Tras el “liberation day” que generó una ola arancelaria en casi todo el continente, el presidente Javier Milei logró convertirse en el primer país “grande” de América latina en rubricar un acuerdo de comercio para retrotraer los impuestos que aumentó Donald Trump.
El documento, no es equivalente al Tratado de Libe Comercio (TLC) que prometió Milei, sin embargo, incluye algunos estándares -compromisos recíprocos y prácticas regulatorias- en pos de facilitar el comercio entre ambos países y, particularmente, la llegada de capitales de Estados Unidos en sectores claves como energía, minería, agro y tecnología.
A la par de las ventajas económicas que destacan quienes tallaron el texto “histórico” es, claramente, una señal geopolítica y un apoyo directo de Trump a Milei en plena guerra comercial con China.
Frente a la mala reputación que mostró la Argentina en el comercio internacional el “ARTI” -como lo denominan quienes lo elaboraron, en referencia a las siglas en inglés de Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos-, es interpretado como un “ancla” económica y de credibilidad para atraer inversiones y competir con países de alto nivel; aun así, queda pendiente la liberación del “cepo” para que las compañías puedan girar divisas al exterior.
Si bien cala en un universo productivo amplísimo, con 1675 líneas de códigos arancelarios, sin límites de cantidades, existen sectores sensibles que deberán esperar.
Baja de aranceles
Entre los aranceles que bajan de forma inmediata se destacan oro y minerales, medicamentos, vitaminas, hormonas no patentadas, frutas tropicales (mangos), zumos cítricos, frutas congeladas, productos de madera de corcho, animales vivos, plantas selectas, flores cortadas, té verde, negro, mate, especias, ciertos aceites, ceras, alimentos preparados y piezas para aeronaves
En cambio, en el caso del acero y aluminio, la cancillería argentina ya expresó que el Gobierno de los Estados Unidos “ratificó” su compromiso de revisar oportunamente estos aranceles, establecidos en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de ese país.
Aunque con un panorama más factible en el corto plazo, en el mismo lugar quedó la carne. Si bien el comunicado local asegura que “Estados Unidos concederá una ampliación sin precedentes a 100.000 toneladas para el acceso preferencial de la carne bovina a su mercado”, la discusión se teje por afuera del ARTI.
De manera paralela al acuerdo, los gobiernos han acordado un acceso recíproco y mejorado al mercado para la carne, sin embargo, este paso se gestionará mediante acción ejecutiva por parte de Estados Unidos, ya que los aranceles y cuotas de carne no son recíprocos y, por lo tanto, no están incluidos en el texto del acuerdo principal.
En concreto, el acuerdo retrotrae las alícuotas arancelarias a octubre de 2025, antes que Trump le sume un 10% a las posiciones que ingresaban desde Argentina a EE.UU, y se apoya en el principio de nación más favorecida (NMF). Este concepto exige a los países tratar a todos sus socios comerciales por igual, extendiendo automáticamente cualquier concesión, arancel bajo o ventaja otorgada a uno a todos los demás miembros de la OMC.
Por su parte, la Argentina eliminará aranceles para 221 posiciones entre las que el Gobierno destacó máquinas, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos.
A la par, se reducirá al 2% otras 20 posiciones, principalmente autopartes, y otorgará cuotas para vehículos, carne y otros productos agrícolas.
Plazos y pendientes
En los papeles, el acuerdo debe entrar en vigencia 60 días después de la ratificación de ambas partes. Una vez que el presidente Trump lo rubrique y, en Argentina, tras pasar por el Congreso.
Además del impacto directo de la baja de aranceles, el acuerdo aborda otras reducciones de costos y de burocracia, desde la eliminación de la tasa estadística a las importaciones (3%) hasta el requerimiento de sellos en dependencias públicas.
El acuerdo acepta las aprobaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para tratamientos médicos. Esto reducirá el tiempo que tardan los pacientes argentinos en acceder a nuevos medicamentos, que actualmente puede ser de años.
En cambio, organismos como SENASA o ANMAT no serán convalidados en EE.UU. ya que no cumplen con el estándar internacional.
Del mismo modo, la Argentina aceptará normas de seguridad de vehículos estadounidenses, lo que puede evitar costos, ensayos y pruebas duplicadas, no recibirán el mismo trato las unidades fabricadas localmente.
Entre los sectores beneficiados, se destaca el de minerales críticos con incentivos a la inversión estadounidense. Con el eje en contrastar el peso del capital de China en el país, el acuerdo establece que Argentina priorizará a Estados Unidos como socio comercial de inversión para el cobre, litio y otros minerales críticos frente a “economías o empresas que manipulan” el mercado. El punto incluye productos en bruto, procesados y terminados.
Un aspecto que será motivo de debate es el de uso seguro de tecnología para la transferencia de datos, vinculado al desarrollo de innovación y telecomunicaciones. Aunque no especifica los requisitos, el acuerdo implica un compromiso por parte de Argentina para mejorar sus estándares de seguridad en este ámbito.
Otro capítulo intenso es el de propiedad intelectual, con el foco en el desarrollo de industrias como la agrícola y la biotecnología. En este sentido, la Argentina se compromete a presentar para votación de ratificación el tratado de cooperación en materia de patentes, lo que hará más barato y fácil para los inventores argentinos llevar sus innovaciones a mercados extranjeros.
Además, Argentina deberá derogará resoluciones conjuntas sobre biotecnología y farmacéutica que limitan las protecciones de patentes.
Por último, un tema que deberá afrontar la Argentina es el de “no importar bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio”.
A nivel local, sectores industriales reclaman que gran volumen de bienes de consumo ingresan al país de países donde no existen leyes que protejan a los trabajadores, lo que actúa como competencia desleal.
De forma expresa el acuerdo indica que para determinar estos destinos la Argentina puede basarse en los estándares y definiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y utilizar las determinaciones de empresas que ya han sido investigadas por EE.UU.
