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Desde el 1 de julio de 2025, entra en vigencia una nueva ley de tránsito en Virginia que pone en la mira a los padres y tutores de menores de edad que conduzcan sin licencia.
La normativa, que apunta a frenar una problemática creciente en las rutas del estado, prevé penas de cárcel y multas de hasta 2.500 dólares para los propietarios de vehículos que permitan estas infracciones.
Estados Unidos refuerza las normas: conducir sin licencia ya no será una simple infracción
La legislación, que ya genera debate en distintos sectores, tipifica como delito menor de Clase 1 el hecho de permitir que un menor conduzca sin la debida autorización legal. Se trata de la categoría más grave dentro de los delitos menores en Virginia, y conlleva penas de hasta un año de prisión, incluso para quienes no estén presentes al momento de la conducción.
La ley también abarca a aquellos casos en los que se haya otorgado un permiso de aprendizaje, dejando claro que, si el menor infringe otras normas mientras conduce, el adulto responsable también podría ser procesado penalmente.
Responsabilidad compartida: el rol de los padres bajo la lupa
Este nuevo marco legal en Estados Unidos busca trasladar la responsabilidad del manejo en menores a los adultos a cargo. De esta manera, ya no solo se penaliza al conductor, sino también al dueño del vehículo, especialmente si se prueba que fue consciente del uso indebido del automóvil.
El objetivo es claro: reducir los accidentes de tránsito protagonizados por menores, que en los últimos años se han convertido en un problema creciente en las rutas de Virginia y otros estados.
Multas, prisión y antecedentes: qué arriesga un adulto bajo la nueva ley
Con esta normativa, si un menor causa un accidente o simplemente es detectado al volante sin licencia, el propietario del vehículo podría:
Ser acusado de delito menor de Clase 1
Enfrentar hasta 12 meses de prisión
Pagar una multa de hasta $2.500
Incorporar antecedentes penales que podrían complicar su futuro laboral o migratorio
Además, el endurecimiento de la ley se inscribe en un contexto donde cada vez más estados en EE.UU. adoptan políticas estrictas para promover la seguridad vial.
