A comienzos de la década de los 90 y bajo la presión o estrés que sobre el costo argentino ocasionaba el régimen de convertibilidad y la apreciación del peso, algunos economistas sintieron urgente revisar el régimen tributario con vistas a resolver la pesada mochila del costo argentino sobre la inversión y la creación de empleo, mientras tardaban en llegar los efectos de la desregulación de los mercados. Los abordajes o propuestas eran más o menos generales y apuntaban a los impuestos a los ingresos brutos. Pero una propuesta sobre todas aparecía como distintiva, porque apuntaba de un modo directo a resolver el problema del costo laboral y la creación de empleo y lo combinaba con la creación de impuestos a externalidades medioambientales, que se podía probar que tenían -a diferencia del empleo- una carga tributaria inferior a la adecuada por razones de eficiencia social.

Esta propuesta fue hecha por el entonces economista jefe de FIEL Ricardo López Murphy y constituye, a mi juicio, una de las contribuciones históricas más notables al debate nacional sobre el sistema tributario. A pesar de que trabajábamos por entonces en diferentes lugares, yo conocía a Ricardo desde hacía varios años atrás, cuando fue mi profesor junto al genial y ecléctico Adolfo Sturzenegger en una de las principales materias de la carrera de economista en La Plata. Además de aprender mucha política económica con Ricardo, recibí de su parte la mejor amistad a la que se puede aspirar, basada en educación, respeto y en principios a debatir.

Volviendo al tema central de esta nota, la genial contribución de Ricardo de hace más de tres décadas fue la de llevar al debate del caso argentino la idea de un rebalanceo entre impuestos al trabajo e impuestos a las emisiones contaminantes vinculadas con el consumo de combustibles fósiles. Lo notable es que esa idea recién acababa de empezar a ser debatida en ámbitos académicos y de política económica del primer mundo, lo que muestra la gran conexión de López Murphy con un debate que anticipaba lo que iba a estar ocurriendo en décadas siguientes en materia de búsqueda de mayor empleo y corrección de efectos externos vinculados al cambio climático. La reforma propuesta consistía en reducir impuestos al trabajo vinculados a los aportes patronales contenidos en esa tributación y reemplazar el fondeo proveniente de los mismos al sistema de seguridad social por mayores impuestos a los combustibles líquidos.

Las reformas siempre tienen costos y beneficios que evaluar. Pero esta reforma se había hecho notoria porque generaba un "doble dividendo" -así se lo llamaba entonces en la recién naciente literatura técnica sobre el tema- porque provocaba una ganancia en el empleo no contra un costo sino contra una ganancia al controlarse el efecto externo del uso de combustibles, es decir que un impuesto a los combustibles no genera costos sino también beneficios de control ambiental. En rigor, iban a existir, de todos modos, efectos colaterales que iban a reclamar correcciones adyacentes, porque el mayor precio de los combustibles dado por los impuestos iba a impactar en el costo de transporte tanto de empresas como de hogares. Este punto, vale decirlo, también anticipaba en décadas a la literatura actual sobre el impacto distributivo del impuesto al carbono.

¿Cómo sería la propuesta innovadora de López Murphy traída al presente del caso argentino? Existen diversas variantes posibles que dependen de instrumentos y magnitudes, dando lugar a diferentes simulaciones que escapan al motivo central de esta nota, que es hacer el reconocimiento a una reforma que vale la pena poner en la proa de un debate moderno y reconocer debidamente los derechos de autor de la propuesta, algo que se olvida muchas veces.

La esencia de la reforma consiste en eliminar los aportes patronales con la introducción de un mínimo no imponible que podría estar en el valor medio del salario formal del sector de servicios o comercio, y al mismo tiempo, definir una tasa sobre los impuestos a los combustibles tal que compense el fondeo del sistema previsional. Esto dejaría esencialmente exento de aportes al sector de servicios, mientras que su efecto sobre empleos formales de salarios más altos sería más acotado. Magnitudes que justifiquen el aumento de los impuestos a los combustibles se encuentran disponibles en varios trabajos del FMI en la materia, que brindan los datos del caso argentino. Luego se agregaría un conjunto de medidas auxiliares que aborden impactos no deseados o el tratamiento de la tributación a formas de energía competitivas (dada la importancia de la sustitución entre ellas, en la era de la transición energética).

Para finalizar, decimos que existen pocas reformas que, aunque no hayan sido implementadas, con el tiempo se vuelven todavía más relevantes que antes. No pasan de moda, anticipan la moda. La propuesta pionera de Ricardo López Murphy es una de ellas, por excelencia. Aparece como una reforma fundamental en un contexto de fatiga en la creación de empleo y frente los cambios estructurales que miran al sector servicios que, al decir de Dani Rodrik en la reciente conferencia anual del Boletín Techint, ha pasado a ser uno de los grandes temas contemporáneos. Más para un país como Argentina que, frente al ayuno conceptual en materia de perfil o estructura productiva inclusiva que prevalece, necesita empujar la creación de empleo, dado que los motores basados en recursos naturales no van a aportar lo que la sociedad y la eficiencia de la economía requieren en materia de empleo. Las urnas, que transmiten mensajes de "sabiduría de masas" (al decir de Sir Francis Galton, hace 120 años) ya han empezado a reclamar esto. El empleo es el antídoto fundamental de los males sociales.