Estatismo: el otro viento de cola que acompaña a los Kirchner

Según un estudio de Ipsos Mora y Araujo, la mayoría de los argentinos ve con buenos ojos el creciente intervencionismo estatal en la economía local. Por caso, un 85% cree que las empresas de servicios públicos deberían ser controladas por el Estado y un 84%, que las compañías petroleras también deberían estar bajo esta órbita. Eso explica el apoyo general a medidas polémicas como la expropiación de YPF y la estatización de las AFJP. Los riesgos de otorgarle un cheque en blanco a la avanzada K.

En estos días marcados por la competencia olímpica, el intervencionismo bien podría contarse entre los deportes nacionales en la Argentina. Las posibilidades de llevarse una medalla son altas, ya que a priori el país ocupa el 5to lugar en el índice de riesgo de intervención que elabora la consultora Ipsos a nivel global. Y simpatizantes no le faltaría a la flamante disciplina: una amplia mayoría de la opinión pública en la Argentina apoya el avance del Estado sobre la economía en general y sobre las empresas en particular.
Al menos así lo refleja un estudio de la investigadora de mercado Ipsos-Mora y Araujo, al que El Cronista WE accedió en exclusiva. Los resultados de la encuesta son contundentes y explican el apoyo con el que contó la presidenta Cristina Kirchner al tomar decisiones polémicas como la expropiación de YPF, el traspaso de los fondos de las AFJP a la ANSES o la regulación del mercado cambiario, por nombrar algunas de las medidas que acrecentaron la participación del Estado en la economía. "No es que el gobierno nacional decide unilateralmente entablar una relación conflictiva con el mundo económico. Sino que lo hace porque hay un clima de época que se lo permite. Hoy la gente considera que la mayoría de las cosas deberían ser estatales y no privadas", analiza el sociólogo Luis Costa, director de Ipsos-Mora y Araujo.
Al ser consultados sobre si determinadas compañías deberían ser estatales o privadas, un 85% de los entrevistados respondió que las empresas de servicios púbicos (agua, gas y electricidad, son los ejemplos que se leen en la encuesta) deberían ser controladas por el Estado. En tanto un 84% también sostuvo que las empresas petroleras deberían estar bajo la órbita estatal y un 75% opinó en la misma línea sobre el sistema de transporte. El guarismo más sorprendente puede ser el siguiente: un 53% consideró que las empresas productoras de alimentos de consumo masivo (como galletitas y mermeladas) también tendrían que ser propiedad del Estado.
"Se trata de empresas que no han logrado construir una buena reputación frente a la opinión pública y hoy son un blanco de ataque fácil para la política. La excepción son las telefónicas, que a través del surgimiento de la telefonía celular y de los servicios de Internet, han logrado diferenciar su perfil respecto a lo que era Entel, por ejemplo", agrega el sociólogo.
La encuesta, realizada sobre una muestra de 1000 casos a nivel nacional a fines de mayo, también es lapidaria sobre la confianza en la palabra de los líderes empresarios en la Argentina. Sólo un 11% del total sostuvo que los CEO de las grandes compañías "dicen la verdad cuando hacen aseveraciones sobre sus empresas y sectores".
El caso de la expropiación de las acciones de YPF que tenía Repsol a mediados de abril fue uno de los más evidentes en cuanto a la preferencia de la opinión pública por el rol regulador del Estado. Según el estudio, un 79% se mostró a favor y sólo un 11% se opuso. Los que estuvieron de acuerdo pusieron como razones que YPF siempre fue argentina y que había que recuperarla", que un país "tiene que administrar sus propios recursos" y que la principal petrolera "nunca debió haber sido vendida" en un principio.
Al respecto, Costa sostiene: "Las acciones que hace el gobierno frente al mundo de la economía las hace porque está legitimado desde el punto de vista de la opinión pública. Las cosas no pasan porque a la Presidenta se le ocurren de la nada, sino porque está frente a una sociedad que le reclama mayor presencia del Estado y más regulación económica". Y agrega: "Aunque quedarse con YPF o con la ANSES parezcan decisiones muy audaces y polémicas, son medidas de bajo riesgo en cuanto a la opinión pública, porque es previsible que a la gente le caiga bien".
Respecto al rol beligerante del kirchnerismo frente a determinados sectores económicos, se les preguntó a los entrevistados porqué creían que el Gobierno entra en conflicto con las empresas. Un 28% remarcó que lo hace para "defender los intereses de los argentinos" y un 27% interpretó que se trata "de una estrategia para sumar poder". Sin embargo, la mayoría, un 45% del total, optó por una combinación de ambas respuestas, dependiendo de cada caso en particular.
En tanto, en la comparación con el mundo, la Argentina aparece como uno de los países más intervencionistas del globo. El ránking 2011 de Ipsos la ubica solo por detrás de Indonesia, Brasil, Rusia y México entre los países con más riesgo de intervención, a juzgar por la opinión de cada una de las sociedades donde se realizó el estudio.
"El Estado tiene legitimado su rol regulador y acusador frente a las empresas porque a las gente le parece bien. Por lo tanto, es poco probable que haya un rechazo si el Gobierno avanza sobre más empresas", asegura Luis Costa. Y concluye: "El alto nivel de aprobación para que el Estado intervenga, sumado a un 60% de imagen positiva en la gestión de gobierno de Cristina(NdR: para algunas consultoras ese índice cayó al menos al 40%), suponen un escenario de vía libre para mayor intervencionismo". z we