El Ministerio de Economía realizó este martes el acto de apertura de las ofertas técnicas para vender el 90% de las acciones de AySA, la empresa distribuidora de agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con una cartera de 14 millones de usuarios, que hoy están en manos del Estado.
De acuerdo al acta de apertura, los 2 ofertantes confirmados de los 17 que participaron en el proceso son el consorcio Rowing S.A., integrado también por Arcos, Transclor y el fondo de inversión PHX; y el grupo liderado por Roggio ROAS, que participa junto con otras cuatro firmas.
Se trata dos grupos locales de los empresarios Walter Román y Mauricio Filiberti por un lado, y Aldo Roggio por el otro, que presentaron sus ofertas con firmas internacionales, dado que ninguna de las nacionales alcanzaba, por sí sola, los requisitos necesarios para presentarse.
En esta primera instancia la Comisión evaluará los sobres técnicos presentados. Aquellos oferentes que aprueben el análisis y cumplan con los requisitos del pliego, podrán presentar la oferta económica. Si bien no hay una fecha fijada para la presentación de las ofertas económicas, desde los despachos oficiales estiman que se conocerán en la semana del 7 de octubre.
Dado que el pliego no establece un precio base, esta instancia será definitoria para determinar al ganador. Las estimaciones iniciales sobre el precio de la compañía rondaban los u$s 500 millones, aunque la cifra no fue confirmada.
AVANZA LA PRIVATIZACIÓN DE AYSA. EL NUEVO OPERADOR TENDRÁ OBLIGACIONES DE INVERSIÓN POR MÁS DE US$ 2.000 MILLONES EN LOS PRIMEROS 5 AÑOS
— totocaputo (@LuisCaputoAR) September 15, 2026
El Ministerio de Economía realizó hoy el acto de apertura de las ofertas técnicas del cual participaron dos oferentes. El proceso contempla la…
El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la noticia en su cuenta de X: “Avanza la privatización de AySA. El nuevo operador tendrá obligaciones de inversión por más de u$s 2000 millones en los primeros 5 años”, y agregó: “Con las privatizaciones del gobierno del presidente Javier Milei, la libertad y la Argentina avanzan”.
Los consorcios interesados
Los nombres que se conocen hasta ahora son las cabezas locales de dos consorcios.
El primero, Rowing S.A., integrado por cuatro firmas. Dos de ellas, argentinas: la empresa de ingeniería y construcción Rowing del empresario Walter Román; y la proveedora de cloro para la potabilización de Aysa desde el 2009, Transclor, cuyo dueño es Mauricio Filiberti
Otras dos, extranjeras. La brasileña Arcos Saneamento e Participações SA, del Grupo Equipav, que fue designada como operadora técnica por su experiencia en la operación del servicio de agua potable y alcantarillado a más de 39 millones de personas en 15 estados y en más de 890 municipios en Brasil; y el fondo para inversores extranjeros interesados en la oportunidad de los Países Bajos PHX AQUA.
El otro oferente y natural candidato por su trayectoria en el rubro es el Grupo Roggio, que opera el subte porteño, el ramal Urquiza a través de Ferrovías y Aguas Cordobesas.
El grupo lidera un consorcio integrado también por Aguas de Corrientes, que tiene antecedentes en la gestión de cloacas, un aspecto que la faltaba a la propuesta del grupo constructor.
Además, informaron tener el aval técnico de la israelí Mekorot y del grupo japonés Marubeni.
Mekorot, que sonaba como uno de los grandes jugadores que podrían estar interesados, había quedado excluida a partir de la cláusula que prohibía a empresas con participación estatal integrarse en la licitación.
El respaldo técnico brindado por las compañías internacionales le aporta al consorcio innovación tecnológica en la gestión de aguas y afluentes por parte de empresas con carteras de más de 10 millones de clientes, según consignaron fuentes al tanto de la negociación.
El pliego
La licitación contempla la transferencia al sector privado del 90% de las acciones de titularidad del Estado Nacional, mientras que el 10% restante pertenece a los empleados de la empresa dentro del Programa de Propiedad Participada.
La concesión será por 30 años, con revisiones de las tarifas cada cinco años, la obligación de inversiones privadas sin asistencia estatal y que la concesionaria mantenga el equilibrio económico.
La primera fase consta de un Plan de Acción 2027-2031 de cumplimiento obligatorio, que contempla inversiones por $ 2,89 billones (aproximadamente u$s 2000 millones), a valores de diciembre de 2025 y sin IVA.
En ese período, el esquema establece que el nivel tarifario vigente al momento de su presentación se mantenga constante en términos reales y no proyecta nuevos aumentos reales. Sin embargo, admite excepciones.
El contrato fija metas de cobertura para 2031 de 75,3% en agua y 63,9% en cloacas, que deberán alcanzar como mínimo 90% y 75%, respectivamente, al finalizar el plazo inicial de 30 años.
El cumplimiento de estas obligaciones será controlado anualmente por el ERAS.
El contrato también establece garantías y sanciones ante incumplimientos graves y reiterados, que pueden incluir multas y la pérdida de la concesión.
El negocio de Aysa
En el Ministerio de Economía calculan recaudar alrededor de u$s 500 millones, lo que convierte a esta privatización en la más importante de la gestión de Javier Milei.
“AySA era un modelo de disfunción administrativa. Entre 2006 y 2023, la empresa recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de u$s 13.400 millones. Sin embargo, un tercio del área concesionada todavía no cuenta con acceso a agua potable y cloacas, las pérdidas de agua no contabilizada se mantienen en 42%, la morosidad pasó del 4% al 16% y los costos operativos aumentaron 80%”, aseguró el ministerio de Economía en un comunicado.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, destacó que la privatización busca revertir los problemas de eficiencia e inversión de la empresa, y repasó el plan que fuerza a la inversión en los primeros años de la concesión.
