La oposición parlamentaria resolvió citar de forma urgente a varias autoridades del Poder Ejecutivo y a la Administración Nacional de Puertos (ANP) por la crisis generada en el puerto de Montevideo a raíz del conflicto entre el sindicato y la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP).
La convocatoria alcanza al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry; y al directorio de la ANP. Los legisladores sostienen que las medidas de paro llevadas adelante por el sindicato de TCP han provocado perjuicios significativos para la operativa portuaria y, por extensión, para el comercio exterior del país.
El senador del Partido Colorado Robert Silva, uno de los convocantes, afirmó que el paro ha afectado gravemente al país: “Si se paraliza el puerto de este país, se paraliza la boca de salida y de entrada”, remarcó, y señaló que las jornadas de huelga implicaron “horas y horas perdidas”. Silva denunció además un “uso y abuso por parte del sindicato, que está condicionando al país entero”.
Durante el fin de semana varios dirigentes de la oposición insistieron en que el gobierno debería declarar la esencialidad del servicio portuario en la terminal de Montevideo para impedir la repetición de paros que dañen el comercio exterior y la imagen internacional del país. La declaración de esencialidad permitiría acotar la posibilidad de huelga en sectores clave, pero requiere una evaluación jurídica y política por parte del Ejecutivo.
La medida de citación busca que las autoridades informen en el Parlamento sobre las acciones que se han tomado y las que se proyectan para garantizar la continuidad operativa del puerto, el abastecimiento logístico y la protección de la actividad comercial. Además, los legisladores esperan conocer el estado de las negociaciones tripartitas previstas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y las medidas preventivas o sancionatorias que se consideren contra eventuales paralizaciones futuras.
Fuentes parlamentarias adelantaron que la sesión de citación solicitará datos concretos sobre pérdidas económicas, impacto en la cadena de suministro, stock de mercadería afectada y planes alternativos de atención de camiones y buques. También se planteará la necesidad de clarificar responsabilidades y de evaluar reformas regulatorias o instrumentos laborales que reduzcan la vulnerabilidad del puerto frente a conflictos sindicales.
El conflicto en la terminal TCP ya había motivado avisos de la empresa sobre la suspensión de atención a camiones en días concretos y la decisión del sindicato de mantener la paralización hasta la realización de una nueva asamblea luego de una reunión tripartita. La situación mantiene en tensión a operadores logísticos, exportadores e importadores, y genera presiones políticas en un escenario donde la continuidad del servicio portuario es clave para la economía nacional.
