El Gobierno apura los proyectos de ley para "blindar" el Plan Colchón y apuesta a que los gobernadores del peronismo incidan en una pronta aprobación, pero desde el Congreso todavía se reservan el optimismo. Fuentes aseguraron que no avanzarán inmediatamente con su proceso parlamentario si no es seguro: "Veremos la oportunidad para tratarlo", evaluaron en diálogo con El Cronista, mientras que en la Casa Rosada presionan contrarreloj para garantizarse el éxito de los decretos.
El denominado "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos" consiste en dos fases: la primera comenzará a regir por decreto a partir del 1 de junio y, si bien desde Balcarce 50 le bajan el precio a los reparos de las provincias como Santa Fe y Buenos Aires para poder implementar el plan, el impacto de las medidas también dependerá de la fase 2: según lo poco que dejaron trascender, se tratarán de modificaciones a la Ley Penal Cambiaria y la Ley de Procedimiento Fiscal para reducir los montos que se consideran evasión y limitar las facultades del fisco para "ir hacia atrás" en su proceso de investigación.
"Para eso es la ley, para blindar a los ciudadanos contra eventuales futuras administraciones que quieran nuevamente perseguir y revisar el pasado de gente que se adhirió al sistema que se está implementando", reconoció el ministro de Economía, Luis Caputo, el día del anuncio.
En qué consiste el proyecto
Para lo que se considera evasión simple, actualmente el monto fija un piso de $1.5 millones y una pena de 2 a 6 años de prisión, mientras que para la agravada son $15 millones y contempla de 3 años y 6 meses a 9 años. Estas cifras serán elevadas y, también, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que se reducirá de cinco a dos años la prescripción penal para delitos tributarios.
La fuerza de ley es lo que le brindará credibilidad y seguridad jurídica al plan, por lo que el oficialismo deberá afrontar la fragmentación política dentro del Congreso pese a las advertencias del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobre la imposibilidad de acelerar reformas de gran escala antes de las elecciones de octubre.
En ese sentido, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este jueves que los proyectos serán enviados este viernes o a más tardar la semana que viene. "Ya está prácticamente listo y el envío es inminente", aseguró. Otras fuentes descartaron que pueda ser hoy, ya que en realidad el borrador no está terminado.
El grado de apoyo de la medida
"La confianza no pasa por las leyes sino por la decisión política del Gobierno", disminuyeron desde un despacho de la Casa Rosada, mientras intentan garantizarse las firmas de los gobernadores para adherir al plan. "Si no adhieren lo podemos hacer igual, será más difícil, pero es posible", evaluaron en pos de mostrar cierta tranquilidad ante el reparo de algunos mandatarios provinciales.
Ellos son los que tienen la llave para garantizar la efectividad no solamente en tanto firmen la adhesión al plan sino también por la incidencia que tienen en el Congreso. Ya de por sí, el primero en firmar el convenio fue el catamarqueño Raúl Jalil, uno de los peronistas que viene aportando a sus cuatro alfiles en Diputados a favor de los intereses del Gobierno.
Otro gobernador clave que participó de esos encuentros por zoom fue el santiagueño Gerardo Zamora: él comanda siete diputados resbaladizos que, aunque disimuladamente, vienen colaborando en sintonía con el oficialismo. El peronismo "aliado" ya tienen su bloque divisorio en el Senado, la Cámara más áspera: los apuntados son los de Convicción Federal, integrado por el catamarqueño Guillermo Andrada, la jujeña Carolina Moisés, el puntano Fernando Salino y el riojano Fernando Rejal; así como también santiagueños Claudia Ledesma, Gerardo Montenegro y José Emilio Neder del Frente Nacional y Popular.
En la Casa Rosada, además, rescataron que Cristina Fernández de Kirchner no se mostró en contra del anuncio y que si Buenos Aires pidió la reunión con el ARCA para este jueves a la tarde, significa que "que Axel Kicillof firme no es tan imposible". De la reunión destacaron, como dato político, que la Ciudad de Buenos Aires, representada por el ministro de Economía Gustavo Arengo, estuvo "más duro" que los funcionarios bonaerenses Pablo López y Cristian Girard.
"A ellos (los gobernadores) lo único que les importa es que no les toquen el bolsillo y ya les dijimos que incluso va a aumentar la recaudación. Ellos son los primeros interesados en que ingresen dólares", es la lectura que hacen desde Casa Rosada, aunque marcaron de ante mano que las provincias que no adhieran perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como también la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA, que a partir de estas medidas serán desde los $50 millones.
De parte del radicalismo, el único que tienen en la mira es a Maximiliano Pullaro: desde el Gobierno entienden que él "tiene que plantar una bandera" contra el narcotráfico y el lavado de activos, algo que ridiculizan puertas adentro como algo irrelevante en el marco de esta medida. De todos modos, su incidencia en el Congreso no es trascendental y no les preocupa. Sí creen que en el Senado habrá ciertos reparos de parte de los díscolos como Martín Lousteau.
"Es imposible para nosotros que pase como agua, pero esto no va a ser como la Ley Bases tampoco", fue uno de los pronósticos que hicieron desde Jefatura de Gabinete, en alusión a las mil y un vueltas que dieron en un proceso de seis meses con Francos a la cabeza para sancionar el primer proyecto de ley. Tampoco se muestran flexibles a aceptar cambios en los proyectos y, por eso, se están encargando de resolver las preguntas técnicas de los gobernadores en la previa del envío del proyecto.
En ese sentido, el Gobierno piensa avanzar con más firmas este viernes y la semana que viene. "Si todos firman, el Congreso no va a tener muchas más opciones que aprobar", anticiparon. La idea es que el proceso se acelere lo antes posible.
El compromiso que firman básicamente garantiza que la provincia preservará la información de los consumos personales, la situación patrimonial de los ciudadanos, no se comprometerá a establecer nuevos regímenes de información contrarios con el objetivo del plan o que impliquen una carga burocrática y administrativa excesiva en el ciudadano, y en ese sentido, además, revisarán que los regímenes existentes contribuyan a la sencillez, eficacia y eficiencia de los trámites.
