lestelle denunciara que "muchos diputados se dan un nariguetazo de cocaína en el Congreso", lo que le costó el cargo. Meses más tarde, la investigación se direccionó hacia empleados del Congreso pero que no eran legisladores.