Pasado el susto por las sorprendentes manifestaciones de protesta de junio, la presidenta Dilma Rousseff decidió, en julio, que no cambiaría más ministros, y en cambio modificaría el estilo de gobernar. Los únicos que abandonarían sus cargos a final de año serían los ministros que disputen candidaturas en 2014. Después de algunas reflexiones, la mandataria determinó que dos fallas comprometían su gestión: ausencia de diálogo con los empresarios y con los políticos.

La base de apoyo del gobierno en el Congreso comenzó a frecuentar las varias reuniones que se hicieron en el Palacio do Planalto. Hubo más diálogo en las últimas dos semanas que en los dos años y medio de gobierno de Rousseff. Pero el resultado práctico fue la aprobación, en Diputados, del presupuesto con enmiendas impositivas, contra los intereses del Ejecutivo.

Dilma le pidió al ministro de Economía, Guido Mantega, que mantuviera más contactos con el sector privado. Mantega fue el encargado de escuchar y resolver los problemas que derivan en quejas de los empresarios interesados en participar en las concesiones de rutas y ferrovías. El ministro está cumpliendo esa tarea con dedicación. El presidente del Banco Central, Alexandre Tombini, también está acompañando la evolución de las reglas de las concesiones y cuenta con un escenario bien claro de lo que debe ocurrir.

Las licitaciones comenzarán el 18 de septiembre con las dos rutas más atractivas. Mantega se comprometió a resolver proyectos con problemas en otros dos lotes, que sobreestimaban el tráfico y la tasa de retorno, y no desestimó que el gobierno modifique las obras en trechos que no abren el apetito del inversor privado.

Un primer paso en esa dirección se dio la semana pasada, cuando se excluyeron dos trechos del paquete de concesiones, vinculados a la BR-163 en Mato Grosso por falta de viabilidad económica. Se convirtieron en obras del Programa de Aceleración de Crecimiento (PAC). Para el gobierno, el éxito de las concesiones puede y precisa ser la llama que rescatará la confianza de los empresarios. Por lo cual, la estrategia no comporta fracasos.

Una de las principales demandas de las concesionarias de rutas no fue atendida: la extensión del plazo de cinco años para duplicar todas las rutas licitadas. El plazo pasa a contarse a partir del momento de la firma del contrato, sin tener exacta noción de cómo evolucionará el proceso para otorgar las licencias ambientales. Eso no fue resignado por el gobierno.

De acuerdo a la evaluación oficial, en el sector de ferrocarriles el armado es incipiente. Existe el riesgo Valec, que abre dudas sobre el cumplimiento de la promesa de que la estatal comprará el 100% de la carga, considerando que los plazos de esas concesiones son de 35 años.