La privatización de Aysa, una de las mayores empresas de servicios de agua y saneamiento de la región se pospondrá.
Tal como adelantó El Cronista, la novedad se confirmó este miércoles a través de la Resolución 1386/2026, publicada en el Boletín Oficial. La prórroga surge del pedido de algunos competidores.
La fecha límite para la presentación de ofertas privadas para quedarse con Aysa, proceso que comenzó el pasado mes de mayo, vencía este jueves 27 de agosto.
Pero, ahora, se dispuso una nueva fecha límite para presentar las ofertas: el próximo martes el 15 de septiembre (misma fecha en la que debe presentarse el Presupuesto).
La decisión surge por pedido de algunos competidores. Según los argumentos de las empresas que lo solicitaron, necesitaban más tiempo para elaborar los pliegos.
Desde la apertura de los sobres hasta la adjudicación se estima un plazo de 45 días, aunque desde el Gobierno insisten en que se trata de una estimación.
Así, la venta del 90% de la totalidad de las acciones del Estado Nacional -el otro 10% quedará en manos de los trabajadores a través del vigente programa de Propiedad Participada (PPP)- se atrasará unos días.
La normativa explica en sus considerandos que el cambio de fecha responde a la intención de “promover una amplia participación, garantizando los principios de concurrencia, competencia, publicidad y transparencia”.
Las claves de la venta de Aysa
La venta de Aysa había levantado múltiples intereses. De hecho, fue una de las primeras, junto con los trenes de carga, en obtener manifiesto interés extranjero en la privatización.
Según pudo saber El Cronista, hay dos empresas brasileñas y una chilena, sumada a dos nacionales.
Entre los interesados internacionales se destacan la Compañía de Saneamiento Básico del Estado de San Pablo (Sabesp), Río Saneamento, ambas de Brasil y con antecedentes en redes de grandes dimensiones, y Aguas Andinas, de Chile pero controlada por un grupo español Agbar que a su vez es parte del grupo francés Veolia. Agbar era controlada por Suez, empresa que supo tener la gestión del agua antes de la creación de Aysa, cuyo contrato fue rescindido por incumplimiento.
En el plano local también se suman interesados. El más resonante es Grupo Roggio, por la dimensión del holding, su interés en las privatizaciones y sus antecedentes en la gestión de agua.
Otro interesado local es Mauricio Filiberti, dueño de Transclor y proveedora de cloro para potabilización de Aysa, mientras también se especula con la participación de Rowing, la empresa de ingeniería de Walter Román, y de la constructora JCR.
Conocedores del proceso ratificaron dos puntos. Por un lado, no podrá presentarse ninguna empresa de capital estatal. Si bien esta cláusula estuvo en otras privatizaciones, conocida como “cláusula anti-China”, en este caso inhibe la participación de Mekorot, la empresa de aguas israelí, pero también la de Absa, la estatal de la Provincia de Buenos Aires que resonaba como una de las interesadas.
Otro punto es que lo más probable es que se concreten alianzas, principalmente porque ninguno de los operadores locales tiene antecedentes comprobables en provisión de servicios de agua y cloacas, consideraron conocedores del proceso. Es por esto que sería necesario que presenten ofertas en alianza con otros jugadores. En el caso de las alianzas, el consorcio que compita deberá tener un mínimo del 15% de participación accionaria del oferente local.
Uno de los competidores aseguró a este medio que lo más probable es que “no vayan solos” a presentar una oferta.
Si bien la empresa salió a la venta sin precio base, las estimaciones que surgen de las operaciones previas indican que por el 90% de la compañía se pagarían u$s 400 millones. El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) realizó una tasación de la empresa, pero el número no es público y se conocerá con la apertura de sobres. El 10% restante quedará en manos de los trabajadores.
La compañía brinda servicios a más de 14 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, lo que la vuelve una de las mayores compañías de aguas de la región.
Al igual que en el caso de los trenes de carga, intervinieron organismos internacionales en la redacción de los pliegos. El Gobierno aspira a evitar errores de las privatizaciones de los ’90 y “blindar” los pliegos. En este caso, participó la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, que supervisó la redacción de los pliegos.
La venta de la empresa incluirá un compromiso de inversión de u$s 5000 millones en los primeros 20 años de la concesión, con al menos la mitad en los primeros años de operación privada.
