Luego de la última embestida del Congreso con la sanción de leyes con impacto en las cuentas del Estado, el Gobierno prepara el envío del proyecto que anunció el presidente Javier Milei en cadena nacional con el objetivo "amurallar" el equilibrio fiscal para los próximos días, según confirmaron fuentes de Presidencia a El Cronista. Sin embargo, las probabilidades de que se trate antes del recambio legislativo son pocas y todo apunta a que volverá a dormir en el trámite parlamentario, como sucedió con el "Plan Colchón".

"Este proyecto establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit. Todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte en la misma proporción", explicó el primer mandatario en aquel anuncio a principios de agosto.

Según le confirmaron diversas fuentes a este medio, la secretaría que dirige María Ibarzabal Murphy ya lo tiene listo. "Está en Legal y Técnica por salir", aseguraron desde la Casa Rosada este viernes. En el interín también se prevé que la regla fiscal esté contemplada en el marco del Presupuesto 2026, el cual deberá ser presentado el 15 de septiembre.

El Gobierno viene de atravesar una serie de derrotas legislativas que motivaron la necesidad de buscar un blindaje legal concreto que frene las iniciativas de la oposición. Luego de que Diputados rechace el veto a la emergencia en discapacidad y el Senado le otorgue sanción al aumento del presupuesto universitario y la emergencia en pediatría, ese mensaje será ratificado con este proyecto.

"No creo que pase de la semana que viene", precisaron las fuentes a El Cronista, aunque todavía no es seguro que vaya de la mano con un anuncio en sí como la cadena nacional o una conferencia del portavoz presidencial, Manuel Adorni. Este viernes se había planeado una, pero finalmente fue cancelada.

Aumento en discapacidad y judicialización

Aunque el Gobierno pudo blindar el veto al aumento de las jubilaciones, que era el que más costo implicaba, Diputados insistió sobre la ley que declara la emergencia en discapacidad, actualiza las prestaciones y aumenta la cantidad de Pensiones No Contributivas. Este representa un costo entre el0,26% y el 0,46% del PBI, según los cálculos de la OPC.

La insistencia todavía no había sido comunicada al Senado al momento de publicar este artículo pero desde la oposición ya anticipaban que buscarán llevar el veto al recinto la próxima semana o a más tardar la siguiente (la primera de septiembre). En el medio, desde el Ministerio de Salud preparan un aumento en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.

Según le precisaron fuentes del Gobierno, en realidad el aumento estaba siendo definido hace semanas. Adorni prometió tomarlo en "consideración" minutos antes de que comience la sesión en Diputados, lo cual fue tomado como una "provocación", pero en realidad -tal como adelantó El Cronista- se trata de una medida que ya trabajaban hace meses. Algunos libertarios lamentaron que no haya sido comunicada a tiempo para blindar el veto.

Fuentes de la cartera de Salud deslizaron ante El Cronista que la idea será que el anuncio en concreto trascienda antes de que el Senado trate el veto, y prima cierta esperanza de poder convencer a los senadores con los que mantienen diálogo. "Esperamos que eso sumado a la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) puede dar vuelta a algunos", consideraron.

"Ya es demasiado tarde. El misil está en el aire, si les tengo que dar un consejo es: correte", contempló en diálogo con El Cronista un senador cercano al Presidente que de todos modos votará a favor de la insistencia en discapacidad.

Frenar la insistencia asoma inevitable e impostergable, y ante ese escenario el Gobierno insiste con ir a la Justicia para denunciar que el proyecto no establece una fuente de financiamiento, como exige la Ley de Administración Financiera (24.156).

"Si no hay fondos, no se va a respetar la ley", es la consigna que repiten a rajatabla en la Casa Rosada. De quedar promulgada, se expondrán a que los ciudadanos vayan a la Justicia por incumplimiento y eso puede abrir una investigación al ministro Mario Lugones.

El hombre del asesor Santiago Caputo ya se encontró en el ojo de la tormenta por el fentanilo contaminado y, además, ahora intervino la Agencia Nacional de Discapacidad mediante la designación de Alejandro Alberto Vilches luego del escándalo de Diego Spagnuolo, el extitular del organismo. Será un tema sensible para llevar a los tribunales.

El costo fiscal de los proyectos aprobados

El Senado también sancionó esta semana la ley de emergencia en salud pediátrica, que apunta a aumentar los salarios de los hospitales nacionales en respuesta al reclamo del Hospital Garrahan. Según la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto fiscal anualizado es de $133.433 millones.

Por otro lado, también convirtió en ley el Financiamiento Universitario que, aunque todavía no tiene un informe de la OPC, el año pasado calculó sobre un proyecto similar que el costo implicaba un 0,14% del PBI. El senador Fernando Salino lo subió a 0,16%, según su exposición en la Cámara alta.

Por otro último, Diputados también le otorgó sanción al proyecto que modifica el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) vía coparticipación, que suma un impacto de entre el 0,3% y el 0,5%.

Desde Balcarce 50 aseguran que seguramente la propuesta sea contemplada en el marco de la Ley de Presupuesto, ya que ellos presentaron una contrapropuesta para que el reparto se de cuando termine el año fiscal y hubo varios gobernadores a favor de esa alternativa.

Todo terminará en veto presidencial.