Uruguay tiene un atraso de 30 mil solicitudes de refugio sin tramitar, luego de haber recibido más de 16 mil pedidos en 2025, una cifra récord para el país, explicó la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi.
El volumen de solicitudes acumuladas refleja una presión creciente sobre la capacidad institucional para procesar los trámites, en un contexto donde Uruguay sigue siendo un destino elegido por los migrantes que buscan regularizar su situación.
Csukasi explicó que el país venía atendiendo estas solicitudes a través de programas vinculados al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que contaban en gran parte con financiamiento de EEUU.
Sin embargo, señaló que “esa cooperación desapareció desde el año pasado”, lo que obligó al gobierno a reestructurar los recursos disponibles para sostener el funcionamiento del sistema.
Por esta razón, el gobierno debió “reubicar fondos para poder mantener el trabajo permanente”, lo que le agrega más complejidad a la gestión de los expedientes pendientes.
La falta de financiamiento externo impacta directamente en los tiempos de respuesta, en un sistema que ya operaba con limitaciones frente al aumento de la demanda, explicó la jerarca.
La responsabilidad del Estado
La vicecanciller explicó que quienes solicitan refugio tienen derechos que deben ser garantizados por el Estado.
“Tenemos un desafío enorme para seguir respondiendo a muchísimas personas que todavía ven en Uruguay una posibilidad de seguir haciendo su vida”, dijo Csukasi.
El elogio de Acnur
En 2024 el gobierno implementó el programa de residencia por arraigo, que permitió regularizar la situación de unos 20 mil migrantes, en su mayoría de origen cubano, que habían ingresado como solicitantes de refugio.
“Esta medida representa un paso muy significativo en la respuesta a la situación legal de más de 20 mil personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado/a que se encuentran actualmente en el país”, señaló Acnur en esa oportunidad en un comunicado.
A pesar de estas medidas, la cantidad de solicitudes pendientes continúa siendo elevado y representa uno de los principales desafíos en materia migratoria.
Las autoridades reconocen la necesidad de fortalecer los mecanismos de tramitación para evitar demoras prolongadas y garantizar condiciones adecuadas para quienes esperan una resolución.
