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El nombre de José Daniel Rojas Medellín, actual ministro de Educación de Colombia, volvió a resonar en los titulares tras una decisión judicial que lo señaló por incumplir un fallo. Un juzgado ordenó tres días de arresto en su contra por no entregar documentos exigidos en un proceso laboral, aunque esa medida fue luego revocada por el Tribunal Superior de Medellín.
Con apenas 37 años, Rojas se convirtió en una de las caras más visibles del gobierno de Gustavo Petro. Su paso por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) lo había situado en la agenda política, pero también en el ojo de la tormenta por disputas internas y denuncias de manejo de información.
La edad y los orígenes de Daniel Rojas
Nacido en Bogotá el 14 de noviembre de 1987, Rojas creció en la localidad de Puente Aranda. Es hijo de un conductor contratado y de una ama de casa. Su perfil lo muestra como un economista formado en la Universidad Santo Tomás y con estudios de maestría en la Universidad Nacional de Colombia, aunque su tesis fue reprobada en 2025 por debilidades teóricas.
A sus 37 años, es uno de los ministros más jóvenes del gabinete. Su trayectoria política comenzó en movimientos sociales cercanos al Polo Democrático y luego al Pacto Histórico, lo que consolidó la cercanía con el hoy presidente Gustavo Petro.
Carrera política y llegada al Ministerio
Antes de asumir como ministro de Educación en julio de 2024, en reemplazo de Aurora Vergara, Rojas se desempeñó como director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar bienes confiscados al narcotráfico y al crimen organizado. Su gestión en esa oficina estuvo marcada por cambios en la dirección, disputas internas y denuncias de acoso laboral.
Su llegada al ministerio se interpretó como un gesto de confianza del presidente Petro, que lo ubicó al frente de una de las carteras más sensibles: la educación, con retos relacionados con el presupuesto universitario, la digitalización y la infraestructura en zonas rurales.
El proceso judicial que lo puso en la mira
El 3 de octubre de 2025, un juzgado laboral de Medellín le impuso tres días de arresto y una multa de dos salarios mínimos por desacato a un fallo que exigía entregar información a la Gobernación de Antioquia. La disputa estaba vinculada a una deuda de 3800 millones de pesos en cesantías de profesores de la Universidad de Antioquia.
Aunque la medida fue revocada poco después por el Tribunal Superior de Medellín, el episodio dejó a Rojas en el centro de un debate público sobre su rol en el cumplimiento de las decisiones judiciales y la tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial.
