A través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el Gobierno de Javier Milei publicó una nueva resolución para dar de baja a 56 prepagas que no presentaban documentaciones ni credenciales que acreditaran su funcionamiento como empresas sanitarias.

Se trata de una nueva medida que lleva a cabo el organismo sanitario dentro de su programa de reordenamiento del sistema de Salud. El superintendente Gabriel Oriolo, ordenó a publicar el aviso este lunes en el Boletín Oficial. El listado prevé aumentarse para las próximas semanas.

Y es que la SSS comenzó meses atrás diversas auditorías en todas las empresas de medicina prepagas que están en los registros oficiales del ente, que antes de todas estas requisas era 661 en total. Dos semanas atrás se publicó una resolución en la que se habían dado 58 prepagas.

Una por una, las prepagas que fueron dadas de baja

A las entidades se las acusa de haber incumplido con la presentación de papeles obligatorios y figuraban como entidades inscriptas provisoriamente en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) pese a no brindar servicios.

"Son prepagas 'fantasmas' ya que, luego de inscribirse como tal, jamás presentaron un papel en el organismo fiscalizador. Ni padrones, ni planes, ni estados contables, ni cartillas. Absolutamente nada", afirmaron altas fuentes de la SSS.

Tal es la inexistencia de esos servicios que ni estas 56 empresas dadas de baja ni las otras 58 tenían un solo afiliado a cargo. "Estaban inscriptas, pero no funcionaban", reiteran. De esta manera quedan en pie 547 compañías bajo regulación de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Aun así, de este número total, son tan solas unas pocas las que cubren la mayor cantidad de afiliados: las 10 prepagas (como OSDE, Swiss Medical, Galeno, Medicus, Omint, entre otros) cubren a más del 85% de los usuarios que tienen ese tipo de servicio de salud. Las demás cubren a casos muy específicos o de provincias donde algunas de las compañías más grandes no tienen una cobertura eficiente.

Entre las prepagas que fueron dadas de baja en esta última semana estaban algunas como IE Emergencias Chivilcoy SA, Servicio de Urgencias Médicas Ushuaia SRL, Asociación Mutual Versailles, Asociación Mutual Veteranos Argentinos, entre otros.

Aunque afirman que no se presentaron constancias de ningún afiliado, si se presentara la excepcionalidad de que sí, en los próximos 15 días que tienen acreditan beneficiarios se separa, analizándose el caso de manera particular.

Según corroboran fuentes gubernamentales, estas no estaban insumiendo un impacto fiscal mayor que el de ocupar el listado de inscripciones provisorias. Aun así, alegan que esto implica una eficientización de las acciones del organismo.

"Esta decisión tiene como objetivo que el beneficiario acceda a un mercado más transparente, ordenado, donde las entidades que figuran inscriptas existan, compitan entre sí y brinden prestaciones de calidad", explicaban voceros oficiales.

Las nuevas acciones que se vienen

Las auditorías corresponden a acciones que continuarán haciéndose. Y es que hay una tercera tanda en análisis con la que se avanzará después de estas 56. Se calcula que son más de 60 y que, en algunos casos, sí podrían presentar algún tipo de operatividad e inscripción de afiliados.

"Estas primeras tandas de prepagas son de empresas que no habían mandado un solo papel en los últimos años. Estas nuevas etapas que vienen son de entidades que sí tuvieron algún tipo de presentación, pero de las que se evidencian grandes irregularidades", afirmaron desde la SSS.

"En estos 9 meses de gestión, la SSSalud recuperó su rol fiscalizador y comenzó a exigirles a las empresas la documentación obligatoria que debían presentar y no lo hacían. Así detectó que decenas figuraban inscriptas como Prepagas, pero que en la práctica no lo eran ya que jamás habían presentado ningún tipo de documentación ante el organismo", comunicó ayer la entidad al darse a conocer las nuevas bajas.

En la Superintendencia afirman que están haciendo una depuración del sistema de salud para eficientizar los controles, evitando mayores gastos administrativos. Oriolo lo llama "reordenamiento del sistema de salud", que contempla también la inspección de entre dos y tres obras sociales por semana a los fines de determinar si están operando genuinamente o son fachadas que sirvan para recibir subsidios y dinero proveniente del Fondo Solidario de Redistribución.