El Gobierno avanza con las privatizaciones y se esperan novedades sobre al menos tres de ellas en los próximos días.
Sin embargo, hay una que representa un desafío desde aspectos técnicos. Se trata de Nucleoeléctrica, la empresa encargada de gestionar las tres centrales nucleares: Atucha I y II, y Embalse.
Desde el Gobierno se toman esta venta con calma y esperan que haya novedades para fin de año. Un elemento fundamental para este proceso es su tasación, para la que involucraron al Tribunal de Tasaciones de la Nación para determinar el valor de la compañía y al cual se ofrecerá el 44% de la empresa que saldrá a la venta.
La expectativa oficial es que el 44% que se ofrecerá sea vendida a un solo socio y no, como se esperaba, que salga a ofrecerse a la bolsa mediante la venta de acciones. También se descartó una Oferta Pública Inicial (IPO por sus siglas en inglés) en Wall Street, ya que evaluaron que el costo del mismo sería excesivo.
A la espera está aún la valuación de la misma. Conocedores del procedimiento reconocen la complejidad de tasar una compañía de ese tamaño y carácter, en un sector que en el mundo está altamente regulado por los estados y se inserta en la batalla geopolítica, en la que Estados Unidos y China lideran la tenencia y construcción de reactores nucleares.
“En caso de imposibilidad de llevar a cabo dicha tasación, se autoriza a efectuar las contrataciones respectivas con organismos internacionales o entidades o personas privadas nacionales o extranjeras, las que en ningún caso podrán participar en el procedimiento de selección”, lee el decreto de noviembre de 2025 que ordena el proceso de venta.
El proceso inicialmente tenía un año, pero se plantearon demoras.
La demora en el proceso estuvo marcada por varios inconvenientes. En primer lugar, la salida del ex asesor presidencial y ex presidente de Nucleoeléctrica SA (NASA), Demian Reidel, tras acusaciones de sobreprecios en contratos de limpieza y de desmanejo de la gerencia de la compañía en los mismos. El funcionario también había sido acusado de pagar una deuda con fondos espurios, cosa que desmintió automáticamente. Poco después de que trascendiera esa información, Reidel dejó la empresa.
Otro factor que consideran conocedores de la empresa que se sumó a las demoras en el proceso fue la extensión de vida de Atucha I, que se encuentra en mantenimiento y, en consecuencia, fuera de operación, desde 2024. Estaba previsto que volviera a operar en marzo de 2027, pero los titulares del área aseguran que al menos hay una demora de 5 meses en el proceso. Según había informado EconoJournal, las demoras respondieron a los cambios en las contrataciones de proveedores e insumos durante la presidencia de Reidel.
Respecto del valor de la empresa, se espera el monto oficial que se desprenda de la revisión del Tribunal, pero fuentes de la empresa advierten por la circulación de un valor que consideran innegociable y que rondaría los mil millones de dólares para el 44% de toda la empresa que gestiona las tres centrales y que se ofrecerá a los privados. Solo como comparación, sostienen que en las últimas discusiones sobre la privatización de las centrales, cuando se analizaba la venta de las dos Atucha, sin la central Embalse por estar en mantenimiento, el monto que circulaba rondaba los u$s 6000 millones.
Fuga de cerebros
En paralelo, desde el sindicato advierten una fuerte pérdida del personal, que es altamente capacitado. Muchos de ellos, dejaron la empresa por voluntad ante la pérdida de ingresos (situación que atraviesa también la Comisión de Energía Atómica).
Cristian Riente, secretario adjunto del sindicato Luz y Fuerza Zárate, explicó que los salarios de los trabajadores del complejo nuclear perdieron cerca del 160% respecto de la inflación desde la asunción de la presidencia de Javier Milei, que acumula un 280%. Por estas circunstancias, advierten que cerca de 400 personas se fueron por retiro.
Desde el sindicato rechazan la constitución de una comisión para discutir el precio de venta, porque se oponen a la privatización de la compañía. En el proceso de privatización se contempla preservar el 5% de las acciones de la compañía en manos de los trabajadores.
