El dirigente del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y exlegislador porteño, Gabriel Solano, cuestionó con dureza la política laboral del Gobierno, defendió la práctica de donar la mayor parte de su salario como legislador y planteó una visión confrontativa sobre el rol del empresariado, durante su participación en Nada Personal: el debate de la semana, el ciclo que se emite por El Cronista Stream.
El programa, conducido por Mariana Brey, contó con un panel integrado por Julián Yosovitch, Mariano Gorodisch y Agustín D’Attellis, en un intercambio atravesado por debates económicos, laborales y políticos.
Consultado sobre su situación tras dejar la Legislatura porteña, Solano explicó que combina el acompañamiento a a los actuales legisladores del Frente de Izquierda con actividades vinculadas al periodismo político y económico. “Me voy a dedicar a lo que me gusta, hacer periodismo político y económico”, afirmó, aunque aclaró que su agenda militante continuó activa: “Hoy estuve todo el día en la puerta de FATE”.
En ese contexto, el exlegislador defendió la decisión de donar el 75% de su salario mientras ocupó una banca. “En la Legislatura de la Ciudad los salarios son muy altos. Yo nunca cobraba el salario nominal”, sostuvo. Según detalló, vivió con el 25% restante, en línea con un compromiso asumido por su fuerza política. “Siempre dijimos que un diputado debía ganar como un docente”, remarcó, y agregó que esa práctica es común a todos los representantes del Frente de Izquierda.
Solano rechazó la idea de que el cargo legislativo implicara un esfuerzo acorde a la remuneración. “No es un privilegio ser diputado, pero comparado con lo que labura una enfermera o un trabajador de un hospital, no tengas la menor duda”, señaló. En ese sentido, afirmó que durante el último año hubo “siete sesiones en todo el año” en la Legislatura porteña y consideró que el sistema de ingresos y gastos asociados al cargo configura “un privilegio absoluto”.
El dirigente del Partido Obrero también marcó diferencias con el presidente Javier Milei, a quien compararon con la práctica de donar el salario. “No es lo mismo”, respondió, y cuestionó la falta de claridad sobre los ingresos del mandatario antes de asumir. “Si cobraba lo que decía que cobraba y no estaba en sus declaraciones juradas, es un evasor”, afirmó, y sostuvo que era relevante conocer quiénes financiaron esas actividades privadas por eventuales conflictos de interés.
La discusión se desplazó luego al conflicto en la empresa FATE, donde Solano relató que participó de una protesta por el cierre de la planta. “Entre el derecho de los mil laburantes de FATE a trabajar y el derecho del dueño a cerrar, yo defiendo el derecho de los mil a trabajar”, sostuvo. “Le niego el derecho a Madanes de cerrar su fábrica, porque prevalece ese otro derecho”, afirmó.
En ese marco, vinculó el cierre con el debate sobre la reforma laboral. Según su análisis, la decisión empresarial puso en cuestión las promesas oficiales. “Si pensase que la reforma laboral le va a servir, no cierra la fábrica”, argumentó. A su vez, cuestionó la idea de que una baja de costos derive automáticamente en mayor consumo. “El consumidor tiene que trabajar para tener plata. Si lo echamos de su trabajo, no va a poder consumir nada”, advirtió.
Solano aseguró que la economía atraviesa un proceso de deterioro que se refleja en el empleo y en la recaudación. “Tenés una caída de la recaudación impositiva porque hay un derrumbe del consumo”, afirmó, y sostuvo que la reforma laboral “no va a servir para resolver ninguno de los problemas reales”, sino que “le va a dar beneficios a un grupo de empresarios”.
El exlegislador también polemizó con la noción de “industria del juicio” y rechazó que los litigios laborales explicaran la crisis de las pymes. “Si se cumpliera la ley, no habría juicios”, planteó. A su vez, señaló que el volumen de demandas fue bajo en relación con la cantidad de trabajadores no registrados. “Tenés millones de personas a las que no se les cumple la ley y, sin embargo, los juicios son mínimos”, afirmó.
Finalmente, defendió el derecho de los trabajadores a reclamar compensaciones cuando existió empleo informal. “Si una empresa quiebra por una indemnización baja, no es culpa del laburante”, concluyó, en uno de los cruces más tensos de un debate que continuó con fuertes contrapuntos económicos.