Un caso de violencia vicaria estremeció a gran parte de la sociedad uruguaya y disparó una fuerte polémica entre el oficialismo y la oposición por una ley aprobada durante el gobierno anterior que ahora el Frente Amplio y varias organizaciones de la sociedad civil quieren derogar.

Todo comenzó la semana pasada cuando Andrés Morosini, un hombre de 28 años, denunciado por violencia secuestró a sus dos hijos y luego se mató con ellos, al sumergir su automóvil en un caudaloso arroyo en una zona rural.

Este caso sacudió a buena parte de la sociedad que buscó durante día al hombre y sus dos hijos, de 2 y 6 años de edad y reactivó la discusión sobre la ley llamada de Corresponsabilidad en la crianza, conocida popularmente como "ley de tenencia compartida".

La diputada frenteamplista Inés Cortés dijo que el oficialismo busca redactar un proyecto de ley "más marco", que establezca una "protección para las infancias y las adolescencias", y que a su vez incluya la derogación de la ley rechazada, ya que es uno de los objetivos formulados en las Bases Programáticas del Frente Amplio para este período de gobierno.

Cortés explicó que también se pretende lograr el apoyo del Partido Nacional, en cuyas filas ya se aplicó una cerrada defensa a la ley que está vigente, al tiempo que en el gobierno de Yamandú Orsi siguen este debate, por ahora, a la distancia. El oficialismo tiene mayoría en el Senado, pero necesita dos votos en la cámara baja.

Esta ley fue aprobada durante la administración de Luis Lacalle Pou y para ello fueron necesarias intensas negociaciones en la interna de la coalición de gobierno de la época, sobre todo con el entonces sector Ciudadanos del Partido Colorado, que tenía objeciones a este proyecto, al igual que el Frente Amplio, que ahora propone su derogación.

Esta ley posibilitó que los padres denunciados por violencia puedan seguir viendo a sus hijos siempre y cuando los hechos denunciados no "impliquen un riesgo al interés superior del niño o adolescente". La norma también establece como un agravante para el delito de simulación: cuando este se produzca "contra la persona con quien el denunciante tenga hijos en común, y que, a consecuencia de dicha denuncia, la justicia disponga alguna medida cautelar".

"El Frente Amplio está a favor de derogar esta ley y es algo que en su momento discutió la Mesa Política", explicó la diputada Cortés que adelantó que la tarea es obtener "acuerdos más amplios".

La ex diputada del Partido Colorado y actual secretaria del Senado, María Eugenia Roselló, fue una de las legisladoras más críticas con esta ley. Sin embargo, ahora está dispuesta a analizar este tema, pese a que existen muchas familias "que hacen uso de la ley" y que "se aplica muy bien". "Lo que ocurrió ahora fue una excepción", dijo.

La derogación de esta ley es rechazada por sus promotores, en especial del diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, quien recordó que esta norma no surgió por "un grupo de padres" y que es similar a otras leyes que se aplican en varios países desarrollados.

"Los expertos han sido contundentes, y cuando digo expertos me refiero a las academias de psicología, psiquiatría y derecho de familia: para el niño lo mejor es, siempre, mantener la relación con sus dos padres", sostuvo Goñi.

Por su parte, la catedrática de Género y Generaciones de la Universidad CLAEH, Teresa Herrera, calificó a esta norma como "nefasta". La especialista señaló que "no existe el mito donde se apunta que es un buen padre, aunque sea malo con el niño, la niña o la madre".