El Gobierno se prepara para activar el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) con el objetivo de cumplir con el plazo acordado con Estados Unidos en el marco del acuerdo comercial. Según pudo saber El Cronista, la idea es llevarlo al recinto en la Cámara de Diputados la semana del 20 de abril.
Según el compromiso que firmó el presidente Javier Milei con el gobierno de Donald Trump, la Argentina tiene plazo hasta el 30 de abril para adherirse al tratado internacional mencionado, en lo que refiere a la propiedad intelectual. En tanto, el acuerdo arancelario continúa en revisión tras el fallo de la Corte de EE.UU. que anuló los gravámenes que impuso el líder republicano.
El PCT tiene dos efectos concretos. Primero, unifica en una sola solicitud internacional el trámite que hoy obliga a presentarse por separado en cada país donde se quiere proteger una patente. Segundo, y más importante, extiende de 12 a 30 meses el plazo para decidir en qué países avanzar. Esos 18 meses adicionales son el margen que necesitan los inventores más chicos para conseguir financiamiento y evaluar si el mercado en cada país justifica la inversión.
La Argentina sería el país número 159 en adherirse al PCT. Un dato relevante desde el punto técnico del proceso legislativo es que el Congreso ya había contemplado esta adhesión en el año 1998, cuando el Senado le dio “media sanción” al proyecto. El Cronista confirmó que la idea del oficialismo es reflotar ese expediente para evitar tener que empezar el proceso desde cero.
El argumento jurídico detrás, según explicaron altas fuentes al tanto de la negociación, es que los tratados internacionales no caducan en el trámite legislativo con el paso de tiempo, a diferencia de los proyectos ordinarios. De esta manera, solo le haría falta el aval de la Cámara baja.
No obstante, en los despachos de la Casa Rosada ven un punto de conflicto: algunos alegan que hay que someter el proyecto del ´98 a modificaciones -lo cual implicaría que regrese al Senado, y eso juega en contra de los plazos contrarreloj- porque la Asamblea de la Unión PCT modificó el artículo 22 del tratado en el año 2001, posterior a la “media sanción”.
Otros, en cambio, argumentaron que en el PCT opera como un sistema unitario administrado por la OMPI y la modificación no debe ser ratificada por el Congreso sino que aplica automáticamente para todos los Estados contratantes, vía el Reglamento del PCT. Además, la propia OMPI aclaro que eventuales dudas interpretativas pueden subsanarse mediante una declaración al momento del depósito del instrumento de adhesión.
El cambio en cuestión es que el artículo 22 del PCT original fijaba 20 meses al plazo máximo que tenía el solicitante para “entrar en fase nacional”, es decir, para presentarse formalmente en cada país donde quería obtener la patente y pagar tasas locales. Ese plazo se extendió a 30 meses, de manera tal que se convierta accesible para inventores pequeños.
Fuente: Presidencia
La única manera de que no aplique el plazo actualizado es si la Argentina le notifica expresamente al Director General de la OMPI la incompatibilidad de los 30 meses con su legislación interna. Para sumarle otro argumento, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que las enmiendas vigentes al momento de la adhesión son obligatorias para el nuevo Estado parte.
El Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos fue firmado el 5 de febrero de 2026 e incorpora disposiciones vinculadas con la propiedad intelectual, la lealtad comercial y las indicaciones geográficas. El PCT, en ese sentido, es el primer eslabón de una cadena más larga de compromisos.
El acuerdo también prevé la derogación de resoluciones conjuntas que durante años impusieron criterios restrictivos a la patentabilidad de invenciones en los ámbitos farmacéutico y biotecnológico. Hace unas semanas atrás, en esa línea, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger avanzó con una medida clave para los medicamentos.
El nuevo marco acordado por el ministerio de Salud, Economía y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) derogó la resolución conjunta 118/2012 que limitó a los productos farmacéuticos y biotécnicos que podían ser patentados en el país, a pedido de EE.UU.
Sin las pautas preestablecidas, el INPI se maneja con la Ley de Patentes de 1996 sancionada durante el gobierno de Carlos Menem y analizará caso por caso si el producto tiene la suficiente innovación y escala para merecer la patente. El organismo duplicó los aranceles que cobra para los trámites como consecuencia del acelere que implicó la resolución.
El Cronista repasó uno por uno cada tratado internacional adicional al que deberá adherirse la Argentina para cumplir con el compromiso con EE.UU. Antes de fines de 2027, deberá adherirse al Congreso el Tratado de Budapest sobre reconocimiento internacional de depósito de microorganismos, el Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de diseños y modelos industriales, el Tratado sobre el Derecho de Patentes y el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales según el Acta de Ginebra de 1991, entre otros.
