Un conjunto de agrupaciones y organizaciones políticas, sociales y sindicales, estamos abriendo el debate en torno a una nueva constitución emancipadora. El proceso político abierto el 25 de mayo de 2003 requiere de un plexo jurídico que de cuenta de las transformaciones producidas. Cada proyecto nacional requiere un régimen constitucional que lo exprese, que consolide los derechos conquistados y a la vez proyecte el país en que quiere vivir. El marco jurídico actual (la reforma constitucional de 1994) está basado en los lineamientos del consenso de Washington, la idea del mercado como el agente de resolución de todos los conflictos sociales y la restricción del Estado en su intervención política y económica.
Planteamos hacerlo desde el constitucionalismo popular tal como se desarrollaron las experiencias de los países de Nuestra América que reformaron su constitución. Este constitucionalismo popular es continuidad del constitucionalismo social que reconoce derechos colectivos, pues lo que plantea es la participación del pueblo como constituyente, profundizando la democracia. Apuntamos a un proceso en el que el pueblo sea el constituyente que discute su propia Constitución, y no el fruto de la voluntad de cuatro juristas teóricos.
No venimos a proponer un texto que pretenda incluir todas las aspiraciones. Venimos a plantear la discusión sobre la necesidad de una nueva constitución para un nuevo Estado
Desde 2003, Argentina vive un tiempo histórico diferente al de los años anteriores donde el neoliberalismo fue quien impuso su proyecto de país desde el inicio de la dictadura genocida de 1976. Hoy todos los argentinos y argentinas hemos construido un tiempo de crecimiento económico con inclusión social.
El trayecto recorrido justifica el proyecto a desplegar. Lo hecho es condición de viabilidad. Un nuevo texto constitucional es el nuevo marco necesario para construir una patria más libre y más igualitaria para todos y todas.