Herramientas de control de gastos, más transparencia en los organismos públicos y avances en el sistema político son áreas en las que Brasil mostró algún tipo de desarrollo en los últimos años, ayudando en el combate a la corrupción.
Por otro lado, otra cara de la lucha contra la corrupción depende de un cambio en los ciudadanos que, en el día a día, incorporaron como normales actitudes de transgresoras, como no respetar su lugar en una fila o estacionar en las veredas.
Estos y otros debates marcaron el seminario internacional El Impacto de la Corrupción sobre el Desarrollo, organizado esta semana por Valor y el instituto ETCO.
Con experiencia en el estudio de programas para reducir los índices de corrupción en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el director de gestión pública y desarrollo de la entidad, Rolf Alter, cree que es necesario cambiar la actitud de la justicia frente a los casos de corrupción y en relación a las responsabilidades de los involucrados en un acto ilícito.
Aprendimos que no es suficiente contar con un único instrumento de coacción para lidiar con la corrupción una vez que ocurre. En lugar de pelear para castigar el hecho de corrupción, tenemos que actuar para prevenir que suceda. Esa es la noción que tenemos que infundir a los gobernantes, dijo.
Para el Banco Mundial, un camino para frenar la corrupción es que el poder público mejore el acceso a datos y la transparencia. Otaviano Canuto, vicepresidente del banco, considera que la sociedad civil tiene que exigir prácticas de mejor gestión para aumentar el control sobre los actores públicos.
Canuto destacó que un estudio de la entidad realizado entre 2005 y 2008 mostró avances de algunos países y retrocesos de otros en relación al combate a la corrupción. Disminuyó lo que se denomina corrupción menor, como propinas, regalos y otros artificios otorgados por la iniciativa privada para acelerar la toma de decisión de parte de un ente público.
Por otro lado, aumentó en la misma muestra de países la corrupción vinculada a las compras públicas, que lidia con una cantidad más voluminosa de dinero y está más centralizada. Los casos exitosos tuvieron lugar en los países que hicieron una reforma específica y pragmática, hicieron un seguimiento para evaluar el desempeño público y crearon capacidad de gestión pública local, dijo Canuto.
Ese tipo de control a partir de la mayor divulgación de datos está avanzando en Brasil desde el inicio de la década pasada, según el ministro jefe de la Procuración General del Estado (CGU, sigla en portugués), Jorge Hage Sobrinho. El portal de transparencia, de la Procuraduría, recibió 285.000 visitas a lo largo de 2005. En 2012, hasta junio, el sitio había registrado 2,8 millones de accesos, con el impulso de la Ley de Acceso a la Información, en vigor desde mayo.
Antes el portal lo usaba un público específico, como el investigador, el periodista y el empleado público. Ahora, lo está utilizando el ciudadano brasileño, señaló el ministro.
Los datos y la mayor cantidad de denuncias de parte de la prensa, de la Policía Federal y del ministerio Público Federal en los últimos años mostraron que el país está detectando, reconociendo y divulgando más casos de corrupción, según Hage Sobrinho.
Sin embargo, se necesitan alteraciones radicales en la legislación procesual brasileña para que la corrupción y la improbidad se castiguen efectivamente. Si se aprueba la Propuesta de Enmienda Presupuestaria (PEC) 15, que retira los efectos suspensivos de los recursos contra casos sospechosos, daremos un gigantesco salto, afirmó.
Ex ministra del Supremo Tribunal Federal, Ellen Gracie Northfleet, observó que a pesar de los avances, existe una cultura en relación a la corrupción que precisa cambiarse. Nos indignamos, pero nos quedamos de brazos cruzados. Muchas veces atacamos a las instituciones sin comprobar lo que se dice. Me preocupa las denuncias irresponsables, aseguró.
