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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió a rechazar las críticas por el cierre durante más de una semana de la sala de periodistas acreditados en la Casa Rosada y defendió la implementación de un nuevo protocolo de funcionamiento, que —según afirmó— responde a criterios de seguridad y cumplimiento normativo.
“Después de una semana de evaluación, Casa Militar, en conjunto con la Secretaría de Comunicación y Medios, adoptó un nuevo protocolo. Esto es hacer cumplir la normativa. No es censurar la libertad de expresión, no es amenazar al periodismo, no es construir un helicoide para silenciar voces disidentes”, sostuvo en conferencia de prensa.
El funcionario remarcó que el Gobierno de Javier Milei se mantiene “plenamente a favor de la libertad de prensa” y fue más allá al asegurar que la actual administración es la que “más ha impulsado” ese principio en los últimos años.
En ese sentido, buscó marcar un límite entre el ejercicio del periodismo y las condiciones de seguridad dentro de la sede gubernamental. “Pero no vamos a permitir de ninguna manera que detrás de ella se cometan actos que pongan en riesgo la seguridad nacional”, advirtió.
Adorni insistió en que, bajo la actual gestión, los medios cuentan con mayores márgenes de expresión que en etapas anteriores. “Bajo ningún otro Gobierno han tenido tanta libertad para decir lo que quieran, cuando quieran y dónde quieran”, afirmó.
Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y sectores del periodismo acreditado, que cuestionaron la decisión de restringir el acceso a espacios habituales de trabajo dentro de la Casa Rosada.
Y suma un nuevo capítulo a la relación entre el Gobierno y la prensa, en un momento donde el oficialismo busca sostener su narrativa de apertura mientras enfrenta cuestionamientos por decisiones operativas dentro de la sede presidencial.
Patrimonio de Adorni: qué dijo el nuevo testigo en la causa
Consultado por la investigación judicial que lo involucra —radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo y bajo la instrucción del fiscal Gerardo Pollicita— el jefe de Gabinete evitó pronunciarse. La causa indaga sobre viajes al exterior y la adquisición de inmuebles no declarados, pero el funcionario optó por no responder preguntas vinculadas a ese expediente.
Por la mañana, se presentó ante el fiscal Gerardo Pollicita el contratista que llevó adelante las refacciones en la casa que tiene Manuel Adorni en el country Indio Cua, Matías Tabar. Confirmó en su declaración ante la Justicia que recibió u$s 245.000 en efectivo para realizar su trabajo.
Como socio del grupo Alta Arquitectura a cargo de las obras en la casa del jefe de Gabinete en esa localidad, Tabar fue llamado a indagatoria ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, como parte de la ronda de testimonios que se suceden en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de parte del funcionario nacional.
En su declaración, Tabar señaló que las reformas incluyeron la realización de pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín del inmueble. Esa obra determinó un monto significativamente superior a los u$s 120.000 que Adorni habría pagado originalmente por la compra de la vivienda.
Posteriormente, confirmó que dichas obras se realizaron en un lote de 400 metros cuadrados, en un periodo de diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025.
Durante su presentación en los tribunales de Comodoro Py, el contratista entregó documentación que incluye presupuestos, contratos y facturas para completar y fundamentar su declaración ante Pollicita.
Asimismo, dejó su teléfono celular a disposición de la Justicia para que sea sometido a peritaje, con el objetivo de analizar las comunicaciones que realizó tanto con el jefe de Gabinete como con su esposa Bettina Angeletti.
Desde el entorno del jefe de Gabinete dicen que es una cifra “exagerada” y desmienten que se corresponda con las refacciones realizadas a la casa del country. Y evalúan solicitar una pericia para determinar con exactitud su valor. Incluso amenazan con denunciar al responsable de la obra por no entregar la factura final.
El miércoles deberá declarar por primera vez Leandro Miano, hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas que le habría prestado dinero al jefe de Gabinete y que es socio de Pablo Martín Feijoo, hijo de la segunda jubilada acreedora y gestor de la compraventa del departamento adquirido por Adorni en Caballito quien ya declaró hace dos semanas
Miano deberá presentar su celular, además de facturas y tickets vinculados al pago de expensas y refacciones de la propiedad de Caballito, para verificar si los pagos se realizaron según lo declarado.
