Fuente: EFE / Canva
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Florida acaba de inaugurar un centro de detención masivo en los Everglades, apodado por las propias autoridades como "Alligator Alcatraz", para alojar hasta 5000 migrantes antes de su deportación.
Construido en un antiguo aeródromo militar, el complejo está formado por tiendas, remolques, cámaras de vigilancia y alambre de púas, todo rodeado de fauna salvaje como caimanes y pitones.
La medida forma parte de la estrategia de Ron DeSantis y Donald Trump para endurecer la política migratoria en EE.UU. Durante una visita al sitio, el presidente lo elogió como "moderno y eficiente", e indicó con que enseñarán a los migrantes a correr en zigzag si se escapan de los caimanes.
La escena, transmitida en directo por medios estadounidenses, encendió las alarmas entre activistas y defensores de derechos humanos.
Cárcel en medio del pantano: cómo es "Alligator Alcatraz"
La instalación fue levantada en solo ocho días sobre una pista de aterrizaje abandonada. Está equipada con 28.000 pies de alambre de púas, vigilancia 24/7 y cientos de guardias.
Según el fiscal general de Florida, James Uthmeier, el lugar fue elegido por su "perímetro natural de seguridad": calor extremo, terreno inhóspito y la presencia de animales salvajes, que disuadirían cualquier intento de fuga.
La cárcel está diseñada como un centro de paso para deportaciones rápidas. Los detenidos permanecerían allí entre 24 y 48 horas antes de ser expulsados del país. A pesar de eso, no existen garantías legales claras sobre condiciones de detención, acceso a representación legal ni protección para menores o personas vulnerables.
Rechazo de ecologistas, tribus originarias y activistas
El proyecto ha sido duramente cuestionado por organizaciones ambientalistas como Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity, que denuncian la falta total de evaluación ambiental previa.
El uso intensivo del suelo, la contaminación lumínica y acústica y el impacto sobre especies en peligro convierten al centro en una amenaza para un ecosistema ya frágil.
También han protestado las tribus originarias Miccosukee y Seminole, que consideran que se está violando territorio ancestral sin consulta previa.
Junto con ONG de derechos civiles, han iniciado demandas judiciales por considerar que el centro representa un caso extremo de criminalización del migrante y una puesta en escena cruel con fines electorales.
Un modelo con ambiciones nacionales
El centro, que costará USD 450 millones anuales, se financia con fondos federales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y FEMA.
La administración de Florida ya proyecta replicar el modelo en Camp Blanding, en el norte del estado, y Trump ha sugerido que se convierta en estándar nacional si gana las elecciones.
Mientras tanto, crecen las denuncias internacionales. Amnistía Internacional advirtió que Alligator Alcatraz viola múltiples normas sobre detención migratoria.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que evaluará la legalidad de la instalación y su eventual impacto sobre niños y solicitantes de asilo.
