El Senado comenzó esta mañana a tratar el proyecto de Presupuesto que llega con media sanción -y con algunos traspiés- de Diputados y ahora afronta el paso definitorio para llegar al recinto en medio de una compleja arquitectura para conseguir su aprobación y las dudas sobre el futuro del Capítulo 11.
Durante la jornada se presentaron funcionarios del área económica nacional para responder preguntas y para dar lugar al debate entre los legisladores.
Pasado el mediodía, el presidente de la Comisión, Ezequiel Atauche anunció que se habían conseguido las 11 rúbricas que le permiten al oficialismo llevar al recinto la mal llamada “ley de leyes”. A partir de ahora, se debe cumplir el plazo legal que fija el reglamento para debatir y votar en el pleno salvo que se consigan dos tercios para un tratamiento sobre tablas.
“Se trata del mismo dictamen que vino de la Cámara de Diputados”, dijo el legislador libertario, abriendo una incógnita sobre qué pasará con los artículos rechazados por la Cámara alta y que el Gobierno nacional pretendía reinstalar.
Es que si bien en Diputados se consiguió la media sanción del proyecto, todo se complicó para la bancada libertaria por la inclusión de artículos como los que derogaban la emergencia en discapacidad y el presupuesto universitario.
De esta forma, se perdió el capítulo 11 en su conjunto por el rechazo de 123 diputados contra el voto positivo de 117. Los cambios podrían negociarse en la semana por delante para introducirlos en el debate en el recinto el próximo viernes, cuando planea sesionar LLA.
En el Senado, el oficialismo había conseguido abroquelar 44 firmas que le permitieron diseñar cómodas comisiones para el tratamiento de las iniciativas, pero el revés recibido, que incluyó el voto negativo de diputados que responden a gobernadores dialoguistas, hizo replantear la estrategia en la Cámara Alta.
Aquel encuentro de 44 voluntades que parecía tan sólido a mitad de semana se conmovió y, según fuentes parlamentarias, algunos legisladores se mostraron abiertos a plantear disidencias a la conducción esgrimida por Patricia Bullrich.
Por eso ayer se realizó una reunión de urgencia de la mesa política del Gobierno en Casa Rosada en la que se definió dilatar el tratamiento de la ley de glaciares y de la reforma laboral a febrero, en buena medida por el temor de que el debate en el recinto termine por arruinar el esfuerzo.
Dentro de La Libertad Avanza existían actores -entre ellos la presidencia de Diputados que ostenta Martín Menem- que desde el comienzo habían considerado que la reforma laboral era un tema demasiado importante como para superponerlo con el presupuesto. Esa postura ganó adeptos y todo se precipitó.
Con ese panorama, todos los esfuerzos estaban puestos en conseguir un rápido dictamen de las leyes de Presupuesto y de Inocencia Fiscal, siendo la segunda de estas una iniciativa que dormitó varios meses en los despachos legislativos y ahora vuelve para asegurar la salida a la calle de los “dólares del colchón”.
Al iniciarse la reunión de hoy, el senador Ezequiel Atauche había recordado que “este presupuesto es esencial para el funcionamiento de la República, para el sostenimiento del programa económico y para este avance y crecimiento que tiene Argentina” y destacó las premisas fiscales que sostiene Javier Milei.
Por su parte, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, fue el primer orador invitado y señaló el “punto de partida” de la administración libertaria: “Había una acumulación de déficit fiscal por más de 10 años, llegando al 2023 a un déficit del 4.6 % del PBI y sin capacidad de financiamiento a los mercados”.
“Lo que había que hacer era avanzar en eliminar gastos que no tenía que hacer el Estado, focalizar gastos en algunos sectores donde había exceso y reducirlos e incrementar en los sectores donde creíamos que había que incrementarlos”, dijo con foco especial en la inversión en términos sociales.
“Este año estamos planteando un proyecto de presupuesto que, en 2026, se mantenga en línea con lo que estamos haciendo estos últimos dos años, es decir, con un superávit financiero de alrededor de un 0.3% del PBI”, añadió.
