Fuentes de La Libertad Avanza confirmaron a El Cronista que ya comenzaron a activarse los preparativos de la mesa consultiva que organiza la senadora Patricia Bullrich y sus allegados para comenzar a debatir y sellar el proyecto de modernización laboral que el presidente Javier Milei quiere impulsar en febrero, durante el segundo tramo de sesiones extraordinarias.
A partir de este viernes 16 hasta el 26 de enero se abrirá lo que la exministra de Seguridad Nacional denominó como una “comisión técnica” que va a estar a cargo de Josefina Tajes, una abogada laboralista y asesora de LLA en el Senado, con el objetivo de pulir el dictamen de la reforma para que llegue al recinto en consenso mayoritario.
“Vamos a trabajar con los asesores desde el lunes 19 junto a los bloques dialoguistas”, precisó además un senador ante la consulta de este medio. El bloque masivo que reúne los consensos de la ministra básicamente consiste en las 44 bancas que no pertenecen al interbloque peronista opositor de José Mayans, abroquelados al menos en predisposición a las iniciativas del oficialismo.
El objetivo del Gobierno es aprobar la reforma laboral entre el 10 y el 11 de febrero. La senadora bullrichista y recientemente incorporada al bloque libertario, Carmen Álvarez Rivero, también estuvo trabajando durante estas horas para conformar la mesa consultiva informal, mientras que Bullrich mantuvo contactos esta semana con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por la reforma laboral, según pudo saber El Cronista.
La idea es que distintos especialistas y actores políticos formen parte del debate, aunque la Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó sumarse a la comisión. “Nosotros como CGT no vamos a convalidar un proyecto que ya está dictaminado y afecta derechos laborales sin nuestro acuerdo", descartaron sus líderes.
No obstante, el diálogo de la cúpula es permanente, especialmente en lo que refiere a los artículos que afectan la caja sindical. Los interlocutores de la central gremial también agilizaron contactos con gobernadores y legisladores para atenuar esos efectos y desde el oficialismo, si bien no prevén grandes cambios, dan por sentado que darán lugar a modificaciones.
Luego de que Sturzenegger, quien funciona como el “policía malo” anti-sindical del Gobierno, haya planteado una posición inicial con el texto original, se espera que el “ala política” del Ejecutivo flexibilice ciertos aspectos que perjudican de lleno la billetera gremial, como es la eliminación de la obligatoriedad de los aportes y la reglamentación del derecho a huelga.
Los mediadores en ese sentido, que defienden ante todo consensuar una “ley posible” antes que ir a por todo, es el asesor presidencial Santiago Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli. No obstante, desde el oficialismo marcan un límite en cuanto al margen de modificaciones que se permitirán.
“Lo que queremos es que sea una reforma que sirva. Muchas veces se discute tanto que terminas en el mismo punto en el que arrancaste, eso no lo vamos a aceptar. Para dejar todo como está, nos quedamos como estamos. El único objetivo que tenemos es que sea mucho mejor que lo que hay", dijo este fin de semana Bullrich en diálogo con La Capital, el diario marplatense, durante su paso por la costa.
Todos ellos, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirán el mismo viernes en lo que será el primer encuentro del año de la Mesa Política Nacional que encabeza el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por lo que el debut de la comisión extraoficial de Bullrich tendrá como antesala las primeras definiciones estratégicas de la cúpula gubernamental con respecto de las negociaciones.
En el mientras tanto, Santilli también tiene en agenda una serie de reuniones con mandatarios provinciales que tienen como objetivo central, además de profundizar la relación con los gobernadores, conseguir los consensos para el proyecto laboral. Este jueves viajó a Mendoza para reunirse con Alfredo Cornejo, y a San Juan, para encontrarse con Marcelo Orrego.
Además, mañana se reunirá en la Casa Rosada con el pampeano Sergio Ziliotto, tras reprogramar la bilateral prevista para el martes pasado, y el lunes comenzará la semana en Salta, donde tendrá un mano a mano con el gobernador Gustavo Sáenz.
Puntualmente, los mandatarios pusieron en duda el artículo 191, que reduce las alícuotas del impuesto a las Ganancias ya que afectaría la coparticipación de las provincias -el 60% del tributo es coparticipable-. Según sus advertencias, el tema podría implicar una pérdida anual de más de $8 mil millones de recaudación.
En este sentido, El Cronista contó que algunos ven con buenos ojos desdoblar la reforma laboral de la cuestión impositiva para poder tratar ambas cuestiones por separado. “Que se haga cargo el gobierno nacional de la reforma impositiva, solo en el año 2026 en la primera etapa y lo pase para el 2027 o 28″, afirmó una voz mendocina en diálogo con este medio.
Otro punto cuestionado también por el radicalismo, además de los sindicales, es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiaría por el aporte del 3% obligatorio que hoy los empleadores destinan a la seguridad social para tener un ahorro asegurado a la hora de pagar las indemnizaciones.
Los cuestionamientos abordan el potencial desfinanciamiento de la seguridad social, aunque fuentes del Ejecutivo lo descartan de cuajo: “Si Economía dispuso que el Estado puede hacer el esfuerzo, es porque se puede”, aseguran. Además, funcionarios de alto rango descartaron ante El Cronista que vaya a afectar a las jubilaciones.
