A la espera de una definición de la Corte de Estados Unidos, la Argentina preserva un tratamiento preferencial dentro del nuevo esquema arancelario que implementó la administración Donald Trump en un contexto de creciente proteccionismo.
Así lo señala un informe elaborado por AmCham Argentina, que analiza el impacto de las recientes modificaciones en la política comercial estadounidense y sus implicancias para la relación bilateral.
Desde abril de 2025, Estados Unidos aplica un arancel general del 10% a las importaciones, acompañado de sobretasas que pueden llegar hasta el 50% para determinados países.
Sin embargo, el acuerdo alcanzado con Argentina garantiza que las exportaciones nacionales no enfrenten gravámenes superiores al arancel base, una condición que coloca al país en una situación relativamente más competitiva respecto de otros proveedores del mercado estadounidense.
El informe destaca que, pese a los cuestionamientos judiciales que recibió el esquema arancelario en Estados Unidos, la administración norteamericana encontró nuevos mecanismos legales para sostener su estrategia comercial y avanzar con investigaciones específicas sobre prácticas consideradas desleales, como subsidios, propiedad intelectual, comercio digital y trabajo forzoso.
En ese sentido, Argentina figura entre los países alcanzados por estas investigaciones. Aunque AmCham señala que no se prevén cambios significativos en el tratamiento comercial otorgado al país, el tema e sparte de los compromisos firmados.
Más que un acuerdo comercial
A la par de los beneficios comerciales, uno de los aspectos centrales del entendimiento son los compromisos de cooperación en materia de propiedad intelectual, estándares laborales e inversiones estratégicas.
Entre ellos, Argentina asumió el compromiso de avanzar en la adhesión a tratados internacionales sobre patentes y protección de variedades vegetales, además de fortalecer los mecanismos para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso, en línea con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por su parte, Estados Unidos se comprometió a promover el financiamiento de proyectos estratégicos —especialmente vinculados a la minería— mediante organismos como el EXIM Bank y la U.S. International Development Finance Corporation (DFC), lo que podría ampliar el acceso de empresas argentinas a fuentes de crédito e inversión para proyectos de litio, cobre y otros minerales críticos.
Una ventaja relativa
Aunque el arancel del 10% representa un costo adicional para las exportaciones argentinas, la visión de AmCham es positiva; sostiene que el escenario resulta relativamente favorable si se compara con el tratamiento que reciben otros socios comerciales de Estados Unidos.
En ese contexto, la principal ventaja para Argentina es la previsibilidad: el acuerdo bilateral reduce el riesgo de enfrentar nuevas sobretasas y brinda un marco más estable para el comercio y las inversiones, en un momento en que la política comercial estadounidense continúa redefiniéndose.
Aun así, el desafío para no perder el beneficio es clave: será cumplir con los compromisos regulatorios asumidos y mantener los estándares exigidos por Washington para conservar ese acceso preferencial al mercado estadounidense.
El acuerdo bilateral firmado entre ambos países no sólo contempla cuestiones arancelarias. También incorpora compromisos regulatorios.
El principal de ellos es que Argentina deberá implementar mecanismos efectivos para prohibir la importación de bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso, de acuerdo con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Según la Fundación INAI, si bien el país cuenta con una legislación amplia para combatir el trabajo forzoso dentro de su territorio, todavía no dispone de herramientas específicas para impedir el ingreso de mercaderías provenientes del exterior elaboradas bajo esas condiciones, un aspecto que Estados Unidos comenzó a investigar en 60 países, incluida la Argentina.
