A la sombra del clima electoral, el gobierno de Javier Milei acelera el camino a la privatización de más de diez empresas públicas. A principio de mes ya se habían designado a los presidentes de la Comisión bicameral en el Congreso y en las últimas horas se definió al resto de sus integrantes.

Las empresas en la línea son aquellas que fueron apuntadas en la Ley Bases y algunas otras privatizaciones parciales a través de decretos de necesidad y urgencia. La última de estas fue la empresa que controla las centrales nucleares argentinas, Nucleoeléctrica Argentina, de la cual se definió vender el 44% de sus acciones al sector privado.

Para seguir con el plan, el oficialismo activó la Comisión Bicameral que tendrá en sus manos el destino de Intercargo, Corredores Viales, AySA, Enarsa, Belgrano Cargas y las represas del Comahue. Además, están incluidas Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Trenes Argentinos.

Según detalló la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, "todas están en un grado de avance" pero el llamado a licitación se hará recién a fin de año. El primero de este mes se publicó en el Boletín Oficial del Senado la designación que activa la Comisión Bicameral de Seguimientos de las Privatizaciones.

El Decreto 83/2025 del Senado nombró a dos senadores de Unión por la Patria, Mariano Recalde y Juliana Di Tullio. Además, en la misma estarán los senadores Carlos Espínola (Unión Federal), Eduardo Vischi (UCR), Bruno Olivera Lucero (LLA) y Juan Carlos Romero (Cambio Federal)

La lista se completa con seis diputados: Victoria Borrego (CC), Florencia Carginano (UP), Pablo Cervi (Liga del Interior), Facundo Llano (LLA), Ana María Ianni (UP) y Diego Santilli.

La presidencia de las comisiones bicamerales rota entre Diputados y Senado. En este turno, el cargo debería ser para un senador y se espera que quede en manos de la oposición.

Un punto clave es que de los seis diputados que están en la Comisión, tres terminan su mandato el 9 de diciembre. Lo mismo pasa con los seis senadores. En total serán nueve de los doce legisladores que serán cambiados antes del 10 de diciembre.

La última privatización en marcha

El Gobierno nacional dio un paso definitivo en su plan de transformación de empresas públicas al publicar a principios de mes en el Boletín Oficial el Decreto 695/24. Establece la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.

La medida marca un hito en la política energética del país al abrir por primera vez la posibilidad de inversión privada en el sector nuclear argentino. El decreto habilita la venta del 49% de las acciones de NA-SA bajo el marco de la Ley Bases 27.742, garantizando que el Estado mantendrá el control mayoritario de la compañía estratégica.

Del porcentaje que saldrá al mercado, el 44% será ofrecido "en bloque" mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional, mientras que el 5% restante quedará reservado para los trabajadores de la empresa a través del Programa de Propiedad Participada (PPP).

La operación estará bajo la órbita del Ministerio de Economía, que actuará con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria denominada "Agencia de Transformación de Empresas Públicas".

En este sentido, el ministro de Economía Luis Caputo fue designado como autoridad de aplicación, con facultades para dictar todas las normas operativas necesarias para ejecutar el proceso de venta.

Paralelamente, el presidente de dicha empresa, Demian Reidel, prepara nuevos proyectos junto a algunos gobernadores como Ignacio "Nacho" Torres, de Chubut, donde por ejemplo quiere crear una subsidiaria de YPF llamada "YPF Nuclear" para que controle las minas de uranio en esa provincia.