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Mientras que en la Casa Rosada se entusiasman con recuperar la agenda tras la cadena nacional por Malvinas, en el Congreso el oficialismo salió a afrontar hoy una jornada donde evitó confrontar con dos de los temas más incómodos para el Gobierno: la morosidad y la emergencia en Discapacidad, y prestó sus votos en la Cámara de Diputados para por unanimidad fijar el cronograma de tratamiento.
“Nos pusimos de novios”, bromearon desde la oposición en los pasillos, luego de haber acordado la hoja de ruta con La Libertad Avanza. La sesión comenzó rápidamente pasadas las 12, tal como había pedido la oposición. El oficialismo bajó al recinto a dar quórum, pero los diputados no se sentaron para registrarse en las bancas hasta que la oposición consiguió el número por su cuenta. Antes, en la reunión de labor parlamentaria habían acordado un esquema de emplazamientos en conjunto. “Salieron a hacer control de daños”, definieron desde los bloques opositores.
El consenso llegó luego de que La Libertad Avanza fracasó en su intento de bajar la sesión. La primera maniobra fue fijar un cronograma de las comisiones de Finanzas, dirigida por Santiago Pauli, y la de Discapacidad, de Gerardo Heusen, para desactivar la sesión convocada para este 9 de septiembre, que tiene el objetivo justamente de votar una hoja de ruta para el dictamen.
El oficialismo había fijado la fecha el 30 para morosidad y el 23 para discapacidad, pero la oposición se quejó de que si el pleno no votaba el cronograma era susceptible a la mera voluntad de los libertarios. Además, reprocharon que solo habían convocado a las comisiones de cabecera y no a todas las que tenían giro los proyectos.
La pulseada, al fin y al cabo, era meramente política, ya que la sesión solo votará emplazamientos de comisiones. Todavía no hay un proyecto unificado de la oposición para aprobar, es poco probable que den los tiempos para una sanción y, en cualquier caso, el presidente Javier Milei tiene el tercio en la Cámara baja para blindar un eventual veto.
El oficialismo puso otras alternativas sobre la mesa: por un lado, confirmado por la senadora Patricia Bullrich, llevar adelante una resolución del Banco Central para modificar la ley de Protección al Usuario de Servicios Financieros y transparentar el Costo Financiero Total de quienes tomen crédito.
Para Discapacidad, El Cronista supo que desde el oficialismo dejaron trascender la posibilidad de que se presente un nuevo proyecto para modificar la Ley de Discapacidad como alternativa.
El ministro de Salud, Mario Lugones, había incentivado su propia modificación meses atrás, pero no tuvo buena recepción de los aliados y jamás se trató. Durante la jornada del martes, funcionarios de su equipo asistieron al Congreso. Uno de ellos fue el jefe de Gabinete del ministerio, Roberto Olivieri Pinto.
El jefe de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, convocó este martes a las 17.30 una reunión con los aliados para poner sobre la mesa las distintas opciones. “Fueron a dar la caes”, definieron en el Gobierno. Los aliados no salieron conformes porque no hubo un expediente presentado. Luego del encuentro con aliados, el bloque de LLA se reunió con el presidente de la Cámara, Martín Menem.
Sin chances de que hacer caer la sesión, en el oficialismo se planteaba dar quórum y aprovechar para esquivar un debate a fondo de los proyectos y en cambio dar un debate reglamentario sobre que no había necesidad de llevar adelante un emplazamiento con las comisiones ya convocadas. Por caso, una promesa que le llegaron a los aliados es que la cuestión de Discapacidad no sea un proyecto en sí, sino que se incorpore dentro del Presupuesto 2027 que se presentará la próxima semana.
Finalmente, el acuerdo que lograron los opositores con Martín Menem para el cronograma de comisiones fue que para morosidad también se sume la comisión de Defensa al Consumidor y el dictamen, en vez de ser el 30, será un día antes. Para Discapacidad, sumaron a Presupuesto y Hacienda, pero mantuvieron la misma fecha de dictamen que ya convocó el oficialismo.
“Es un día histórico porque puede haber unanimidad”, adelantó el convocante de la sesión, el diputado radical Pablo Juliano, de Provincias Unidas, a la salida de la reunión de labor parlamentaria antes de que empiece a sonar la chicharra.
Efectivamente, la primera votación fue el emplazamiento por la Emergencia en Discapacidad, y fue aprobado por todo el pleno, excepto por algunas ausencias aisladas. Por otra parte, en el caso del emplazamiento para los más de 40 proyectos para morosidad, la votación también fue de amplio consenso: con 249 votos afirmativos. Hubo un único negativo: José Garrido, de Santa Cruz.
El oficialismo discutió este escenario durante la reunión de Mesa Política durante la tarde. En la Casa Rosada temían sobre los gobernadores aliados que se iban a prestar a dar quórum pese a la agenda de comisiones ya pactada, entre ellos Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Ignacio Torres, los radicales Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir, y Hugo Passalacqua, e incluso Ignacio Torres y Rolando Figueroa.
Durante la jornada un informe de Politikon Chaco reveló además que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se reactivaron durante el mes de septiembre. Los giros discrecionales del Poder Ejecutivo se distribuyeron en un total de $12.000 millones entre tres provincias: Jujuy y La Pampa, que percibieron $3.500 millones cada una, y Misiones, que recibió $5.000 millones.
Fue la primera distribución de ATN desde julio, ya que en agosto no se registraron envíos, y para La Pampa se trató del primer aporte de este tipo en lo que va de la gestión de Milei.
Pero el número que sostuvo las expectativas pese a todos los intentos fue el que consiguió la oposición en la sesión del 26 de agosto, cuando Unión por la Patria y Provincias Unidas mocionaron dos apartamientos de reglamento para tratar en el recinto los proyectos. Esos pedidos necesitaban tres cuartos de los votos —189 sobre un total de 257— para prosperar, un umbral que no alcanzaron frente a un bloque libertario de 95 diputados, pero obtuvieron 133 apoyos contra 107 rechazos y 11 abstenciones.
Los 133 votos positivos los aportaron los diputados de “Argentina Federal”, el flamante bloque que integran diputados de Misiones y Salta -que debutó votando en contra del Gobierno-, Elijo Catamarca, el MID e Independencia, de Tucumán. Ese número dejó, además, un margen adicional: entre los ausentes de esa sesión hubo cuatro legisladores que iban a jugar a su favor en una nueva votación —Juan Fernando Brugge, de Provincias Unidas; Carlos Daniel Castagneto, de Unión por la Patria; Natalia De la Sota, de Defendamos Córdoba, y Marcela Pagano, de Coherencia—, lo que eleva el piso proyectado a 138.
Ante este escenario, el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezaron los contactos con gobernadores cuyos legisladores podrían resultar decisivos para desarmar el quórum opositor.
Los proyectos en danza
Sobre morosidad, la oposición reúne cerca de cincuenta proyectos que, con matices en el nivel de intervención estatal que proponen, en general incluyen programas de refinanciación de deudas, topes para las cuotas en base al nivel de ingresos del deudor y mecanismos especiales de mediación. De aprobarse el emplazamiento, el tratamiento recaería principalmente sobre la Comisión de Finanzas, aunque en la oposición reconocen que la dispersión de giros entre distintas comisiones vuelve más compleja la tarea de ordenar un dictamen único.
Sobre discapacidad, el proyecto con mayor consenso opositor es el que impulsa el diputado de Unión por la Patria Juan Marino, que propone prorrogar por un año más la emergencia vigente desde hace casi doce meses y cuyo vencimiento está previsto para fin de año.
A diferencia de la discusión por morosidad, el debate sobre discapacidad ya tiene una historia previa en el recinto, por lo que la oposición buscará emplazar directamente a las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, y Presupuesto y Hacienda.
La iniciativa de Lugones, enviada al Senado en abril bajo el título “Contra el fraude de pensiones por invalidez”, buscaba modificar los ejes centrales de la Ley de Emergencia Nacional sancionada e insistida por el Congreso el año pasado. El proyecto mantenía el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio, pero eliminaba la posibilidad de que el Poder Ejecutivo otorgara aumentos adicionales por invalidez laboral o por zona geográfica desfavorable, y reemplazaba el criterio de “protección social” basado en el Certificado Único de Discapacidad (CUD) por un esquema anterior centrado en un subsidio por invalidez laboral.
Otro de los ejes del proyecto era la eliminación del nomenclador, el listado único y universal de aranceles que fija los valores de las prestaciones para todo el país. En su reemplazo, la iniciativa habilitaba a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga a fijar directamente los precios de terapias, acompañantes terapéuticos y centros de día, en lugar de un fondo compensador administrado por la Superintendencia de Servicios de Salud.
El proyecto contemplaba, además, un reempadronamiento obligatorio de los beneficiarios en un plazo máximo de noventa días y restringía el acceso a la pensión a quienes tuvieran una invalidez laboral total, lo que la volvía incompatible con el desempeño de un trabajo formal.
La iniciativa generó rechazo entre organizaciones vinculadas a la discapacidad y tensionó la relación del Gobierno con sus propios aliados en el Senado, que se enteraron de varios de sus alcances después de que el proyecto ya había sido presentado.
