En esta noticia
- Cómo será el nuevo esquema de Fabricaciones Militares
- Qué partes de Fabricaciones Militares quedan incluidas
- Cuánto deberán invertir los privados
- Las millonarias condiciones para entrar al concurso
- Empresas extranjeras podrán quedarse con la operación
- Qué pasará con los trabajadores
- Una cláusula que limita a la propia Fabricaciones Militares
- Qué control conserva el Estado
- Qué pasa si el Estado quiere recuperar la operación
El Gobierno terminó de definir el nuevo esquema de privatización para Fabricaciones Militares (FM), una de las empresas estratégicas de la Defensa argentina. La firma buscará uno o más operadores privados, que podrán ser extranjeros, para asociarse en las distintas líneas de producción de la compañía. El detalle de lo que se conoce.
El mecanismo quedó plasmado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares del Concurso Público Nacional e Internacional N° CPU-2026-SC-001 de Fabricaciones Militares S.A.U., al que accedió El Cronista.
El documento establece las condiciones para seleccionar a los inversores y contiene también el modelo de contrato que deberán firmar los ganadores.
Con el pliego en mano, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), elaboró un informe jurídico crítico sobre las condiciones del concurso y sostiene que el mecanismo constituye una “privatización material” de la compañía.
Como ya lo adelantó El Cronista, el Gobierno preparó un concurso de empresas para incorporar capital privado a Fabricaciones Militares mediante un esquema asociativo de largo plazo. Hasta ahora, fuentes oficiales habían confirmado que los contratos podrían extenderse entre 10 y 30 años.
El documento definitivo amplía ese horizonte: los contratos tendrán una duración mínima de 10 años y podrán llegar hasta los 35 años, de acuerdo con la propuesta que presente el adjudicatario.
Pero el pliego revela además un dato central que hasta ahora no se conocía, el operador privado deberá tener al menos el 51% de participación en la Unión Transitoria (UT) que constituya junto con Fabricaciones Militares.
“El porcentaje de participación del oferente no deberá ser inferior al 51%”, establece el documento. La participación definitiva de FM será uno de los componentes de la oferta económica presentada por cada interesado.
Desde el gremio de estatales cuestionaron todo el diseño y sostiene que el mecanismo constituye una “privatización material” de Fabricaciones Militares sin transferencia formal de los activos.
Según el informe elaborado por ATE, la combinación de una participación privada de al menos 51%, una mayoría de tres contra dos en el Comité Ejecutivo, la designación privada del representante y la gestión operativa a cargo del adjudicatario deja al Estado en una posición minoritaria.
El gremio cuestionó también que los contratos puedan llegar a 35 años, la posibilidad de operadores extranjeros, el régimen laboral, la cláusula de no competencia y las condiciones previstas para una eventual salida anticipada.
Cómo será el nuevo esquema de Fabricaciones Militares
A diferencia de una venta tradicional, el esquema no contempla transferir la propiedad de las fábricas al privado. Fabricaciones Militares seguirá siendo propietaria de sus establecimientos, maquinarias y activos.
El mecanismo elegido es la constitución de Uniones Transitorias (UT) entre FM y cada adjudicatario. El objetivo formal del concurso, según el pliego, es seleccionar “uno o más operadores estratégicos” para llevar adelante junto con la compañía estatal la ampliación, modernización y optimización de sus actividades industriales, productivas y comerciales.
Las plantas serán puestas a disposición de las nuevas UT, pero el contrato aclara expresamente que esto no implica una transferencia de dominio, usufructo, locación ni concesión administrativa.
Sin embargo, la conducción operativa quedará principalmente en manos privadas.
El modelo de contrato establece que el Comité Ejecutivo tendrá cinco integrantes. En este sentido, habrá tres representantes designados por el operador privado y dos por Fabricaciones Militares. Además, el presidente del Comité será elegido por el contratista.
Para algunas decisiones estratégicas se necesitará unanimidad. Entre estas decisiones se ubica el endeudamiento que afecte la producción, inversiones no previstas, disposición de bienes conjuntos, transferencia de tecnología sensible, aumento del fondo operativo, seguros y determinadas subcontrataciones.
Para otras decisiones, en cambio, alcanzará la mayoría. Entre ellas se encuentran la aprobación de los presupuestos anuales, la iniciación de acciones judiciales y la contratación de personal y equipos.
El contrato va todavía más lejos y establece que el contratista operador tendrá “a su exclusivo cargo la gestión de las Operaciones Conjuntas”.
También será el privado quien designe al representante de la UT, aunque deberá contar con la conformidad de Fabricaciones Militares.
Qué partes de Fabricaciones Militares quedan incluidas
El concurso divide la actividad de la empresa en cuatro renglones, que podrán ser adjudicados a uno o varios operadores.
El primero corresponde a químicos básicos e incluye ácido sulfúrico, ácido nítrico, nitrato de amonio en solución con destino fertilizante y óleum. Estas actividades se desarrollan en Río Tercero, Córdoba.
El segundo comprende explosivos y energéticos para minería y Defensa: pólvoras, explosivos industriales y TNT, destinados entre otros sectores a minería, oil & gas y Defensa. La producción corresponde a las plantas de Villa María, Córdoba, y Azul, provincia de Buenos Aires.
El tercer renglón es uno de los más sensibles: Defensa, con municiones de bajo y alto calibre, armamento y chalecos balísticos. Se desarrolla en Fray Luis Beltrán, Santa Fe.
Para este segmento, el Gobierno valorará especialmente las propuestas que incluyan acuerdos de licencia, transferencia tecnológica e integración progresiva de producción nacional. Incluso podrán presentarse ofertas parciales por distintas subcategorías.
Finalmente aparece metalmecánica y capacidades industriales asociadas, que comprende material rodante, cañones, envueltas y vainas y se desarrolla en Río Tercero.
De esta forma, distintos operadores podrían quedarse con diferentes negocios y constituir UT independientes con Fabricaciones Militares.
Cuánto deberán invertir los privados
Otro de los interrogantes alrededor de la operación era el monto de inversión.
Como informó El Cronista, fuentes gremiales habían señalado que el proyecto buscaba inversiones por alrededor de USD 500 millones, mientras que fuentes oficiales de Fabricaciones Militares habían descartado entonces que existiera un monto cerrado y sostenían que dependería de las propuestas.
El pliego conocido ahora no establece una inversión mínima global de USD 500 millones.
Cada interesado deberá presentar su propio Plan de Inversiones, expresado en dólares, detallando montos, cronograma, fuentes de financiamiento y condiciones de repago.
Las inversiones quedarán a cargo del adjudicatario. Además, los bienes y las propias fábricas de FM no podrán utilizarse como garantía para conseguir ese financiamiento.
El privado también deberá presentar una proyección de ingresos y egresos para toda la duración del contrato, su tasa interna de retorno esperada, el porcentaje de participación de FM y el canon anual en dólares que pagará a la empresa.
Ese canon se abonará mensualmente y se actualizará anualmente de acuerdo con la variación del Producer Price Index (PPI) de los Estados Unidos.
La evaluación económica ponderará tres componentes: 40% el plan de inversiones, 40% el canon ofrecido y 20% la participación de Fabricaciones Militares en la UT.
Las millonarias condiciones para entrar al concurso
El Gobierno estableció requisitos económicos elevados para quienes quieran participar.
Para acceder al Data Room con la información de Fabricaciones Militares, los interesados deberán desembolsar USD 30.000, que no serán reintegrados.
Además, deberán acreditar un patrimonio neto mínimo diferente según el negocio al que quieran ingresar: USD 35 millones para químicos básicos; USD 70 millones para explosivos y energéticos; USD 40 millones para Defensa; y USD 40 millones para metalmecánica.
Si una misma compañía presenta propuestas para varios renglones, los requisitos patrimoniales se suman. Por lo tanto, una empresa que quisiera competir por los cuatro debería acreditar USD 185 millones de patrimonio neto.
Además, se exige una experiencia no inferior a 15 años en operación y mantenimiento de unidades de características similares, junto con experiencia comercializando productos y materiales controlados en mercados internacionales.
A esto se suma una garantía de mantenimiento de oferta de USD 2 millones por cada renglón.
Una vez adjudicado el contrato, el ganador tendrá que constituir otra garantía de USD 10 millones por renglón, además de garantizar cada año el equivalente al 50% de las inversiones comprometidas para ese período.
Empresas extranjeras podrán quedarse con la operación
El concurso será nacional e internacional y podrán participar sociedades constituidas tanto en la Argentina como en el exterior.
Esto abre formalmente la competencia a los grandes jugadores internacionales de Defensa.
Como ya adelantó El Cronista, durante los últimos años circularon distintos nombres interesados en Fabricaciones Militares. Entre ellos apareció la checa CSG Defense, mientras que fuentes gremiales también señalaron a GAM y Oshkosh Defense.
El nuevo pliego, sin embargo, no menciona ni confirma a ninguna empresa interesada o participante.
Sí establece una particularidad: quedan inhabilitadas las personas jurídicas controladas directa o indirectamente por Estados soberanos o agencias estatales. También se excluye a compañías incluidas en las listas de sanciones de la Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Qué pasará con los trabajadores
El futuro de los trabajadores era otro de los grandes interrogantes desde que comenzó a discutirse el nuevo modelo.
El pliego determina que la firma de la UT no implicará automáticamente la transferencia de los empleados actuales. Quienes sean afectados a la operación continuarán bajo relación de dependencia de Fabricaciones Militares, salvo que exista un acuerdo “libre y voluntario” entre el trabajador, FM y la UT para su traspaso.
Las remuneraciones y cargas sociales de esos empleados seguirán siendo abonadas por Fabricaciones Militares, aunque serán cargadas económicamente a la UT.
Sin embargo, el contrato modelo introduce un cambio sustancial en la conducción del personal.
“A partir del inicio de las Operaciones Conjuntas las decisiones operativas diarias vinculadas a la organización del trabajo serán tomadas por el Operador”, establece.
Además, dispone que “las remuneraciones, horas de trabajo, turnos y demás condiciones serán determinadas exclusivamente por el Operador”.
Por lo tanto, parte del personal podría continuar teniendo formalmente a Fabricaciones Militares como empleador mientras la organización cotidiana del trabajo queda en manos del socio privado.
Las nuevas contrataciones que realice la UT, en cambio, se regirán exclusivamente por la Ley de Contrato de Trabajo y no tendrán relación laboral con Fabricaciones Militares.
El documento tampoco establece una garantía general de estabilidad de la dotación actual.
Incluso regula las eventuales indemnizaciones del personal de FM afectado a la UT: ante una desvinculación, Fabricaciones Militares deberá afrontar proporcionalmente la parte correspondiente a la antigüedad acumulada hasta la entrada en vigencia del contrato y el resto se pagará con cargo a la cuenta conjunta.
ATE cuestionó especialmente este capítulo, el gremio sostuvo que se produce una separación entre el empleador formal y quien ejerce efectivamente el poder de dirección sobre los trabajadores.
Una cláusula que limita a la propia Fabricaciones Militares
Entre las condiciones aparece además una cláusula de no competencia.
Durante la vigencia de cada contrato, ninguna de las partes podrá competir directa o indirectamente en la Argentina con las actividades desarrolladas por la UT.
La prohibición comprende la fabricación, diseño, desarrollo, comercialización y distribución de productos idénticos o similares a los producidos por la asociación.
ATE interpreta que esto implica que Fabricaciones Militares quedará impedida de desarrollar por fuera de la UT las mismas actividades entregadas al operador privado durante contratos que pueden extenderse por hasta 35 años.
Qué control conserva el Estado
El esquema mantiene, de todas formas, algunas facultades estratégicas en manos estatales.
Las ventas realizadas en el mercado argentino deberán priorizar las necesidades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Para exportar, además, la UT sólo podrá vender a países autorizados por el Ministerio de Defensa argentino.
En este sentido, el contrato reconoce expresamente la facultad del Estado de redefinir el destino de la producción frente a un conflicto armado, emergencia nacional, crisis de Defensa, estado de sitio, guerra o movilización militar.
Esto cobra relevancia porque, como informó anteriormente El Cronista, fuentes gremiales habían señalado la presencia de representantes de Ucrania en instalaciones de Fabricaciones Militares y especulaban con una eventual exportación hacia ese país.
El pliego no hace ninguna referencia específica a Ucrania ni confirma una operación de ese tipo.
Qué pasa si el Estado quiere recuperar la operación
Otra de las novedades está en las condiciones para terminar anticipadamente los contratos.
Fabricaciones Militares podrá extinguir unilateralmente la UT por razones de Defensa Nacional, seguridad pública, interés público o conveniencia estratégica.
Pero en ese supuesto deberá pagarle al operador privado la inversión que todavía no haya sido amortizada y agregarle un 10% en concepto de extinción anticipada.
Al finalizar normalmente el contrato, en cambio, las fábricas regresan plenamente a la operación de Fabricaciones Militares y las instalaciones y equipos adquiridos por la UT quedan incorporados a su patrimonio sin derecho a indemnización.
Desde ATE consideraron que el costo de una terminación anticipada, sumado a contratos de hasta 35 años, puede funcionar como un fuerte condicionamiento económico para que futuras administraciones recuperen anticipadamente la gestión.
