El Gobierno postergó nuevamente la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y del impuesto al dióxido de carbono.
El Ejecutivo trasladó hasta el 1° de octubre la aplicación del aumento pendiente en el impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil
Al mismo tiempo, extendió hasta el 30 de septiembre los montos impositivos que rigieron durante agosto.
Lo hizo mediante el Decreto 829/2026, publicado este lunes 31 de agosto en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Diego Santilli.
La norma modificó el Decreto 617/2025 y estableció que el incremento total pendiente, correspondiente a las actualizaciones de 2024 y 2025 y a las del primer y segundo trimestre de 2026, comenzará a aplicarse a partir del 1° de octubre de 2026.
Según la norma, esos montos fijos se actualizan cada trimestre en base al índice de precios al consumidor que difunde el INDEC.
El texto explica que, mes a mes, distintas normas fueron postergando sucesivamente los efectos de esas actualizaciones para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, evitando así el traslado inmediato a los surtidores.
El objetivo de esta dinámica es quitar presión a la inflación, que en julio se aceleró al 2,1%, y moderar el impacto directo de la suba de los impuestos a los combustibles en el bolsillo de los consumidores.
Vale destacar que, a diferencia de otros meses en que el Ejecutivo aplicó alzas parciales, esta vez el diferimiento fue total.
La decisión responde al objetivo de sostener el crecimiento económico.
“Resulta necesario diferir los incrementos remanentes con el propósito de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, argumenta el texto.
Postergación de aumentos: el por qué de la estrategia del Gobierno
La estrategia que el Gobierno llevo a cabo desde hace ya meses con el objetivo de postergar los aumentos a los impuestos a los combustibles y reducir el impacto en la inflación tuvo un impacto significativo en las cuentas públicas, ya que el Estado ya resignó ingresos fiscales por más de u$s 2.100 millones entre enero y noviembre de 2025 para contener los precios finales.
A pesar de los incrementos autorizados durante la actual gestión, la carga tributaria indirecta en las naftas es todavía un 34% menor que en 2018, lo que representa una reducción real del 47% en el valor del impuesto respecto a marzo de aquel año.
El retraso acumulado se originó principalmente durante los últimos dos años de la gestión de Alberto Fernández, quien mantuvo los tributos congelados de forma sistemática para evitar su traslado al Índice de Precios al Consumidor.
En la práctica, la administración de Javier Milei pasó de un intento de normalización inicial a una política de ajustes mensuales limitados, priorizando la estabilidad macroeconómica y la reducción de la inflación sobre la meta de recaudación inmediata.
Según informes privados, esta política de diferimiento permite que, en términos reales, llenar un tanque de combustible cueste hoy un 7,8% menos que el promedio registrado durante el gobierno anterior.
No obstante, el Gobierno enfrenta el desafío de equilibrar este “sacrificio fiscal” con la necesidad de mantener un sendero fiscal sostenible, en un contexto donde las ventas de combustibles registran caídas interanuales de hasta el 8,8%.
