Contratistas bajo sospecha de corrupción deberán pagar multas por R$ 1.000 millones en Brasil

El caso de corrupción de la llamada "Operación Lava - Jato" en Petrobras obligará a las empresas sospechadas a realizar pagos millonarios a la justicia para evitar penas mayores

Los acuerdos de delación premiada (arrepentidos) e indulgencia en la negociación en torno a la Operación Lava-Jato superarán los R$ 1.000 millones en multas que deberán pagar las contratistas bajo sospecha de haber participado en actividades ilícitas.
Además de desembolsar ese dinero, las compañías tendrán que confesar su participación en irregularidades y colaborar de manera efectiva con las investigaciones.
La estimación de los valores fue hecha por personas que participan directamente de las negociaciones. Abogados de las empresas están cerrando esos acuerdos. Representantes del Ministerio Público Federal, además del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) y de la Procuraduría General del Estado (CGU) firmarán los acuerdos. No se rubricará ninguno si las empresas no pagan lo que corresponde.
Las autoridades decidieron que no firmarán un término único involucrando a todas las empresas citadas en Lava-Jato. Al contrario, están exigiendo que se realice un acuerdo para cada una de las firmas involucradas. Con esa exigencia, las autoridades evitan que se forme un "cártel de delación", una negociación unificada por todas las empresas para entregar pruebas y, a cambio, obtener la reducción de sus penas.
Una vez sumados, los valores de todos los acuerdos serán elevados en razón de los crímenes investigados en la operación, que incluyen pago de sobornos, formación de cártel en licitaciones y corrupción de agentes públicos.
Uno de los principales criterios para calcular la multa a pagar es la facturación de las empresas sospechadas de participar en el esquema, que incluye fraudes en licitaciones de Petrobras, justamente porque esas firmas tienen ingresos muy altos. Tanto la legislación del Cade (ley 12.529) como la nueva Ley Anticorrupción (12.846) prevén multas que varían entre 0,1% y 20% de la facturación de las empresas involucradas en ilícitos y las sospechas en la operación recaen sobre grandes contratistas que están entre las principales realizadoras de obras del país.
Junto con la facturación, hay otros parámetros para la definición de los valores de las multas, como la gravedad de la conducta de las empresas, eventuales montos desviados de los cofres públicos y el grado de participación en cada una de ellas en las irregularidades. Si el papel de una empresa fuera considerado vital para la comisión de un delito, se la convocará a pagar un valor más alto que las demás.
Los empresarios que firmaron los acuerdos obtendrán el derecho de cumplir la pena en regímenes menos graves.

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