La jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, logró dictamen para la nueva ley de biocombustibles y busca llevarla al recinto el próximo 17 de septiembre. El oficialismo logró acercar posiciones con los legisladores de las provincias productoras de bioetanol, pero todavía enfrenta la resistencia de las pymes del biodiésel y algunos anticipan cambios en el recinto.
Después de las presiones de los bloques provinciales, el oficialismo introdujo ayer modificaciones en el capítulo referido al biodiésel e incluso se llegó a ampliar las modificaciones esta mañana a último momento.
El nuevo texto consiguió el respaldo de los legisladores vinculados con el sector del bioetanol, entre ellos Flavia Royón, quienes dieron el visto bueno a la negociación encabezada por Bullrich y encaminaron la mayoría.
Aun así, anticiparon que la discusión no está cerrada. Voces allegadas a las pymes confirmaron a El Cronista que no están conformes con las modificaciones. “Sale algo sobre las pymes del biodiésel sin el acuerdo de las provincias que lo hacen”, cuestionó ante El Cronista una voz clave del sector.
En este sentido, la propia Flavia Royón anticipó que podría haber cambios en el recinto.
“Acá lo importante es que tenemos un dictamen, y que con ese dictamen podamos ir a debatirlo en sesión. Puede haber modificaciones en el recinto”, afirmó la presidenta de la Comisión de Minería en diálogo con este medio.
Esta posición fue negada rotundamente por otra voz en off del Senado que responde a otros gobernadores del Norte Grande. “De ninguna manera va a haber modificaciones en el recinto. Esto ya se modificó, la mejor ley es cuando todos estamos incómodos”, afirmó dicha fuente.
En este sentido, el sector del bioetanol sostuvo que de querer embarrar la cancha en el recinto, se retiraba el capítulo del biodiésel.
Las modificaciones alcanzadas
Las primeras modificaciones incluyeron mantener el corte de biodiésel en el 7,5% en un principio y subiría al 10% doce meses después de la entrada en vigencia de la ley. Durante la primera etapa, las empresas no integradas conservarían la totalidad del mercado obligatorio.
Cuando el corte alcance el 10%, esas compañías tendrían reservado un 6,5% hasta fines de 2028. La participación bajaría al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y al 3% en 2031. En paralelo, el segmento de libre negociación, abierto también a las grandes aceiteras integradas, crecería desde el 3,5% hasta el 7%.
El cambio representa una mejora respecto de la versión anterior, que otorgaba a las no integradas un 5% al comenzar la apertura y reducía su participación al 3% en 2030. El nuevo texto agrega un año de transición y eleva los porcentajes de los primeros tramos. También dispone que ninguna empresa ni grupo económico pueda concentrar más del 14% del segmento reservado.
Sin embargo, dichas modificaciones no fueron suficientes. Al comienzo de la jornada en el oficialismo primaba el nerviosismo y las acusaciones cruzadas a los aliados de comprometerse y desdecirse.
“Las pymes siguen presionando”, aseguró una voz allegada a los voceros del proyecto oficialista.
En este sentido, se introdujo un nuevo cambio clave como guiño a senadores como Flavia Royón.
En este sentido, se extendió el cupo para que las no integradas tengan 15 años de gracia, hasta el año 2036.
Además, entre los cambios incorporados al dictamen se sumó un pedido del senador fueguino Agustín Coto. El texto incluirá una definición de “zonas frías patagónicas” y en dichas zonas se exigirá el cumplimiento de la norma IRAM correspondiente.
El argumento de Coto es que el combustible con los nuevos porcentajes de corte no funciona bien a temperaturas muy bajas, se gelifica y tapa filtros, un problema que afecta directamente a provincias como Tierra del Fuego y Santa Cruz. El planteo fue aceptado por el resto de los senadores y quedó incluido en el dictamen.
A pesar de los cambios, la senadora Alejandra Vigo que responde a Córdoba acompañó el dictamen, pero firmó en disidencia con el 3% que se les da a las pymes no integradas hasta el año 2036. Para dicha legisladora, el 3% es un piso muy bajo para las pymes.
Desde el Justicialismo darán su propio dictamen, pero acompañarán subir el corte y los años para aplicar dicha ley.
La mirada de las Pymes
Las empresas consideran que los cambios sólo postergan el problema porque mantienen la reducción progresiva de la participación protegida.
Para el sector, el esquema continúa siendo un “cronograma de extinción”: al final de la transición, las plantas deberán competir con las grandes aceiteras integradas o quedarán limitadas a un segmento marginal.
Algunos senadores buscan que el cupo del 3% permanezca después de 2031, pero las empresas consideran insuficiente esa alternativa. Este punto quedó fuera del debate gracias a un acuerdo entre el oficialismo y los aliados.
Según estimaron fuentes del sector, si con el 7,5% actual funcionan 25 plantas, una reserva del 3% permitiría sostener apenas ocho o nueve.
Kicillof se sumó al rechazo de las pymes
En la antesala del debate, este miércoles, representantes de las pymes bonaerenses nucleadas en CEPREB se reunieron con el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, para reclamar que la provincia rechace el proyecto de Bullrich.
Buenos Aires cuenta con diez plantas radicadas en Ramallo, Pilar, Junín, Daireaux, Bahía Blanca y Saladillo. Según la cámara, producen más de 345.000 toneladas anuales, por un valor superior a u$s 400 millones, y sostienen alrededor de 3500 empleos y la actividad de 96 extrusoras de soja.
Kicillof se comprometió a defender la continuidad de las empresas y a plantear el reclamo ante otros gobernadores y espacios políticos. Las pymes sostienen que la disputa supera el mantenimiento de un cupo: el aceite de soja representa aproximadamente el 80% del costo del biodiésel y está controlado por los mismos grupos integrados con los que deberían competir.
A esa diferencia se suma la localización. Mientras las grandes aceiteras están próximas a la materia prima y los puertos del Gran Rosario, las plantas regionales deben afrontar cientos de kilómetros de transporte.
CEPREB propone elevar el corte al 12,5% y reservar cinco puntos para las pymes regionales. Considera que extender la transición hasta 2031 no resuelve esa desventaja y advierte que, sin un segmento permanente, la apertura podría concentrar la producción en seis grandes aceiteras.
Cómo quedó finalmente el proyecto
El dictamen acordado establece un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles por 15 años y dispone la derogación de la actual Ley 27.640.
La Secretaría de Energía quedará como autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la regulación, fiscalización y definición de los volúmenes necesarios para cumplir con los cortes obligatorios.
En el caso del biodiésel, el corte se mantendrá inicialmente en el 7,5% y aumentará al 10% doce meses después de la sanción de la ley. Durante la primera etapa, las empresas no integradas conservarán la totalidad del mercado obligatorio.
Una vez que el corte llegue al 10%, las pymes no integradas tendrán reservado un 6,5% hasta fines de 2028, mientras que el 3,5% restante quedará abierto a la libre negociación entre empresas integradas y no integradas. La participación protegida bajará al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y al 3% en 2031. En paralelo, el segmento abierto aumentará progresivamente hasta alcanzar el 7%.
El principal cambio incorporado durante la negociación aparece a partir de 2032. Desde ese momento y durante todo el plazo de vigencia de la ley, el 30% del volumen correspondiente al corte obligatorio quedará reservado exclusivamente para las empresas no integradas. Con un corte total del 10%, esa participación equivale a tres puntos porcentuales.
El otro 70% del corte obligatorio quedará bajo un régimen de libre negociación, en el que podrán participar tanto las grandes aceiteras integradas como las compañías no integradas. De esta manera, el dictamen garantiza la continuidad de un segmento protegido para las pymes, pero mantiene el proceso de apertura cuestionado por el sector.
Además, si en el futuro la Secretaría de Energía eleva el corte por encima del 10%, las empresas no integradas conservarán como mínimo el 30% del volumen total obligatorio y nunca podrán recibir una participación inferior a tres puntos porcentuales.
Dentro del segmento reservado, ninguna empresa ni grupo económico podrá concentrar más del 14% del biodiésel asignado o comercializado durante cada año. Tampoco podrá recibir un volumen superior a su capacidad instalada registrada. La autoridad de aplicación podrá, además, organizar regiones de negociación para reducir los costos logísticos.
La comercialización se realizará mediante subastas en un mercado electrónico único, transparente y de acceso público, operado por un organismo independiente. También podrán celebrarse contratos a término entre productores y mezcladores, con precios, plazos y condiciones acordados libremente. Esas operaciones deberán ser informadas a la Secretaría de Energía.
Qué se acordó para el bioetanol
Para el bioetanol, el dictamen establece un corte inicial del 12%, que aumentará al 15% después de los primeros doce meses. Durante los 15 años de vigencia de la ley se mantendrá una participación garantizada del 6% para el bioetanol elaborado con caña de azúcar y otro 6% para el producido con maíz.
Los tres puntos adicionales necesarios para alcanzar el corte del 15% no tendrán una materia prima predeterminada. Podrán ser cubiertos con bioetanol producido a partir de cereales, caña de azúcar, biomasa forestal u otros insumos admitidos por la ley.
Como parte del acuerdo con los representantes de las provincias productoras, el texto también establece que ninguna empresa podrá concentrar más del 20% del bioetanol comercializado anualmente para cumplir con el corte obligatorio.
