Cristóbal López y Sociedad Comercial del Plata (SCP) reflotaron el acuerdo para que el grupo creado por Santiago Soldati le venda el 50% del Casino de Tigre al empresario patagónico y figura principal en el negocio del juego de la Argentina.
Es que a pesar de haber firmado un acuerdo el año pasado por $ 108 millones, el desembarco del dueño del Grupo Indalo en Trilenium quedó congelado luego de que la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dictó, el 16 de julio, un fallo frenando la operación. Si bien la decisión judicial remite a una compleja madeja de causas vinculadas a SCP y no a Cristóbal López, para poder mantener el vínculo debieron rubricar otro contrato. Allí se acordó prorrogar la oferta de compra de la casa de juegos ubicada en la localidad bonaerense de Tigre hasta el 1 de abril de 2016. Así figura en un documento enviado ayer por la empresa también dueña del Parque de la Costa a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En el informe se aclara que el pacto también está sujeto a que se obtengan "las autorizaciones pertinentes, manteniéndose las mismas condiciones pactadas originalmente". Es decir, por el 50% de Trilenium, Cristóbal López deberá abonar $ 108,7 millones equivalentes a un valor establecido en 10,3 millones de títulos Bonar X (AA17). "El resultado que generaría la concreción de la venta pendiente de autorización ascendería a una ganancia de $ 103,4 millones, según la cotización de los bonos al 30 de junio pasado", agrega la nota de Comercial del Plata.
El fallo vinculó la operación con la quiebra de SCP, remitiendo a los años en los cuales la empresa tenía todos sus bienes inhibidos por el concurso preventivo. Uno de sus acreedores era el Banco Provincia, que en los años 90 financió proyectos de grandes grupos, la mayoría del cuales no devolvió el dinero. Para recuperar esos créditos, en 2008 el Congreso bonaerense creó el Fideicomiso de Recuperación Crediticia para una cartera de 25.000 deudores y $ 1800 millones de pesos.
Cuando SCP firmó el acuerdo con Cristóbal López, la fiscalía de Estado bonaerense, en representación de este fideicomiso, se opuso por entender que la empresa no se había esforzado para levantar la inhibición de sus bienes. Según el fallo, para garantizar obligaciones asumidas por el Tren de la Costa, SCP suscribió dos confort letters donde se comprometía a ser fiadora y codeudora solidaria en el caso de que esa sociedad no cumpliera con ciertas obligaciones y requisitos sobre dos créditos de u$s 20 millones y u$s 40 millones.
Según la apelación, SCP no cumplió y por lo tanto debían activarse los compromisos. La Sala D recordó que una anterior integración de su cuerpo había resuelto que lo prometido por SCP se había tornado exigible porque el Bapro había cumplido con el primer requerimiento mencionado en los dos confort letters. "Esta decisión confundió las cosas, pues declaró operativa la fianza con base en incumplimientos imputables al Tren de la Costa, que no tenían que ver con los de SCP". La decisión quedó firme porque no se apeló. Para la Sala D no se puede cambiar un fallo anterior, ya que es cosa juzgada. También sostiene que si bien SCP entendía que la venta de sus acciones en Trilenium no requería de autorización, "si se pretende levantar la inhibición de los bienes, esa situación le impone brindar explicaciones y justificar su pedido". Determina que la venta debe ser autorizada y que para para eso SCP debe explicar las razones de la desinversión y la conveniencia para los acreedores. También que la Justicia debe verificar "que el negocio exhiba conveniencia para la continuidad de las actividades de SCP, y que resguarde los intereses del acreedor". Y explicar el destino de los fondos y determinar si el precio es el valor real de esos títulos.
