La comitiva encabezada por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, llegó este viernes a Tierra del Fuego para recorrer el predio donde se construirá la Base Naval Integrada, en Ushuaia, y participaron de una exposición de la Armada Argentina sobre el proyecto.
La comitiva arribó cerca de las 10 a la provincia del sur. Lo acompañaron el jefe del Estado Mayor General de la Armada y el jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO). También asistieron los diputados y senadores fueguinos de La Libertad Avanza: Agustín Coto, Santiago Pauli, Belen Monte de Oca y Miguel Rodríguez.
La agenda comenzó primero con un encuentro con el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, y la vicegobernadora Mónica Urquiza. “El gobernador manifestó su predisposición para colaborar con la iniciativa”, destacaron fuentes del Gobierno.
“Visitamos el predio en el que se construirá la Base Naval Integrada en Ushuaia, el punto más austral de la Nación. Recorrimos con expertos de las Fuerzas Armadas el predio y analizamos los desafíos logísticos que implica un proyecto de esta magnitud”, destacó por su parte el canciller Quirno durante la tarde.
La vicegobernadora ya había mantenido encuentros con el Gobierno Nacional en el marco del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, “en donde Argentinas obtuvo un fuerte apoyo de la comunidad internacional en la Causa Malvinas”, destacó también el ministro.
Durante la visita, los ministros recorrieron las instalaciones y alrededor de las 16.00 emprendieron su regreso a la Ciudad de Buenos Aires. En Casa Rosada destacaron que el proyecto busca ejercer como “polo logístico y operativo estratégico para el Atlántico Sur y como apoyo a la proyección argentina hacia la Antártida”, además de “funciones vinculadas al desarrollo de actividades científicas en la región”.
“Integrará vigilancia, presencia militar y capacidad de abastecimiento para buques propios y de terceros países. Ushuaia será la puerta continental y Petrel la puerta antártica, conectando la logística marítima y aérea con el resto de las bases argentinas”, sumaron desde un comunicado de Defensa.
La publicación cerró con: “Las Malvinas son argentinas. Su legítimo reclamo de soberanía, la protección de nuestros intereses y la presencia argentina en el Sur forman parte de esa misma visión estratégica”.
Ese despliegue diplomático tiene un correlato presupuestario ya que la Base Naval Integrada quedó incorporada como prioridad del Presupuesto 2027, que el Ejecutivo debe enviar al Congreso el próximo martes 15 de septiembre, después de que Milei instruyera al ministro de Economía, Luis Caputo, para privilegiar esas partidas dentro del área de Defensa.
El Estado ya destinó, por decreto, $114.732 millones al proyecto que se estima en $400.000 millones y en Economía sostienen que el refuerzo no implicará recortes en otras áreas, porque sale del superávit fiscal. En el entorno de Presti quieren que las obras arranquen antes de fin de año, apenas cierren las licitaciones en curso, según adelantó El Cronista.
En la antesala de la partida hacia Ushuaia, este jueves por la noche la Oficina del Presidente anunció la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, un nuevo mecanismo dentro de la Cancillería pensado para que todas las áreas del Estado mantengan un criterio “coherente, compatible y uniforme” frente a cualquier decisión vinculada con la soberanía sobre las islas.
Según el comunicado firmado por Milei, el objetivo es “implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento” para cualquier actividad estatal que pueda afectar la política exterior o los intereses internacionales del país. El texto justifica la medida en que “la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía” exige “una acción estatal coordinada que integre dimensiones diplomáticas, jurídicas y políticas”.
En paralelo, el Gobierno impulsará un Consejo de Seguridad Nacional que prevé crear el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que va a necesitar el aval del Parlamento y pretenderá reunir a Cancillería, Defensa, Economía y la SIDE.
En el medio también está semana escaló el frente judicial. Este mismo jueves, Quirno y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, ampliaron por segunda vez la causa que tramita el juzgado federal de Julián Ercolini, con una nueva denuncia penal contra Rockhopper Exploration Hydrocarbons Limited, Rockhopper Exploration Oil Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited.
Un día antes, el martes, la Oficina del Presidente había sumado otros 15 sujetos a los procedimientos sancionatorios administrativos que la Cancillería -designada autoridad de aplicación de la Ley 26.659 por el Decreto 868/2026- abrió el 4 de septiembre contra 45 personas humanas y jurídicas.
Y todo había arrancado el lunes, cuando Quirno y Amerio presentaron la primera denuncia de la seguidilla, contra Navitas Petroleum LP y su entramado societario -Navitas Petroleum Development & Production y Navitas Petroleum Atlantic United-, además de JHI Associates y Eco Atlantic Oil & Gas. Con la ampliación de hoy, el total de personas y empresas bajo algún tipo de investigación o sanción por la Ley 26.659 llegó a 60.
El plano internacional metió repercusiones más fuertes en las últimas horas. Horas después de que trascendiera la nueva denuncia contra las petroleras, el Gobierno confirmó que Milei suspendió el viaje a Londres que tenía previsto para fines de octubre, en el que iba a dar una charla en la Universidad de Oxford y reunirse con empresarios británicos.
La cancelación se da un día después de que el primer ministro británico, Andy Burnham, afirmara ante la Cámara de los Comunes que su gestión será “implacable” en la defensa del derecho de los isleños a seguir siendo británicos.
