Chuck Borges, el ex director de datos de la Administración del Seguro Social (SSA), reportó una filtración de datos de alto alcance que habría afectado a los números de seguridad social de millones de beneficiarios, algo que calificó como un “desastre de seguridad nacional” y que según informó la agencia, ya esta siendo investigado.

Es por eso que el ex funcionario advierte que es altamente posible que haya que cambiar todos los números de seguridad social de Estados Unidos, ya que si la información cae en manos inadecuadas podría desencadenar una serie de fraudes y abusos de por vida.

¿Por qué se filtraron los datos?

Según una denuncia presentada ante la Oficina del Asesor Especial de los Estados Unidos, funcionarios vinculados a DOGE habrían creado una “copia en vivo” de los registros del Seguro Social en un entorno de nube separado, fuera de los controles tradicionales del sistema federal. La presentación fue canalizada a través del Proyecto sobre Supervisión Gubernamental (POGO).

Esto implica que información sensible fue duplicada en servidores distintos a los habituales. Una copia en vivo se actualiza en tiempo real, lo que eleva la preocupación si los mecanismos de auditoría no son equivalentes. Hasta ahora, no hay confirmación oficial de que haya existido una filtración o uso indebido de los datos.

¿Qué tipo de información quedó expuesta?

Según la denuncia, se pueden haber filtrado este tipo de información:

• Números de Seguro Social
• Historiales laborales
• Datos personales identificatorios (nombre, fecha de nacimiento, dirección)
• Registros vinculados a beneficios federales, incluidos pagos por jubilación o discapacidad.

¿Qué significa para el ciudadano común?

Según lo que se sabe por la denuncia, esto no implica automáticamente que su número de Seguro Social haya sido robado, ya que no existe confirmación oficial de una filtración masiva. Sin embargo, si se comprobara que datos sensibles fueron copiados sin los controles adecuados, aumentaría el riesgo potencial de fraude de identidad, apertura de cuentas falsas, solicitudes indebidas de crédito o intentos de estafas dirigidas.

La reacción del gobierno

El gobierno ha dado respuestas públicas contradictorias sobre las acusaciones. Por un lado, la SSA afirmó en cartas a legisladores que su base de datos principal de números de Seguro Social no había sido hackeada, filtrada ni accedida de forma no autorizada, negando la versión más alarmista de la denuncia.

Sin embargo, presentaciones judiciales y documentos relacionados con el caso reconocen que personal técnico accedió a sistemas y datos sin la autorización adecuada y que se compartieron registros personales con servicios externos en violación de las políticas internas, lo que complicó las garantías iniciales de seguridad.

Además, legisladores y grupos de defensa reclamaron investigaciones más profundas que rindan cuentas, mientras expertos recomiendan medidas de protección de identidad para ciudadanos.