La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, anunció que el próximo lunes 20 será presentado en forma pública el decreto reglamentario de la ley de muerte digna, junto con el protocolo operativo que deberán seguir todos los prestadores de salud.
La normativa reglamentaria y el protocolo precisan los pasos clínicos y administrativos que deben cumplirse antes de autorizar el procedimiento, en línea con la ley aprobada a multas de 2025. Entre los requisitos establecidos figura la realización de diversas consultas médicas y la exigencia de que el paciente exprese su voluntad de forma consciente tanto al inicio como al cierre del proceso, con el fin de corroborar la decisión.
Lustemberg calificó el decreto y el protocolo como documentos que “reflejan el espíritu de la ley” y destacó su carácter garantista. Asimismo, explicó que el reglamento busca ofrecer claridad y seguridad jurídica para profesionales de la salud, pacientes y familiares sobre los criterios, tiempos y procedimientos que deben cumplir.
El protocolo también regula la objeción de conciencia: los médicos y funcionarios podrán abstenerse de participar en procedimientos que provoquen la muerte del paciente, pero el mecanismo prevé garantías para asegurar que quienes solicitan este derecho tengan acceso efectivo, mediante derivaciones o mecanismos institucionales que eviten la denegación del servicio.
Esta semana, el presidente Yamandú Orsi informó en redes sociales que ya había firmado el decreto reglamentario.
Consultada sobre la demanda esperada, la ministra dijo que el Ministerio ya recibió consultas: “Se han acercado al Ministerio” varias personas y familiares para averiguar cuándo y cómo podrán disponer del procedimiento; “Hay algunas personas que ya están pensando en hacer uso de este derecho”, señaló Lustemberg en rueda de prensa.
La ley de eutanasia habilita la muerte asistida para pacientes en etapa terminal e irreversible o ante dolor crónico e insoportable derivado de una patología avanzada. Con la presentación del decreto y el protocolo, el gobierno busca garantizar un marco operativo que combine el respeto a la autonomía del paciente con salvaguardas médicas y legales para su correcta aplicación.
