Concluidas las elecciones municipales, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff se dedicará a poner en marcha un conjunto de reformas para su aprobación por el Congreso, en un movimiento denominado por sus asesores como agenda de la reelección.
En ese paquete hay tres temas urgentes, como la aprobación del nuevo régimen de distribución de los royalties de petróleo -necesario ahora que el gobierno autorizó para 2013 nuevas rondas de subastas de bloques exploratorios-, y delicados, como la modificación del factor previsional por el cambio de la edad mínima para la jubilación en el Régimen General de Previsión Social (RGPS).
En el área laboral, hay dos medidas: un proyecto de ley para reglamentar las huelgas de los empleados públicos y la flexibilización de las negociaciones sindicales, abriendo espacios legales para lo que se negocie dentro de las fábricas.
En la parte tributaria, el gobierno trabaja para preparar y luego negociar dos reformas importantes: la del impuesto PIS/Cofins y la del Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS).
La aprobación de la ley de royalties llegará con un aumento en los precios de los combustibles en 2013, para que Petrobras tenga los recursos que necesita para invertir.
Con excepción de la votación de este proyecto, que se tramita en el Congreso desde 2009, las demás medidas se enviarán al Legislativo entre finales de este ejercicio y comienzos del próximo.
En torno de estos temas, la presidenta pretende construir una coalición político-partidaria que sustentará su candidatura a la relección en 2014, según asesores próximos.
El primer paso en ese entendimiento comenzará a darse durante las conversaciones con los partidos aliados, para tratar acerca de la reforma ministerial que acomodará las fuerzas políticas tras los resultados de las elecciones municipales.
El factor previsional, responsable este año por una economía de R$ 10.000 millones en las cuentas de la seguridad social, tiene sus días contados. El plenario de la Cámara de Diputados no lo derribó solo porque el gobierno se comprometió a enviar, después de los comicios, una propuesta para sustituirlo que preverá terminar con la jubilación por tiempo de contribución. De acuerdo a ella, quienes están en el mercado de trabajo tendrán el derecho de jubilarse cuando la suma del tiempo de contribución y de la edad alcance a 85 años para las mujeres y 95 para los hombres.
El gobierno garantiza que en esa área las cosas se harán de forma progresiva, preservando derechos adquiridos y con reglas de transición.
Junto con esa discusión, el ministerio de Previsión Social impondrá, también, reglas más restrictas para las pensiones por fallecimiento, cuya cuenta llegó a exorbitantes R$ 100.000 millones el año pasado, o 2,8% del Producto Bruto Interno (PBI). Según datos de la OCDE, en los países desarrollados el promedio de ese gasto se sitúa entre 0,8% y 1% del PBI. Aquí, el gobierno quiere limitar el recibimiento de la pensión por muerte de tres a cinco años.
Si consigue promover los cambios en el RGPS y considerando los que se hicieron para los empleados públicos, con la creación de la Fundación de Previsión Complementaria del Servidor Público (Funpresp), el gobierno de Dilma Rousseff habrá completado la reforma de la seguridad social, lo que constituiría el principal legado del primer mandato de la presidenta, según el Palacio do Planalto.
Otra demanda que lleva décadas y que la presidenta está por encaminar es la primacía de las negociaciones entre dueño y empleados acerca de algunas cláusulas de la Consolidación de las Leyes Laborales (CLT), de acuerdo a sus asesores.