Luego de que el envío del Presupuesto 2027 reactivara la discusión sobre la política oficial respecto de la atención para las personas con discapacidad, desde el oficialismo hicieron saber a distintos representantes de prestadores del área que su aspiración es que las coberturas se definan por “mecanismos de mercado”.
“Es imposible”, le transmitieron desde el sector, en medio de una nueva escalada sobre el tema.
Cuando en la madrugada del miércoles el proyecto de presupuesto para el año que viene empezó a circular entre legisladores, rápidamente llamó la atención el articulado que, una vez más, intentaba modificar de cuajo el sistema de tratamientos de personas con discapacidad. Lo que ya habían tratado de hacer en otras oportunidades desde el Poder Ejecutivo, se dejaba ahora por escrito en el texto que define variables y partidas para el año que viene.
El artículo 39 plantea eliminar “el nomenclador”, una tabla que fija cuánto debe cobrarse por cada tipo de terapia o tratamiento que se brinda, de manera tal que establece un mismo precio para todo el país y para todo tipo de coberturas.
En la nueva propuesta oficial, se habla de garantizar sólo la “universalidad” de las prestaciones, pero sin establecer valores de referencia, salvo un piso mínimo.
“La universalidad no implicará la homogeneidad de aranceles ni de modalidades de financiamiento entre las jurisdicciones, sino la garantía de un piso mínimo prestacional común”, detalla el texto.
Más adelante agrega: “El Nomenclador de prestaciones básicas no incluirá valores universales, los cuales deberán ser determinados por cada ente obligado, en el marco de su relación con los respectivos prestadores garantizando en todos los casos el cumplimiento de los estándares de calidad prestacional”.
Tal apartado generó mucho revuelo entre los propios legisladores de La Libertad Avanza, que dijeron no conocer que se incluiría este tema en el Presupuesto, así como entre los aliados de la oposición, por lo que a estas horas no se conoce qué suerte correrá ese artículo.
Sin embargo, ante la reacción de todo el ecosistema de la atención de discapacidad, que justo el jueves estaba convocado al Congreso para discutir el proyecto de prórroga de la ley de emergencia, varios legisladores y referentes de la superintendencia de Servicios de Salud se sinceraron y dieron su visión de fondo sobre el tema.
“Si se elimina el nomenclador, la idea es que las obras sociales y las prepagas compitan con mejores servicios”, señalaron por un lado. “Imaginate, uno ofrece una pileta para rehabilitación, otro plantea un complejo mejor, y así, todo gracias a que pueden cobrar lo que quieran”, explicaron. Hasta en un caso hablaron de algún “plan Premium” en una prepaga que incluyera tratamientos top.
Entre los distintos referentes de los prestadores de la discapacidad no podían creer lo que escuchaban porque, entienden, el universo de la atención de este tipo de tratamientos es cualquier cosa menos un mercado, ya que como se trata de intervenciones costosas y de duración prolongada, la realidad es que ninguna obra social o prepaga “se pelearía” por captar pacientes, entendidos como “clientes”.
“En la atención de la discapacidad, toda la legislación internacional habla de asegurar accesibilidad y equidad”, explicaron bajo pedido de anonimato porque tienen que seguir en diálogo.
¿Mejor cobertura, mejor atención?
La lógica que desarrollan es clara: como los tratamientos en discapacidad son muy específicos, en la mayoría de los casos hay pocas clínicas y profesionales, por lo que garantizar que todos cobren lo mismo por su prestación asegura que cualquier persona pueda tener acceso a la mejor atención posible.
Al eliminarse la referencia que constituye el nomenclador, se abre la puerta para que los mejores profesionales atiendan en las mejores coberturas médicas que les puedan pagar más y no en otras.
“Es insólito, es no conocer nada, pedir que haya competencia por la atención de discapacidad”, reaccionó otro dirigente tras reunirse con representantes de La Libertad Avanza.
De acuerdo con un relevamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia sobre el Presupuesto, la eliminación de la homogeneidad en el valor de los aranceles del nomenclador generaría “un factor de desigualdad, dado que quienes tuvieran una cobertura financiada por el ente que fijara un arancel más bajo con sus prestadores se podrían encontrar con una menor oferta de servicios y/o con servicios de menor calidad”.
Requisitos para la pensión por invalidez
El proyecto 2027, además, deroga la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social y si bien mantiene la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral (PNCIL), esta prestación “exhibe requisitos de acceso restrictivos e incompatibles con las obligaciones que Argentina asumió en el plano internacional”, detalla ACIJ.
Por otra parte, hay un fuerte ajuste en el programa Incluir Salud, cobertura de quienes dependen del Estado. “Se observa un recorte del 13,9% respecto de 2026 y de un 19% respecto de 2023”, indica el reporte.