En esta noticia
- Cómo ocurrió el secuestro de los militares en Río Claro
- El papel de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia en la liberación
- Rechazo del Gobierno al secuestro de los soldados
- Comunicado del Ejército tras la liberación en Chocó
- Asonadas contra el Ejército: una problemática recurrente en Colombia
- Estrategias del Ministerio de Defensa frente a estos ataques
Sobre las 11 de la noche de este lunes se concretó la liberación de los 18 militares que habían sido secuestrados en el resguardo indígena La Puria, ubicado en Río Claro, departamento del Chocó.
La labor humanitaria fue posible gracias a la mediación de la Iglesia y la Defensoría del Pueblo, que lograron un acuerdo con la comunidad para permitir el regreso de los uniformados.
De acuerdo con la Defensoría, los soldados se dirigían rumbo a Quibdó y se encontraban en buenas condiciones de salud tras permanecer retenidos durante aproximadamente 36 horas.
Cómo ocurrió el secuestro de los militares en Río Claro
Según informaron las autoridades, los hechos se produjeron cuando los militares adelantaban una misión orientada a proteger a la población civil y a atender alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre el accionar del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona.
Durante el operativo, los uniformados fueron interceptados por una asonada de más de 200 personas pertenecientes al resguardo indígena La Puria. Las autoridades señalaron que la retención se habría producido por amenazas del ELN contra la comunidad, que habría sido presionada para frenar el avance de las tropas.
El papel de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia en la liberación
La Defensoría del Pueblo confirmó que acompañó el proceso de diálogo junto con representantes de la Iglesia, con el objetivo de garantizar una salida humanitaria y evitar una escalada de violencia en la región.
“Los uniformados van rumbo a Quibdó y se encuentran en buenas condiciones de salud”, informó la entidad tras confirmarse la liberación, destacando la importancia de la mediación para proteger tanto a los militares como a la población civil.
Rechazo del Gobierno al secuestro de los soldados
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó de manera contundente lo ocurrido y aseguró que “no existe territorio vedado para la Fuerza Pública”. Además, advirtió que el secuestro de militares y los ataques contra las tropas que combaten a los grupos armados ilegales constituyen violaciones al derecho internacional humanitario.
“El cierre de las puertas a la Fuerza Pública abre paso a la ilegalidad. La paz no se construye secuestrando soldados ni debilitando al Estado”, afirmó el ministro al referirse a los hechos registrados en Chocó.
Comunicado del Ejército tras la liberación en Chocó
El Ejército Nacional confirmó oficialmente la liberación de los 18 uniformados pertenecientes a la Brigada 15, quienes permanecieron retenidos por la comunidad indígena del resguardo La Puria, del pueblo Emberá Katío, mientras desarrollaban operaciones contra el GAO ELN.
En un comunicado, la institución reafirmó su compromiso con el respeto a la vida, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y aseguró que continuará trabajando de manera articulada por la seguridad y el bienestar de sus hombres.
Asonadas contra el Ejército: una problemática recurrente en Colombia
En lo que va del año, las autoridades han reportado al menos 36 asonadas contra el Ejército en diferentes regiones del país, principalmente en departamentos como Cauca, Huila, Nariño y Chocó. Estos hechos han incluido obstrucciones a operaciones militares, amenazas directas a las tropas y retenciones temporales de uniformados.
Las autoridades advierten que estos episodios se enmarcan en una crisis de seguridad más amplia, donde la influencia de grupos armados ilegales ha generado confrontaciones entre comunidades y la Fuerza Pública.
Estrategias del Ministerio de Defensa frente a estos ataques
Ante el aumento de estos casos, el Ministerio de Defensa analiza experiencias y estrategias internacionales para enfrentar las asonadas y proteger tanto a los uniformados como a los civiles. El objetivo es evitar que este tipo de movilizaciones deriven en hechos violentos que obstaculicen la labor constitucional de las fuerzas del orden en el territorio.
