Spots publicitarios, carteles, viajes de los candidatos, impresión de boletas y siguen las firmas. Los gastos que realizan los partidos políticos en épocas de campaña, sobre todo los más grandes, son enormes. La manera en la que los partidos recaudan dinero y lo gastan es un partido clave en el que se juega la calidad de una democracia.

Javier Milei, al frente de su primera campaña para ocupar un cargo ejecutivo, fue blanco de varias denuncias. Según él, operaciones de actores desencantados o enviados por miembros de "la casta". La acusación fue recurrente: se dijo que se pedían sumas de dinero para integrar las listas. Desde u$s 50.000 para una concejalía hasta u$s 300.000 para una diputación. Carlos Eguía y Juan Carlos Blumberg fueron algunos de los que se hicieron cargo de las denuncias. Mientras tanto, por lo bajo y en off, esa bola de nieve aumentaba.

Desde el entorno del diputado libertario argumentan que "es la campaña más austera de la historia. No hay grandes gastos". De cualquier modo, en concreto sobre lo denunciado, el propio Milei había brindado una explicación. Sostuvo que "en nuestro espacio cada uno se autofinancia la campaña", a diferencia de lo que sucede en los sectores tradicionales que reciben aportes estatales.

Sin embargo, el tema siguió en el aire y las inquietudes se multiplicaron. ¿Podría un partido político exigir dinero a una persona que quiera ser candidata? Legalmente, según analizan los especialistas, sí. "Hay un problema más ético que legal, porque no está regulado. Igualmente, ese dinero tendría que aparecer en los informes de campaña y debería estar registrado en la Cámara Electoral. Además, debería haberse transferido a la cuenta única que debe tener cada partido", sostiene Pablo Secchi, director Ejecutivo de Poder Ciudadano.

En la misma línea se expresa Gerardo Scherlis, politólogo y docente en la Facultad de Derecho de la UBA. "No está prohibido que un partido pueda vender sus candidaturas. Hay un reproche ético, pero no jurídico, por más absurdo que parezca. La ley no contempla la forma en la que los partidos distribuyen sus candidaturas", sostiene.

Igualmente, el investigador del Conicet considera que "nadie puede rasgarse las vestiduras por aportes no registrados. La realidad está lejos de lo que uno desearía. Cada candidato tiene sus propios comités de recaudación. Lo de Milei llama la atención y es espectacular que se plantee en esos términos, pero toda la cuestión de financiamiento transcurre por carriles no previstos por la ley".

En la Argentina, los partidos políticos cuentan con un financiamiento mixto: reciben aportes estatales y privados. La ley vigente es de 2019 y trajo varias novedades: prohíbe los aportes en efectivo -todo debe ser trazable- y permite que además de personas físicas también aportes personas jurídicas.

Carolina Tchintian, directora de Instituciones Políticas de Cippec, considera que "si bien hubo avances en materia de financiamiento, hay lugar para mejorar. La clave está en el control. Por ejemplo, que se tengan que hacer rendiciones durante las campañas".

Actualmente, lo que sucede es que los controles son posteriores a las elecciones, por lo que si la Justicia detecta inconsistencias los candidatos ya fueron electos. En cambio, si los partidos tuvieran que informar en tiempo de campaña, "habría un control social en tiempo real que actuaría como disuasor".

De la mano con los controles, las sanciones. Actualmente, son posteriores y no tienen demasiado peso. "Las sanciones son irrelevantes. En otros países se han bajado candidaturas por cuestiones de financiamiento. Es otra discusión si está bien privar a la ciudadanía de votar a un candidato por un problema así. Pero acá estamos en el extremo opuesto", explica Scherlis.

Tanto en América Latina como en otras regiones hay casos de ese estilo. Hay legislaciones en Chile, México, Francia e India que prevén que alguien que obtuvo un cargo electivo pueda quedar apartado

Equilibrar la cancha

El espíritu de que esté regulada esta cuestión es que la competencia electoral sea lo más pareja posible. "La idea es equiparar condiciones de competencia entre los partidos, ya sea que puedan acceder o no a financiamiento privado", desarrolla Tchintian.

De esa forma, no solo los partidos reciben dinero, sino también aportes indirectos, como los espacios de publicidad. Para 2023, el Estado Nacional tiene previsto destinar $1755 millones como aporte de campaña para las PASO y $3510 millones para las elecciones generales.

Además, la especialista agrega que "hay otros mecanismos para equiparar, como topes a los aportes privados y a los gastos de campaña". Claro, un privado no puede aportar un monto demasiado alto a una campaña, ya que esto generaría dudas sobre la posterior independencia del funcionario elegido.

Para las elecciones de 2023, el monto máximo de aporte de una persona física o jurídica a un partido nacional son $20.366.175. Asimismo, el límite de gasto de campaña para un partido es $1.018.308.750. América Latina está en línea con esta legislación. De hecho, la región fue pionera: Uruguay y Costa Rica fueron los dos primeros países en el mundo que destinaron fondos públicos a los partidos políticos.

En Estados Unidos, en cambio, hay una diferencia relevante respecto a la Argentina. En principio sí hay límites para los aportes de personas físicas: llega a los u$s 2900 por candidato para las primarias y la misma suma para las elecciones generales.

Sin embargo, se suma otra variable. Existen los Súper PAC (Comités de Acción Política) que pueden recaudar dinero sin ningún tipo de límite legal. Sin embargo, no pueden coordinarse con las campañas de los candidatos o partidos. Algunos de los Súper PAC son las asociaciones de banqueros, de agentes inmobiliarios, de concesionarios o de controladores aéreos.

Los grandes problemas

El caso de Milei puede haber generado revuelo por lo extremo del caso. De hecho, según pudo saber El Cronista, desde su entorno se habrían recaudado entre u$s 2 millones y u$s 5 millones, y ese dinero no solo no se rendiría, sino que ni siquiera se destinaría a la campaña. Sin embargo, hay cuestiones sistémicas de fondo que atacan al sistema.

La primera es el uso que realizan los oficialismos de recursos públicos para hacer propaganda. Secchi menciona que van "desde el uso de pauta publicitaria hasta actos de gobierno. Ya sea un simulador de vuelo hasta una placita de la Ciudad de Buenos Aires, lo hacen todos. Si mañana Rodríguez Larreta como jefe de Gobierno o Sergio Massa como ministro tienen una reunión importante, tienen a los medios atrás. Eso no está regulado".

Lo único que existe es un límite de tiempo que impone la ley, previo a las elecciones. En el caso de las PASO, el 19 de julio pasado marcó el límite para las inauguraciones de gestión.

La segunda, los pequeños partidos que lucran con el entramado actual. Puede haber varios negocios distintos, que van desde la búsqueda del financiamiento estatal hasta la venta de sellos para aquellos candidatos que no tienen partido. "Algunos son microemprendimientos -grafica Scherlis-. El tema es el tipo de régimen de partido que tenemos. Si tenés 12 partidos es una cosa, pero en Argentina hay 45 partidos nacionales y unos 700 de distrito. Es muy flexible el régimen para conformar partidos".

El tercer punto es el más opaco, y es la sospecha de la intervención de negocios ilícitos en la financiación de la política. Las sospechas, en este caso, se volvieron fuego amigo hace muy poco, en la campaña para la gobernación de Santa Fe. Elisa Carrió se mostró sorprendida por el nivel de propaganda de las candidaturas de Maximiliano Pullaro y Carolina Losada y lanzó que "puede ser del narcotráfico, la justicia electoral tiene que investigar".

Hasta el momento, se desconoce si la denuncia pública de la líder de la Coalición Cívica se tradujo en algo más.