Fuente: NA
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La Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento de Alberto Fernández por presunta defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública en la Causa Seguros.
La causa investiga presuntos delitos en la contratación de pólizas de seguros por parte de organismos públicos durante su Gobierno. Con esta decisión, el exmandatario quedó más cerca del juicio oral y público.
En ese sentido, la Sala II de la Cámara también ratificó el procesamiento de Héctor Martínez Sosa, broker de seguros; María Cantero, esposa de Martínez Sosa y por ese entonces secretaria privada de Fernández; y Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, entre otros.
La acusación contra el expresidente se basa en un decreto firmado por Fernández, pero también 45 contratos, 25 intermediarios de Seguros, comisiones millonarias, y hasta una cooperativa que funcionó como financiera.
Los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico mantuvieron el procesamiento a Alberto Fernández por el “delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” y ratificaron el embargo sobre sus bienes por la suma de $ 14.634.220.283,68.
De acuerdo con la Cámara, Fernández tuvo una “participación directa en el entramado de negociaciones y ejercicio de influencias”.
El fallo remarcó que Fernández, desde fue designado presidente “Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A” -en calidad de productor asesor directo u organizador de otros -, “percibió un equivalente al 59,6% de las comisiones liquidadas por ´Nación Seguros S.A.´ a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales".
Y detallaron: “Esto significó un relevante incremento en los negocios que tenía, en igual marco, previo a este período. El monto (se repite) que la Sociedad con capital estatal liquidó –entre organizador y productores- en este plazo superó los dos mil doscientos cincuenta millones de pesos ($ 2.250.000.000)“.
La influencia de Martínez Sosa y Cantero, destacó el escrito, fue clave para estas gestiones: “Sus acciones mantuvieron la lógica que ya había comenzado en los meses previos a la asunción presidencial, ahora utilizando directamente el rol que tenía la segunda en la oficina de presidencia –y, se sospecha, los del entorno que se explicó más arriba- para conseguir reuniones y usufructuar contactos".
Por su parte, el camarista Eduardo G. Farah también acompañó el procesamiento de Fernández. Y señaló que “las pruebas e indicios revelados en el auto de procesamiento avalan la inferencia de que cumplió un rol crucial para que Martínez Sosa se hiciera de esa cantidad de contratos públicos (casi el 60% de las comisiones pagadas por el Estado)”.
“El estrecho vínculo que los une no se reducía a María Cantero, esposa de Martínez Sosa y secretaria de Fernández: existía entre ellos, además de una relación de amistad, actividad comercial, una deuda periódicamente renovada, financiamiento de gastos personales, obsequios, etc”, planteó sobre el vínculo entre el broker y el ex Jefe de Estado.
