Senadores de la Coalición Republicana, integrados por legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado, anunciaron en conferencia de prensa que presentarán una denuncia penal contra Alfredo Asti, vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), por presunto abuso de funciones. La iniciativa, informaron, será elevada a la Fiscalía para que investigue si las actuaciones de Asti configuran delitos vinculados al ejercicio indebido de sus funciones.
El motivo de la denuncia es un oficio enviado por Asti al senador colorado Pedro Bordaberry que contenía un interrogatorio orientado a determinar si el director de un ente público había participado en una reunión político-partidaria, situación que, según los denunciantes, lo inhabilitaría para ejercer ese cargo.
Bordaberry declaró en el Senado que la reunión cuestionada fue un asado para celebrar la recuperación del diputado Walter Cervini tras un accidente de tránsito y reprochó con dureza el oficio recibido.
Durante la conferencia, el senador y secretario general del Partido Colorado Andrés Ojeda sostuvo que “varios” legisladores han sido objeto de persecuciones por parte de Asti y aseguró que la Jutep “se ha convertido en una verdadera Gestapo persecutoria”. Ojeda explicó que la denuncia buscará que la Fiscalía determine si hubo uno o varios delitos de abuso de funciones y si corresponde abrir más procedimientos en función de lo investigado.
Los senadores opositores argumentan que el accionar de Asti implica un uso partidizado del poder institucional y que, de confirmarse irregularidades, se estaría vulnerando la imparcialidad que debe regir en un organismo encargado de velar por la ética pública. Por su parte, fuentes del Frente Amplio y allegadas a Asti no formularon declaraciones públicas en la rueda de prensa citada por los denunciantes.
El caso plantea además un debate sobre los límites entre las atribuciones de la Jutep para indagar posibles incompatibilidades y la protección frente a intervenciones que puedan interpretarse como persecución política. La investigación que solicitan los senadores dependerá ahora de la Fiscalía, que deberá evaluar la existencia de elementos suficientes para formalizar una investigación penal.
