Completadas las medidas macroeconómicas anunciadas por el ministro Luis Caputo y las estructurales que corresponden al DNU del presidente Javier Milei y a la Ley ómnibus enviada al Congreso, ya se está en condiciones de emitir un juicio sobre la factibilidad de las mismas. Para ello deberá tenerse en cuenta, por un lado, los objetivos que el propio gobierno se ha fijado y, por otro, mucho más importante, si el dispositivo diseñado logrará superar la súper crisis por la que pasa el país y ponernos definitivamente en un sendero de desarrollo sustentable.

Un análisis completo de esa factibilidad requiere considerar la repercusión de esas medidas sobre la situación social, la política y la jurídica. Cuando se trata de evaluar políticas económicas, el postulado tan caro a algunos economistas del ceteris paribus: "siendo el resto de las cosas iguales", debe ser dejado de lado para comprender la repercusión de lo económico sobre estas esferas, ya que las mismas actúan como marco y fuerte condicionamiento de las políticas que se instrumenten.

En la diagramación macroeconómica se partió de un concepto restringido y, por ello, equivocado, de las causas de la súper crisis que vive el país, al identificar el déficit fiscal como el factor excluyente, desconociendo la importancia de los factores monetarios, cambiarios y reales que se interrelacionan realimentando y explicando la situación fiscal. Esta interrelación ya se manifiesta y al no haberse previsto políticas que la tengan en cuenta se aleja rápidamente la posibilidad de lograr los objetivos antes señalados, desmejorándose las expectativas y generando una creciente inestabilidad.

Así es que el fuerte ajuste del gasto público y el aumento de impuestos, sumados a la extraordinaria devaluación y al aumento de tarifas y de los precios, en particular, pero no exclusivamente, de los alimentos y de la energía, han deteriorado fuertemente los ingresos populares lo que está provocando una fuerte recesión que impactará negativamente sobre los ingresos fiscales, obligando a más ajustes en un proceso que podría no tener fin, lo que hace imposible que se lo pueda reducir. Al mismo tiempo la falta de resolución al problema de la extraordinaria deuda de cortísimo plazo del Banco Central mantiene bajo presión al crecimiento de los agregados monetarios y la inflación potencial. Por último, la desincronización entre la tasa de interés, la inflación y el aumento del tipo de cambio incentiva la especulación, poniendo en duda la estabilidad cambiaria y el destino del ahorro interno, lo que también afectará la posibilidad de lograr un superávit en el sector externo tal como el que se requiere.

Las medidas estructurales parten también de un concepto erróneo. En efecto siendo que su único objetivo es la desregulación y que ésta se basa en la afirmación, verdadera, por cierto, de que algunas regulaciones son negativas entonces, se llega a una conclusión falsa: que toda desregulación es positiva. Este error en el que incurren tanto el DNU como la Ley ómnibus creará dificultades insalvables para su implementación. Regular o desregular son instrumentos y, como tales, deben pasar por la prueba de su eficiencia medida en términos de si colabora o no en lograr los objetivos de la política: el bienestar del pueblo y la grandeza de la patria o, en otros términos, la maximización del producto nacional con la mejor distribución del ingreso, objetivos que, por lo expresado, no sólo no están garantizados, sino que pueden ser inalcanzables.

Al mismo tiempo, las medidas propuestas en el DNU y en la Ley ómnibus proyectan un país de producción primaria con una extraordinaria concentración: a) de los ingresos, desde el punto de vista sectorial de la industria hacia las actividades primarias y de las empresas nacionales hacia las multinacionales; b) en lo regional, de las provincias hacia la pampa húmeda y hacia algunas zonas mineras; c) en lo social, de los trabajadores pasivos y activos y de los sectores de menores ingresos a los más altos, todo lo que, en conjunto, hace un país no sustentable.

Lo expresado muestra que las medidas y políticas macro y estructurales diseñadas por el Gobierno no tienen posibilidades de éxito y que, de persistir, van directamente al fracaso. El Presidente ha alertado sobre la posibilidad de una catástrofe, pero, en realidad, la catástrofe ya está entre nosotros y es producto de las medidas que el propio Gobierno ha implementado.

Ante ello se impone construir una alternativa ya que el país no puede someterse a un estado de anomia. A esta alternativa habrá que dedicarle lo mejor de nuestros esfuerzos y el aporte de las fuerzas políticas que quieran recuperar al país y evitar su desguace definitivo. A este emprendimiento están llamados no sólo las fuerzas políticas sino también el empresariado, los trabajadores y las distintas fuerzas sociales. Hagámoslo antes que sea tarde.