El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó un memorándum ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en apoyo a la posición de la Argentina en el marco del juicio por YPF.
El documento respalda la moción de emergencia que la República Argentina había interpuesto el 6 de marzo para suspender la etapa de discovery post sentencia, es decir, el proceso de producción de documentos que los demandantes exigen al Estado argentino como parte de la ejecución del fallo.
En esa moción, Argentina había solicitado no solo la suspensión de la entrega de documentos sino también la del requerimiento de sanciones y la de la audiencia probatoria fijada para los días 21 al 23 de abril de este año.
La presentación del Departamento de Justicia estadounidense llega como un espaldarazo institucional significativo en un momento procesal clave, cuando el tribunal debe resolver si frena o no esa etapa del proceso.
En su memorándum, el Departamento de Justicia argumenta que el discovery en curso resulta excesivamente intrusivo y choca con principios fundamentales del derecho internacional como la cortesía entre naciones y la reciprocidad.
El organismo advirtió además que imponer este tipo de exigencias a un Estado soberano puede generar fricciones diplomáticas de alcance imprevisible y, más aún, sentar un precedente que habilite a tribunales de otros países a aplicar medidas similares contra los propios Estados Unidos en el futuro.
Sobre esa base, el memorándum subraya que al momento de evaluar el factor de interés público en una solicitud de suspensión, los tribunales deben ponderar los posibles efectos sobre las relaciones exteriores del país.
En ese sentido, el Departamento de Justicia pide que se otorgue especial deferencia a la posición del Poder Ejecutivo estadounidense en materia de política exterior — un argumento que, en el sistema jurídico norteamericano, tiene un peso específico considerable.
El pedido concreto del memorándum es que la Cámara de Apelaciones tenga en cuenta estos principios al resolver la moción argentina. Si el tribunal hace lugar a la suspensión, se detendría al menos temporalmente una etapa que Argentina considera una intromisión inaceptable en los asuntos del Estado y que podría implicar la exposición de documentación sensible de la administración pública.
Si bien la intervención del Departamento de Justicia no es vinculante, históricamente este tipo de presentaciones tienen influencia sobre las decisiones de los tribunales federales estadounidenses.
La Procuración del Tesoro de la Nación, que lleva la representación legal del Estado en este caso, agradeció públicamente el respaldo y reafirmó su compromiso de defender los intereses del país con rigor técnico.
El juicio por YPF — que enfrenta a Argentina con los fondos Burford Capital y Eton Park por la expropiación de la petrolera en 2012 — acumula una condena de primera instancia por más de 16.000 millones de dólares, cifra que el Estado argentino continúa impugnando en la instancia de apelación.
