Los dos candidatos a la presidencia de Brasil que disputarán el segundo turno el 26 de octubre no tienen la misma opinión ni siquiera a la hora de hace un diagnóstico de los males que aquejan a la economía del país.

Para la candidata a la reelección, la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), el problema principal que frenó el crecimiento brasileño, llevando el país a la recesión, fue la fragilidad económica de las naciones ricas. Declaró que el gobierno no precisará promover un ajuste fiscal "profundo" y considera que el país está listo para un nuevo ciclo de desarrollo.

Aécio Neves, el candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), al contrario, cree que el país está condenado a una crisis fiscal, sin posibilidad de avanzar hacia una mejora de los indicadores económicos y sociales, a mediano plazo, si no se hace nada en lo inmediato.

Neves sugiere un ajuste de las cuentas públicas en los próximos dos o tres años, de forma gradual, para que el Estado recupere la capacidad de producir superávits primarios de 3% del Producto Bruto Interno (PBI), como indicó Arminio Fraga, que se convertirá en su ministro de Economía en caso de una victoria en la segunda vuelta.

La primera medida sería conocer la realidad de las cuentas públicas, porque se sospecha que la actual administración postergó cerca de R$ 100.000 millones en pagos de subsidios. Según Fraga, esos gastos se contabilizarán de manera transparente. Otra idea que consta en el programa económico del partido de Neves es limitar el crecimiento del gasto a la variación del PBI, no por ley sino en la administración de esos recursos.

Asesores vinculados al PT, al contrario de Dilma, consideran grave la situación fiscal y advierten que la trayectoria de crecimiento de la deuda líquida como proporción del PBI, si nada se hace, llevará a Brasil a una crisis fiscal con desdoblamientos nefastos: aumento de la ya elevada tasa de interés, desvalorización de la moneda y más inflación. Entre enero y agosto, la deuda líquida subió dos puntos porcentuales como proporción del PBI, proceso que en caso de no estancarse derivará en una "espiral negativa", según una fuente.

Algunas medidas pueden ayudar a atenuar la situación de las cuentas públicas que registraron un gran deterioro de 2012 para acá, como el fin del control de los precios de los combustibles, aunque no son suficientes. Economistas que respaldan al gobierno como opositores defienden la adopción de un programa fiscal plurianual. Sería una forma de señalizar a los agentes económicos que habrá un paulatino retorno a superávits suficientes para estabilizar la relación deuda pública/PBI y volver a tener un escenario donde no exista el mínimo riesgo de solvencia del país en el futuro.

Otro desafío que deberá enfrentar el próximo presidente es qué hacer con las dos decenas de políticas industriales sectoriales actualmente en vigor, que no tuvieron efecto, con la industria en proceso de contracción desde hace un largo tiempo. Sin hablar sobre la tasa de inversión que defina, la caída de la productividad de la economía, la urgencia de una reforma tributaria, entre otros temas.

Si para Dilma el país está cerca de un nuevo ciclo de crecimiento, para la oposición se está ahogando en la pérdida de dinamismo, requiere reformas y el regreso al trípode macroeconómico.

Quien gane en el segundo turno tendrá que comenzar a gobernar antes de colocarse la banda presidencial. Hasta diciembre, se necesitará definir cuál será el reajuste de la nafta, y si habrá algún mecanismo más automático de corrección de los precios de los combustibles.