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El Banco Central avanzó con una nueva actualización regulatoria para el ecosistema fintech que redefine las condiciones de operación de los proveedores de servicios de pago (PSP), eleva los estándares de cumplimiento y formaliza modelos de negocio que hasta ahora funcionaban sin un encuadre específico.
A través de la Comunicación “A” 8432, publicada el 30 de abril, la autoridad monetaria introdujo cambios que impactan sobre billeteras digitales y plataformas que ofrecen cuentas de pago, en un mercado que creció de forma acelerada en los últimos años. El nuevo esquema apunta a reforzar la trazabilidad operativa, la supervisión regulatoria y los controles sobre los actores que participan del sistema de pagos.
El BCRA crea la figura de “PSPCP como Servicio”
Uno de los cambios centrales es la incorporación de una nueva categoría regulatoria: el “PSPCP como Servicio”. La figura reconoce formalmente un modelo ampliamente utilizado por el sector fintech, en el que empresas ofrecen billeteras digitales o cuentas de pago integradas dentro de sus plataformas mediante acuerdos con un PSP registrado. Hasta ahora, estas operaciones no tenían un encuadre normativo específico.
Con la nueva regulación, el BCRA establece un marco formal para ese esquema de negocios. La normativa obliga al PSP que ofrece cuentas de pago a registrar ante el regulador a todos los terceros para los cuales presta servicios y obtener autorización previa del Banco Central para incorporarlos.
Entre la información requerida figuran datos societarios, beneficiarios finales, autoridades y descripción de los servicios brindados. Además, los PSPCP que ya operaban bajo este esquema tendrán 10 días hábiles desde el 30 de abril de 2026 para informar la nómina de terceros existentes.
La norma también establece que los clientes del tercero serán considerados clientes del PSPCP. Por lo tanto, el proveedor registrado mantendrá la responsabilidad sobre el cumplimiento regulatorio, incluso cuando la interacción con el usuario se realice a través de plataformas externas.
Eso incluye obligaciones vinculadas con identificación y conocimiento del cliente (KYC), onboarding digital, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, prevención del fraude, seguridad de la información, continuidad operativa y gestión de riesgos tecnológicos.
Más controles y plazos para operar
La comunicación también endurece las condiciones de ingreso y permanencia dentro del sistema. Los PSP deberán presentar documentación más robusta sobre accionistas, directores, administradores y personas con control efectivo.
Entre los nuevos requisitos aparecen antecedentes penales, declaraciones vinculadas a la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP), manifestaciones sobre prevención de lavado de activos y verificaciones en listas restrictivas.
El objetivo del regulador es fortalecer los controles de idoneidad e integridad sobre quienes participan del sistema de pagos. En la misma línea, el BCRA incorporó incompatibilidades para determinados antecedentes penales y sanciones regulatorias dentro de la estructura societaria y de control de los PSP.
Baja para proveedores inactivos
La regulación también introduce mecanismos más claros para remover del registro a proveedores sin actividad efectiva. Con el nuevo esquema, el Banco Central podrá dar de baja a PSP que permanezcan inactivos durante al menos 180 días consecutivos.
Para ello tomará en cuenta indicadores como incumplimientos en los regímenes informativos, ausencia de operaciones reportadas o, en el caso de los PSPCP, falta de transacciones en los reportes de transferencias inmediatas.
En paralelo, y pese al endurecimiento general de los controles, el BCRA extendió de seis a doce meses el plazo para que un PSP recientemente inscripto inicie operaciones. La modificación flexibiliza los tiempos de puesta en marcha en un contexto donde estos modelos requieren desarrollos tecnológicos e integraciones complejas.
Obligaciones ante la UIF
La nueva normativa también obliga a los PSP a designar un Oficial de Cumplimiento titular y suplente ante la UIF e informar esa designación al BCRA. Como sujetos obligados, deberán cumplir con las disposiciones del régimen de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas previstas por la regulación vigente.
Un mercado fintech más institucionalizado
La Comunicación “A” 8432 marca así una nueva etapa de institucionalización para el ecosistema fintech argentino. Para las empresas consolidadas, la regulación implica validar modelos de negocio que ya funcionaban en el mercado, aunque bajo mayores exigencias de compliance. Para los nuevos jugadores, en cambio, supone mayores costos operatorios y documentales.
Con esta medida, el BCRA busca acompañar el crecimiento del sector fintech con reglas más estrictas y mayor supervisión sobre un sistema de pagos que sigue expandiéndose.
