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Este miércoles a partir de las 15, la Cámara de Diputados se prepara para una sesión clave en la que el oficialismo buscará avanzar con la aprobación definitiva de los cambios pro mineros a la Ley de Glaciares. Con los números a favor y el respaldo de aliados circunstanciales, el Gobierno apuesta a concretar una victoria legislativa que le permita recuperar la iniciativa política.
La jornada estará atravesada por un clima de fuerte tensión, ya que la oposición aprovechará el debate para poner en el centro de la escena el escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Entre cuestionamientos y pedidos de interpelación, el recinto anticipa un debate intenso tanto en lo legislativo como en lo político.
El oficialismo tiene además otro frente abierto que es el pedido de interpelación al jefe de Gabinete Manuel Adorni, aunque se estima que la oposición no tiene los votos suficientes para avanzar.
Este martes el oficialismo dio el primer paso al lograr dictamen para Glaciares en las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, con un total de 37 firmas, sobre 66 integrantes.
Los avales fueron 27 de La Libertad Avanza, 4 del PRO, 2 de la UCR, 2 de Innovación Federal Misiones, Fernanda Avila de Catamarca y uno de Producción y Trabajo de San Juan.
La reforma de la Ley de Glaciares cambia un punto clave que piden las mineras: el ambiente periglacial. Allí, donde no hay hielo a simple vista, pero sí suelos congelados, es donde se concentra el verdadero mapa de la disputa.
La clave está en cómo se define ese ambiente. La legislación vigente protege de manera amplia cualquier área de alta montaña con presencia de permafrost o geoformas congeladas.
Fuentes del sector minero indicaron, en diálogo con El Cronista, que es necesario que la reforma se apruebe en este mes en Diputados. “Si queda para mayo, ya empieza la carrera (política) para el 2027 y se alarga la cosa”, aseguró una voz relevante del sector a este medio.
Según confirmaron fuentes opositoras al gobierno nacional en el Congreso a El Cronista, lo más probable es que Javier Milei consiga el número que necesita para aprobar que piden los sectores energéticos para poder usar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El oficialismo tendría unos 140 votos, con el apoyo del radicalismo y del PRO.
La misma buena suerte correría para Manuel Adorni: los diputados de Encuentro Federal, encabezados por Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón, buscarán conseguir sobre tablas apoyos para un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, aunque no están cerca del número.
Los diputados quieren que Manuel Adorni se siente en el banquillo del Congreso y dé explicaciones sobre el origen de los fondos con los cuales compro propiedades, cómo fueron los créditos que le proveyeron cuatro señoras jubiladas y los viajes al exterior.
Desde este sector saben que es muy poco probable que esto se logre. El Ejecutivo tendría el visto bueno también del PRO y la UCR que evitaría tener que dar explicaciones frente al Congreso. Por ahora, Manuel Adorni sólo tendría que responder frente a la Justicia.
Dónde están los glaciares en disputa
La mayoría son desarrollos de cobre y oro en alta cordillera, es decir, emprendimientos que requieren infraestructura intensiva en zonas donde hoy la ley opera como límite o, en muchos casos, como argumento judicial para frenarlos.
El mapa es claro y tiene un epicentro: San Juan. Allí se concentran algunos de los proyectos más ambiciosos del país, como Josemaría, Los Azules, El Pachón o el clúster Vicuña, que integran los yacimientos de Filo del Sol.
En todos los casos, el problema es el mismo, la actual definición de ambiente periglacial alcanza zonas donde las empresas necesitan construir caminos, escombreras o instalaciones clave. Sin una redefinición, el riesgo de judicialización es constante.
No es casual que detrás de esos proyectos estén actores globales como BHP, Lundin Mining o Glencore, que vienen planteando la necesidad de “seguridad jurídica” como condición para avanzar.
El segundo foco está en Mendoza, donde el salto en la cantidad de proyectos explica buena parte de la cifra total.
Bajo el esquema del Malargüe Distrito Minero Occidental se aprobaron 34 iniciativas de exploración casi en bloque. Es, en términos prácticos, una nueva frontera minera.
Pero también un terreno frágil: el IANIGLA ya advirtió que muchos de esos polígonos carecen de estudios hidrológicos detallados. Sin cambios en la ley, cada uno de esos proyectos podría enfrentar amparos judiciales de manera individual.
Más al norte, en Catamarca, el caso paradigmático es MARA, el proyecto que integra Agua Rica con la infraestructura de Alumbrera. Controlado por Glencore, el yacimiento está rodeado de geoformas que el inventario nacional clasifica como periglaciales.
Allí, la discusión deja de ser teórica, sin una redefinición, la aprobación ambiental del “corazón” del proyecto queda en una zona de incertidumbre permanente.
Salta y Jujuy completan el tablero con proyectos de cobre y litio en la Puna. Aunque el litio no se extrae directamente de glaciares, sus fuentes de agua sí están vinculadas a sistemas de deshielo.
En ese contexto, iniciativas como Taca Taca, impulsada por First Quantum Minerals, o los desarrollos en salares operados por grandes jugadores globales, también quedan alcanzadas por la discusión sobre el alcance del ambiente periglacial.
Detrás de este mapa aparece un puñado de empresas que concentran los intereses más claros. Glencore, con el control total de Pachón y MARA, podría ser la principal beneficiaria potencial de un cambio en la ley.
Barrick Gold y Shandong Gold, socias en Veladero, también necesitan flexibilizar las restricciones para sostener y expandir operaciones en San Juan.
A ese núcleo se suman McEwen Mining, Rio Tinto y otros actores que ven en el cobre argentino una oportunidad estratégica en el marco de la transición energética global.
El argumento empresario es lineal, sin una definición más acotada del ambiente periglacial, cualquier inversión queda expuesta a frenos judiciales incluso después de iniciada.
Por eso, la modificación aparece como una “condición necesaria” para activar proyectos bajo el paraguas del RIGI, en un contexto donde las inversiones en juego superan los 20.000 millones de dólares.
Pero el otro lado de la discusión es igual de contundente. Provincias aguas abajo, como La Pampa, y organizaciones ambientales advierten que la redefinición podría debilitar la protección de reservas hídricas estratégicas en un contexto de estrés climático creciente.
