Mega proyecto de extracción de oro, frenado por cuestiones ambientales

Uno de los proyectos más importantes de extracción de oro en Brasil corre el riesgo de frenarse por problemas vinculados con las licencias ambientales.

El proyecto billonario de la canadiense Belo Sun, que pretende extraer oro en las márgenes del río Xingu, junto al área donde se construye la central hidroeléctrica de Belo Monte, en Pará, chocó con las evaluaciones negativas de los miembros del Consejo Estadual de Medio Ambiente (Coema).

La aprobación de ese organismo es decisiva para que el emprendimiento consiga su licencia ambiental previa.

Valor tuvo acceso a un documento elaborado por los fiscales Eliane Moreira y Nilton Gurjao das Chagas, como consejeros del Coema. El texto, que se envió a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (Sema), afirma que existen una serie de irregularidades graves en el proceso de licencia del proyecto.

Belo Sun, que pertenece al grupo Forbes&Manhattan, un banco de capital cerrado que desarrollo proyectos de minería, quiere invertir u$s 1.100 millones en la extracción y beneficio de oro en la región.

Según el informe de impacto ambiental de la empresa, la producción prevista es de 4.684 kilos de oro por año, lo que significa una facturación anual superior a R$ 500 millones. Una de las polémicas tiene que ver con que el emprendimiento se ubica a solo 17 kilómetros de la represa de Belo Monte.

Según el oficio de los fiscales, el proyecto ignora la necesidad de estudios del componente indígena y la sinergia que tendrá con la central de Belo Monte.

Los consejeros también señala la incompetencia del organismo ambiental estadual para el licenciamiento ambiental, proceso que, alegan, debería realizar Ibama, el organismo ambiental federal.

Finalmente, afirman que el proceso no respeta la norma de derechos humanos prevista en la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con respecto al derecho a consulta previa a los pueblos indígenas. No nos espanta la poca atención del equipo técnico (de la Sema) con el tema indígena, sobre todo cuando se observa que no hay entre sus técnicos ningún antropólogo. Eso muestra los límites del organismo ambiental estadual para el análisis del presente proyecto, dijeron los fiscales.

En una entrevista con Valor, Moreira dijo que pidió vistas del proceso para investigar otras irregularidades. El oficio enviado a la Sema sirve como alerta para los empleados públicos de la secretaría que elaboraron el parecer técnico favorable al emprendimiento.

No se trata de estar en contra o a favor de determinado proyecto. El tema esencial es que no se puede dar una licencia a un proceso irregular. Se trata de irregularidades graves y obvias. Quien lo apruebe, tendrá que tomarse la responsabilidad por hacerlo, señaló Moreira.

La posición de los fiscales no refleja la opinión del Coema. Otros miembros del consejo votarán sobre el tema.

La Fiscalía Federal abrió el miércoles una acción judicial en Altamira (Pará), pidiendo la suspensión inmediata del otorgamiento de la licencia. La Fundación Nacional del Indio (Funai) emitió un término de referencia en diciembre del año pasado para que Belo Monte hiciera las investigaciones necesarias sobre el impacto a los indígenas, advirtió la Fiscalía. Los estudios no fueron presentados hasta ahora. Para la Fiscalía, los estudios no se realizaron por absoluta negligencia de la Sema, informaron.

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