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El Senado aprobó este jueves el proyecto denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que, tras el visto bueno inicial de Diputados, ahora se convertirá en ley.

La iniciativa se aprobó por 59 votos afirmativos, 3 votos negativos y 1 abstención, y tiene vigencia retroactiva desde fines del 31 de diciembre de 2025.

La normativa da carácter permanente a los principales beneficios de la emergencia nacional en discapacidad (Ley 27.793), que vence el 31 de diciembre de 2026.

Así, la ley replica prácticamente todo el esquema de beneficios establecido en la ley inicial, que había sido rechazada el año pasado por el Gobierno Nacional.

A un año del rechazo del Ejecutivo a la ley de emergencia en Discapacidad, el oficialismo accedió a mantener los beneficios que había vetado el año pasado, especialmente tras el respaldo del papa León XIV a los reclamos de los colectivos de discapacidad.

Durante el debate, la presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dijo que esta ley “es un acuerdo social y un acuerdo político” y que las prestaciones “son más adecuadas que las que se habían votado en las emergencias y en los parches”.

En este sentido, reconoció las situaciones difíciles atravesadas durante estos dos años, “las falencias de auditorías y la incertidumbre generada por las sucesivas prórrogas”, y remarcó que la nueva ley “reconoce esa realidad y establece un marco de mayor certeza”.

“Estamos planteando salir de una emergencia, para generar transparencia, previsibilidad y estabilidad para las familias que estuvieron en una situación de disputa” agregó.

Ley de Discapacidad: qué cambia para las pensiones y prestaciones con la aprobación definitiva

El proyecto, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, replica prácticamente todo el esquema de beneficios establecido en la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad. 

De esta manera, busca convertir sus disposiciones en una norma permanente y de orden público, con efectos que trascienden a los gobiernos de turno.

Como respuesta a esto, el proyecto modifica el artículo 9 de la Ley 13.478 y autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar la pensión no contributiva por discapacidad a personas de 70 años o más, a quienes estén imposibilitados para trabajar y a personas con discapacidad sin cobertura previsional.

Discapacidad visual.
Discapacidad visual.Unsplash,

Para la pensión por discapacidad, los requisitos son:

  • Acreditar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y presentar el DNI.
  • Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. Los extranjeros deberán acreditar cinco años de residencia legal, mínima y continuada, previos a la solicitud.
  • No percibir ingresos netos iguales o superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles, medidos de forma individual y no por grupo familiar.
  • No cobrar otra jubilación, retiro, pensión (contributiva o no) ni la AUH con discapacidad o la asignación familiar correspondiente.
  • Aprobar una evaluación socioeconómica, según lo que establezca la reglamentación.

Además, quien sea propietario de una vivienda deberá acreditar que es su única vivienda familiar. Las pensiones por invalidez laboral seguirán regidas por sus propias normas.

También mantiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como herramienta central para acceder a la prestación y garantiza la cobertura médica para los titulares de las pensiones a través de Incluir Salud o del programa que lo reemplace.

Pensión por Discapacidad: cuánto se cobra y cómo se actualiza

La iniciativa conserva las pensiones no contributivas equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y ratifica la compatibilidad de ese beneficio con el empleo registrado y el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos.

De este modo, el proyecto aprobado mantiene el monto actual: 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado, tanto para la pensión por discapacidad como para la de invalidez laboral, con actualización según el SIPA.

Qué cambiará para las pensiones y prestaciones si logra su aprobación definitiva
Qué cambiará para las pensiones y prestaciones si logra su aprobación definitiva

Además, los aranceles de las prestaciones se actualizarían de forma automática y periódica, tomando como referencia el índice de movilidad jubilatoria, y continuaría el nomenclador único para los servicios del sector.

Pensión y trabajo formal: ya no serán excluyentes

Uno de los cambios centrales es que los titulares podrán tener un empleo registrado o inscribirse en el monotributo sin perder automáticamente el beneficio, mientras sus ingresos no lleguen a los dos salarios mínimos. Si los superan, la pensión se suspende mientras dure esa situación.

Cuando termine la relación laboral, cualquiera sea la causa, o los ingresos vuelvan a quedar por debajo del tope, el titular podrá pedir la rehabilitación, que rige desde la fecha de la solicitud.

Auditorías con garantías

Por otra parte, la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, hará auditorías periódicas para verificar que los beneficiarios sigan cumpliendo los requisitos. Podrá cruzar datos con ANSES, la Secretaría de Trabajo, ARCA, el SINTyS y el ReNaPer.

Si el cruce detecta un incumplimiento, deberá notificar a la persona, informar los motivos y darle un plazo para presentar su descargo. Vencido ese plazo, se podrá suspender la prestación de manera preventiva.

Los cambios que introduce el proyecto de ley de discapacidad.
Los cambios que introduce el proyecto de ley de discapacidad.

Salud, financiamiento y deudas con prestadores

Los titulares de pensiones por invalidez laboral y por discapacidad tendrán acceso a un programa de cobertura médica con las prestaciones básicas de la Ley 24.901.

En materia de fondos, el gasto se cubriría inicialmente con partidas del Ministerio de Salud y, si no alcanzan, con compensaciones de la Jurisdicción 91 (Obligaciones a Cargo del Tesoro). El presupuesto del área no podrá ser inferior, en términos reales, al del año anterior.

Finalmente, a pedido de los bloques aliados, se incorporó un mecanismo para regularizar las compensaciones pendientes a los prestadores.